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El tema se trató en una mesa de diálogo de la que participaron el interventor del Municipio, Marcelo Córdova, referentes de las carteras de Asuntos Indígenas, Salud y Niñez y Familia y miembros de las comunidades originarias de la zona.
Detectar a niños, niñas y adolescentes con consumos problemáticos de sustancias es el trabajo en el que se comprometieron a seguir avanzando funcionarios las distintas áreas del Poder Ejecutivo involucradas en el tema. El objetivo es abordar caso por caso para restablecer los derechos vulnerados de personas menores de 18 años.
Se acordó que los referentes de comunidades aborígenes tendrán el rol de contactar a operadores de salud cuando tomen conocimiento de que hay chicos o chicas que sufren adicción en los distintos parajes.
José Eduardo Cortez mencionó que, más allá del número de niños, niñas y adolescentes con consumos problemáticos identificados por el sistema de salud, es prioritario trabajar en la prevención de las adicciones.
“Se deben generar espacios donde puedan recrearse, entretenerse, hacer deportes, recibir apoyo escolar y orientación para minimizar los riesgos ”, señaló.
En 2019, luego de que se hicieran públicos casos de consumo de combustible, se creó un centro sociosanitario que trabajaba en la detección temprana de adicciones y en la contención. Durante la reunión de la semana pasada, miembros de distintas comunidades destacaron la labor de ese espacio, que no tuvo continuidad.
Cortez indicó que también se dialogó con los referentes de las comunidades sobre la corresponsabilidad del Estado y las familias frente a las adicciones. “ Se dieron casos en los que fue muy difícil que los chicos tuvieran la contención de la familia para recuperarse. Es fundamental que los padres estén presentes”, manifestó el asesor.
José Eduardo Cortez también destacó que desde las áreas del Ejecutivo encargadas de implementar las políticas públicas de salud y niñez se manifestó el compromiso de trabajar en el seguimiento de la situación. El trabajo conjunto apunta a evitar que se judicialicen casos de personas menores de edad con problemas de consumo cuando llegan a situaciones relacionadas con la violencia o conflictos con la ley penal como resultado de la realidad que están atravesando.
El tema se instaló en la agenda pública recientemente luego de que distintos medios de comunicación dieran a conocer casos de adicción y consumo de combustible en la zona.