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Por décadas, la banda del río Grande de Tarija, como se conoce al extenso borde fronterizo que tiene el selvático flanco occidental del departamento San Martín con Bolivia, brilló por una ausencia casi absoluta del Estado que permitió una abierta violación de soberanía y violentos atropellos al pueblo ava guaraní de General Mosconi.
En una franja de 86 kilómetros intrusos de Bermejo (Tarija) avanzaron en los últimos 30 años con usurpaciones de suelos salteños, en los que desmontaron cerca de 2.500 hectáreas de selva montana y expandieron plantaciones desde las que cruzan a Bolivia unas 150.000 toneladas de caña de azúcar, por zafra, en un contrabando explícito.
En sus intentos por defender el territorio que habitan desde tiempos ancestrales, familias originarias integradas mayoritariamente por niñas y niños no solo fueron aterrorizadas con armas de fuego y corridas con machetes. También les mataron animales, les bloquearon el acceso a recursos de subsistencia y las persiguieron con efectivos navales de Bermejo que desembarcaron en la costa salteña, con la misma impunidad, para amenazarlas con arrestos. No conforme con todos esos atropellos, uno de los cabecillas de las plantaciones ilegales y el gran contrabando, Horacio Cruz, denunció a la cacique Natalí Vásquez y a otros miembros de la comunidad Tape Iguapegui por supuestas turbaciones de una propiedad a la que llamó "Isla Valle Dorado" y de la que dijo ser "dueño" en territorio boliviano. Con todo en Tarija se sustanció desde 2021 una causa penal que el año pasado cayó, porque organismos catastrales y la propia Cancillería del vecino país aclararon con sendos informes que las coordenadas de esa inexistente isla la ubicaban en territorio argentino, y más concretamente en los suelos salteños de El Trementinal.
De todo esto El Tribuno dio amplia cuenta en informes publicados entre septiembre y octubre de 2024, ante los cuales la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, instruyó a fuerzas federales a intervenir en forma inmediata. Ante el despliegue de gendarmes, cañeros bolivianos desaparecieron por un tiempo, pero meses atrás aprovecharon la inaccesibilidad de la zona para retomar sus tropelías.
Hace dos semanas, Gendarmes desplazados desde Tartagal removieron alambradas ilegales, pero tras el operativo, cañeros bermejeños "volvieron a levantarlas" en los suelos salteños de El Trementinal. Con diferencias de días, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) envió a la zona un equipo que se interiorizó de las flagrantes violaciones del territorio y de los derechos que el pueblo aba guaraní de Mosconi tiene consagrados por la Constitución argentina y tratados internacionales.
La semana pasada, la directora nacional de Vigilancia y Control de Fronteras, Virgina Cornejo, estuvo en la zona con altos mandos de Gendarmería y funcionarios de la Dirección de Vialidad de Salta. Recorrieron una ruta provincial que se extiende desde Coronel Cornejo (ruta nacional 34) hacia el área gasífera de Ramos y que se prolonga, desde este bloque de yacimientos -hacia las serranías occidentales- con antiguas picadas hidrocarburíferas. La acción conjunta de la Nación y la Provincia, concretamente, apuntó a evaluar alternativas para aprovechar los caminos existentes y extenderlos hasta la zona de las riberas salteñas de El Trementinal, Churqui, San Telmo, Volcán, Algarrobito, Media Luna, Aujoncito, Baúles, Porcelana, Polvareda y Chuschal. Esa vinculación, un viejo anhelo del pueblo aba guaraní de Mosconi y de titulares del catastros rurales del departamento San Martín que expusieron su voluntad de donar superficies de sus propiedades para una instalación permanente de Gendarmería y romper el aislamiento geográfico que juga del lago de bandas de narcos y grandes contrabandistas, estaría a un paso de hacerse realidad.
De hecho sería uno de los objetivos puntuales de la segunda fase del Plan Guemes que en forma complementaria al despliegue de fuerzas federales tiene contemplado, a través de la Operación Roca, un refuerzo del control fronterizo con unidades militares.
Récord de incautaciones de drogas y detenidos
El primer semestre de 2025 cerró con un nuevo récord en la incautación de cocaína. Fue un 6% más que en 2024, año en el que los volúmenes secuestrados habían sido un 63% mayores que los de 2023. Los datos resaltaron en el informe estadístico que presentó días atrás la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
En drogas sintéticas, las incautaciones realizadas en los primeros seis meses del año fueron un 5% más elevados que los de 2024. Bullrich subrayó que en el caso de la marihuana los volúmenes incautados fueron un 35% más elevados que los del año anterior.
"También hubo un 27% más de detenidos, lo que implica menor nivel de impunidad", indicó la ministra, tras resaltar que entre enero y junio de 2025 se realizaron alrededor de 15.000 procedimientos: un 16% más que los de 2024. Bullrich afirmó que "los resultados reflejan el trabajo articulado entre fuerzas federales, fuerzas provinciales, organismos judiciales y áreas de inteligencia criminal", con operativos que abarcaron tanto a grandes cargamentos como al narcomenudeo.
La ministra señaló que más del 80% de los operativos fueron llevados adelante por fuerzas federales junto a organismos nacionales. Precisó que el Plan Bandera se consolidó en Rosario (Santa Fe) como "herramienta clave" para reducir la violencia vinculada al narcotráfico. Durante el primer semestre de 2025 se realizaron en esa ciudad 1.738 procedimientos con 1.469 detenciones y el secuestro de 1.660 kilos de droga, 55.000 unidades de drogas sintéticas y más de 960.000 kilos de precursores químicos. También se reportó una caída significativa en los indicadores de criminalidad: en 2024 los homicidios dolosos en Rosario se redujeron un 66% respecto de 2023, junto con la baja de tiroteos, amenazas e intimidaciones públicas.
Con respecto al Plan Güemes, concentrado en la frontera de Orán y zonas cercanas, Bullrich informó que entre enero y junio de 2025 se efectuaron 1.193 procedimientos con 464 detenidos y grandes incautaciones de droga.
A su vez, a nivel provincial, la Policía de Salta llevó adelante cerca 6.500 procedimientos antidroga en los que se detuvo a más de 300 personas vinculadas a su comercialización. En el marco del Plan Güemes, hubo intervenciones de la fuerza de seguridad provincial que contribuyeron al decomiso de más de una tonelada y media de droga -en su mayoría cocaína- y a la desarticulación -en cooperación con fuerzas federales- de bandas criminales con vinculaciones nacionales y internacionales, como la que fue desbaratada en enero último con ocho detenciones y el secuestro de 26 kilos de cocaína. En abril, una investigación conjunta con la Justicia Federal de Orán, redundó otro fuerte golpe al narcotráfico, con 126 kilos de cocaína decomisados y nueve detenidos.
Por otra parte, en cerca de 600 procedimientos focalizados en el narcomenudeo fueron detenidas más de 300 personas y se decomisaron -entre cocaína y marihuana- 867 kilos, equivalentes a más de 5 millones de dosis.