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Tras la intervención militar de EEUU para detener y juzgar al dictador Nicolás Maduro y a su mujer, el futuro de Venezuela es incierto. Por lo pronto, es evidente que el gobierno de Donald Trump ha resuelto darle una oportunidad a la estructura chavista para comenzar a reconstruir al país y avanzar hacia la normalización de las instituciones y del poder real. A partir de la muerte de Hugo Chávez, el gobierno de Maduro estuvo siempre deslegitimado por la falta de trasparencia de las elecciones, por la proscripción y encarcelamiento de opositores y por la ausencia de un liderazgo genuino.
Un factor determinante en ese debilitamiento institucional fue la presencia semi encubierta de agentes del gobierno cubano en materia de seguridad y estrategia, y la conformación de un poder compartido ( o dividido) entre el presidente formal y el ministro de Gobierno, Diosdado Cabello, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López y, también, el presidente de la Asamblea nacional, Jorge Rodríguez, hermano, a su vez, de la presidenta en ejercicio desde hace unos días, Delcy Rodríguez.
En los hechos configuraron una dictadura cívico militar, con cientos de miles de militantes armados, impregnados de fanatismo, que se ocuparon de mantener el orden chavista en las calles y fueron un factor decisivo para para que un tercio de los venezolanos dejara el país.
La orden que la flamante presidenta dio para que fueran dejados en libertad todos los presos políticos, muchos de ellos encerrados en las inhumanas celdas del Helicoide, fue acatada con cuentagotas. Los pocos liberados tienen la obligación de no hablar de lo que vivieron en prisión. Y no hay explicación formal para la morosidad en liberar al resto, todos, perseguidos políticos. Dos argentinos, el gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani, fueron víctimas de acusaciones tan arbitrarias como difusas, muestra de la obsesión persecutoria de un régimen que tiene demasiadas irregularidades, complicidades y crímenes que ocultar.
Por eso, parece imposible pensar en una normalización rápida, que lleve a Venezuela a celebrar elecciones transparentes y volver, poco a poco por la senda de la institucionalidad. Cabello, Padrino López y gran parte de la oficialidad, los funcionarios y los militantes armados saben que al dejar el poder deberán enfrentar a la Justicia. Además, los aliados del chavismo, Rusia y Cuba, siguen presionándolos para que no cedan ante Donald Trump.
Con este escenario, la posibilidad de una guerra civil es una amenaza para Venezuela, EE. UU. y todos los países vecinos, y podría traducirse en una verdadera tragedia. Y una intervención masiva de las Fuerzas Armadas estadounidenses podría derivar en un desastre, como ya ocurrió en Vietnam, Libia, Irak y Afganistán.
Trump les exige, por ahora, que se normalice la producción de petróleo con inversiones norteamericanas para evitar que sea vendido a Rusia, China o Cuba. Y lo sostiene con un despliegue a mar abierto que le permitió a la Armada de su país capturar a cinco buques petroleros provenientes de Venezuela, uno de ellos con bandera rusa.
Donald Trump se reunirá en los próximos días con la más genuina líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, probablemente para analizar los próximos pasos.
El presidente republicano es un hombre de negocios para quien la democracia no parece una prioridad. La normalización productiva de Venezuela, el país con la mayor reserva petrolera del planeta, es importante como estrategia para desactivar un grave foco de violencia en el espacio global donde Estados Unidos no va a tolerar la presencia y la influencia de Rusia ni China. Para el mundo, que descree de Trump y de la intervención de un país en otros, el llamado a elecciones libres y transparentes sigue siendo la meta más esperada, aunque, por ahora, parece que habrá que esperar un largo tiempo.