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La Cámara de Diputados de Salta aprobó en la sesión de esta semana un proyecto de ley que regula la gestión y disposición de automotores, motovehículos y maquinarias registrables que se encuentren en depósitos públicos. Sin embargo, la discusión estuvo atravesada por una polémica central: el artículo que establece que, transcurridos 180 días desde el depósito sin ser reclamados, los vehículos serán declarados como abandonados y podrán ser subastados, descontaminados o destinados a otros fines.
El diputado Juan Esteban Romero se manifestó en contra y advirtió que el plazo de seis meses es "muy reducido para muchas familias que no tienen ingresos suficientes para pagar multas en tiempo y forma". Según señaló, con este esquema la consecuencia directa es que personas de bajos recursos "terminen perdiendo su vehículo, que muchas veces es la única herramienta de trabajo que poseen".
Romero también planteó dudas sobre el procedimiento de notificación a los infractores: "Si no existe un mecanismo claro y fehaciente de aviso, los ciudadanos pueden encontrarse con que su auto fue subastado sin haber tenido la oportunidad real de defenderse o regularizar la deuda". Además, reclamó que el texto garantice de manera expresa que el excedente obtenido en una subasta se devuelva al ciudadano, para evitar que el Estado se quede con más de lo que corresponde.
En la misma línea, la diputada Sofía Sierra subrayó que la norma debía volver a comisión para un análisis más profundo. Remarcó la necesidad de proteger el derecho de propiedad y citó experiencias de otras provincias donde existen mecanismos para que los dueños puedan hacer valer sus derechos incluso si el vehículo fue dañado o subastado. "Estamos hablando de un bien que pertenece a una persona y que tiene sus garantías. No podemos avanzar sin tener una jurisprudencia clara", sostuvo.
Otros legisladores, como Guillermo Durand Cornejo y Griselda Galleguillos, también se opusieron, coincidiendo en que la medida podría afectar de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables.
Pese a estas objeciones, el proyecto fue aprobado con una amplia mayoría. La iniciativa fue impulsada por los diputados Jorge Restom, Enzo Alabi, Esteban Amat, Gustavo Dantur, Patricia Hucena, Marcelo Paz, Patricio Peñalba, Germán Rallé y Daniel Segura, junto al senador Javier Mónico.
El diputado Jorge Restom defendió la propuesta asegurando que responde a una "problemática social y ambiental crítica", con depósitos colmados de vehículos en desuso que generan focos de contaminación y riesgos sanitarios. Mencionó el ejemplo de Tartagal como antecedente positivo de cómo la gestión de rodados abandonados puede mejorar las condiciones de los depósitos y beneficiar a la comunidad.
Enzo Alabi coincidió en que se trata de una medida necesaria para liberar espacios públicos saturados, tanto en dependencias policiales como en municipales. "No se trata solo de optimizar lugares, sino también de transformar un problema en recursos útiles para los vecinos", señaló.