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La situación del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) continúa generando movimientos en el ámbito judicial, luego de que la Asociación Civil Protectora, en representación de los más de 270.000 afiliados, interpusiera un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El recurso busca revertir una sentencia de la Corte de Justicia de Salta que rechazó "in limine" una acción de amparo colectivo promovida por la citada Asociación Civil de Defensa del Consumidor, "en defensa de los derechos y garantías de los afiliados, desprotegidos por el propio IPS", según la ONG.
En la demanda original, que presentó en abril último, Protectora solicitó una intervención judicial del IPS —complementaria a la intervención administrativa dispuesta en febrero por el Ejecutivo Provincial— y una auditoría financiera, integral y externa a la obra social.
La asociación civil argumentó que el IPS atraviesa una "grave crisis financiera y administrativa", lo que se manifiesta en "dificultades en la prestación normal de servicios médicos, suspensiones de servicios, la obligación impuesta a afiliados de pagar consultas para luego solicitar reintegros, cobros indebidos (plus) y una reducción en la calidad de la atención". Estos inconvenientes, según la presentación, afectarían directamente derechos constitucionales como el de la salud, la seguridad social, el trato digno y equitativo, y la protección de los intereses económicos de los afiliados.
La Corte de Justicia de Salta había calificado los perjuicios expuestos por Protectora como "meramente conjeturales o hipotéticos" y desestimó el amparo sin sustanciación probatoria.
"Denegación de la tutela judicial efectiva"
Para la entidad inscripta en los registros de asociaciones de defensa del consumidor de la Nación y la Provincia, esa decisión representa "una denegación de la tutela judicial efectiva y del acceso a la justicia de un tercio de la población de la Provincia de Salta", en el entendimiento de que dejaría al vasto colectivo de afiliados en "una situación de total indefensión".
Protectora, que tiene como abogados referentes a Daniel Paganetti y Leonardo de Almeida, recordó que el IPS transita por su "segunda intervención administrativa", lo que, según la asociación, sugiere un "patrón recurrente de problemas estructurales profundos" en la gestión de la obra social provincial.
En un reciente desarrollo procesal, la Corte de Justicia de Salta ordenó dar traslado del Recurso Extraordinario Federal al IPS y al Estado provincial por un plazo de diez días. Ante esto, Protectora presentó un recurso de revocatoria, haciendo notar que, de acuerdo con el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el traslado del recurso extraordinario federal debería realizarse únicamente a las partes interesadas, condición que, según la demandante, ni el IPS ni la Provincia cumplirían frente a la acción colectiva promovida en abril. La asociación planteó que dicha orden solo traería una "dilación innecesaria y evitable", que terminaría siendo "un retardo de justicia" en un amparo que tiene "una medida cautelar pendiente".
Reserva de caso federal
Ante una eventual desestimación de su pedido de revocatoria, Protectora planteó un "caso federal" para insistir ante la Corte Suprema, con base en los artículos 16 y 18 de la Constitución Nacional, alegando una posible violación de principios como el de la igualdad y el debido proceso. La resolución final sobre la admisibilidad del Recurso Extraordinario Federal y las controversias planteadas, recaerán de este modo en el máximo tribunal del país.