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Adolfo Sánchez Alegre es salteño y preside la Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina (ADePRA). Ingresó hace dos décadas al Ministerio Público de la Defensa Argentina, y en la provincia de Salta se desempeña como Defensor Oficial Público Penal en el fuero penal juvenil. También es Defensor Público Interamericano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 2022. Es docente universitario de Postgrado en Derechos Humanos, Niñez y Adolescencia.
Conversamos con él en ocasión del 5º Encuentro Internacional de ADePRA que se realizará hoy y mañana en el Club 20 de Febrero, en Salta Capital. El evento abordará temas como neurotecnologías, inteligencia artificial, ciencias forenses y otros, reuniendo a 160 defensores públicos nacionales e internacionales.
¿Se puede decir que los defensores públicos están altamente capacitados?
Absolutamente si. Uno de los principales objetivos de ADePRA es fomentar la capacitación de los defensores públicos porque la función que tenemos es garantizar el acceso a la justicia a los sectores más vulnerables de la comunidad. La defensa pública tiene la responsabilidad de representar a quienes carecen de recursos para afrontar los gastos de un abogado particular. Entonces, nuestra misión es asegurar que las voces de los más vulnerables puedan ser escuchadas en los procesos judiciales y adquieran visibilidad. Es una gran labor la de los defensores públicos argentinos que trabajan muchas veces con recursos limitados y en un grado de desigualdad con los fiscales (acusadores) y con los jueces. Pero la capacitación tiene que ser permanente porque somos el instrumento para que los sectores vulnerables puedan acceder a la justicia. Por eso para nosotros, como la mayor asociación que nuclea los defensores públicos, es tan importante que estemos capacitados a fin darles una buena defensa a las personas que acuden a nosotros.
¿El defensor público solo atiende a carentes de recursos?
En materia penal, la defensa pública actúa independientemente del caudal económico de la persona, vale decir, no se exige ningún requisito para que se le asigne un defensor oficial penal. En la defensa civil, sí hay ciertos requisitos en cuanto al caudal económico. Pero hay un gran porcentaje de las causas que se litigan en la justicia, que tienen defensa pública.
La actuación del defensor es clave en cualquier caso, ¿por qué tienen tan bajo perfil?
Sin defensa no hay justicia. Trabajamos en forma silenciosa, el defensor público no es mediático, no se conocen los nombres de los defensores, como sí se conoce, por ejemplo, el de fiscales o jueces; pero en el proceso es tan importante la figura del juez, del fiscal, como la del defensor. Si no hay una defensa, el proceso es nulo. Son las tres patas de un juicio.
¿Y por qué a veces la gente se lamenta de no poder pagar un abogado que los defienda, teniéndolos a ustedes que son públicos y gratuitos?
Algunas personas tienen una mala concepción de los defensores públicos por desconocimiento. Como somos funcionarios públicos, porque a nuestro sueldo lo paga el Estado, creen que no estamos a la altura de las circunstancias, pero la cantidad de causas que tenemos es impresionante y por ende nuestro entrenamiento en la defensa es altísimo. A mi me gusta poner ejemplos y con todo respeto por los médicos, nosotros somos como el hospital público de la justicia: todas las especialidades de guardia permanente. La experiencia por el volumen de casos que atendemos, nos da una especialización enorme en distintos temas.
Ustedes, los defensores públicos, ¿son una especie de cofradía dentro del sistema judicial?
Risas. Somos muy unidos. Si atacan a un defensor público, todos lo defendemos porque entendemos su trabajo y sabemos a lo que está expuesto. Tuvimos el caso de defensoras que fueron amenazadas, tomadas como rehenes por presos. Es parte de nuestro trabajo y por eso nos apoyamos entre nosotros. Eso se puede entender como una cofradía, tal vez, porque tomamos con tanta pasión a la defensa, que cuando tocan a uno, nos tocan a todos.