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Tras la reaparición pública de la idea de que Estados Unidos debería quedarse con Groenlandia por razones de seguridad y estrategia global, el escenario en el Ártico volvió a cargarse de tensión. La isla, bajo soberanía del Reino de Dinamarca y con un gobierno autónomo que expresa con claridad la voluntad de su pueblo, quedó otra vez en el centro de una discusión que excede largamente lo diplomático y roza los límites de una concepción imperial que parecía superada por la historia. Para Washington, Groenlandia es una pieza clave en el tablero mundial; para el derecho internacional, es el territorio de una comunidad con derecho a decidir su destino.
Desde el punto de vista estratégico, la ubicación de la isla resulta inmejorable: controla accesos al Atlántico Norte, se proyecta sobre las futuras rutas marítimas que abrirá el deshielo y alberga una de las bases militares más importantes del sistema de defensa estadounidense. A eso se suma la existencia de recursos naturales críticos, como tierras raras y reservas energéticas, fundamentales para la industria tecnológica y armamentística del siglo XXI. Esa combinación convierte a Groenlandia en un objetivo codiciado en la disputa entre Estados Unidos, China y Rusia.
Sin embargo, el interés geopolítico no puede justificar la pretensión de tratar a un territorio como mercancía. Las declaraciones de Donald Trump, primero al intentar "comprar" la isla y luego al insinuar que su control es una cuestión de seguridad nacional, dejaron al descubierto una lógica según la cual el poder militar habilitaría a una potencia a avanzar sobre la soberanía de otros. Esa visión, más cercana al siglo XIX que al XXI, desconoce principios básicos del orden internacional y reaviva fantasmas de dominación que el mundo creía superados.
Groenlandia no es un espacio vacío. Tiene instituciones propias, identidad cultural y una población que, aún debatiendo su relación futura con Dinamarca, rechaza de plano cualquier forma de anexión o tutela extranjera. La respuesta de sus autoridades fue clara: la isla no está en venta y no acepta que su destino sea definido por intereses ajenos. Dinamarca, como Estado soberano, respaldó esa posición y advirtió que ninguna alianza puede sostenerse si uno de sus miembros pretende imponer su voluntad territorial por la fuerza o por presión política.
Pensar en una normalización rápida del escenario ártico resulta difícil mientras persista la lógica de la competencia sin reglas. La militarización creciente, la carrera por los recursos y el control de las rutas polares configuran un cuadro de tensión que involucra a las grandes potencias y que puede proyectar inestabilidad sobre toda la región. En ese contexto, el intento de convertir a Groenlandia en una pieza más del ajedrez estratégico estadounidense no haría más que profundizar la desconfianza y debilitar los equilibrios existentes.
La historia demuestra que cada vez que una potencia creyó que su superioridad armamentística le daba derecho a redibujar mapas, el resultado fue conflicto, resistencia y, finalmente, desgaste. El Ártico, hasta ahora una zona regida por acuerdos y cooperación, corre el riesgo de transformarse en un nuevo escenario de confrontación si se impone la lógica del más fuerte sobre la del derecho.
Estados Unidos tiene intereses estratégicos en esa región, como los tienen Europa, Rusia y China. Pero esos intereses deben canalizarse a través del diálogo, los tratados y el respeto a la soberanía. Convertir la seguridad en excusa para la apropiación sería abrir una puerta peligrosa, no solo para Groenlandia, sino para el sistema internacional en su conjunto.
Para el mundo, que observa con preocupación el retorno de discursos de poder sin límites, el caso de Groenlandia funciona como una señal de alerta. Ninguna nación, por poderosa que sea, puede creerse con derecho a quedarse con territorios estratégicos como si fueran trofeos. La fuerza no compra soberanía, y el siglo XXI no debería aceptar que el mapa global vuelva a escribirse al ritmo de los arsenales.