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El debate por la media sanción del nuevo régimen penal juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para delitos graves, ingresó en una etapa decisiva en el Senado de la Nación. Desde La Libertad Avanza anticipan un acompañamiento mayoritario y defienden la iniciativa como una reforma estructural largamente postergada, impulsada por la presión social y casos de alto impacto que reabrieron la discusión.
En diálogo con El Tribuno, la senadora nacional de LLA María Emilia Orozco confirmó su voto afirmativo y sostuvo que el proyecto no es un “capricho del Gobierno”, sino una respuesta a un reclamo extendido de la sociedad.
“No solamente va a tener mi voto, sino que venimos haciendo un trabajo minucioso de información. Esto es algo que la sociedad lo pide. Ya hubo intentos de avanzar cuando yo era diputada, pero no prosperaron por falta de acompañamiento”, afirmó.
Una ley “obsoleta” y un reclamo social reactivado
Orozco recordó que el régimen vigente data de 1980 y consideró indispensable su reemplazo por un nuevo marco normativo. Señaló que, si bien la iniciativa no estaba originalmente en la agenda de sesiones extraordinarias, el crimen de Jeremías y otros casos resonantes generaron una fuerte presión social que reactivó el debate.
“No es una discusión teórica. Muchas familias de víctimas sienten que esto es una forma de justicia. Acá en Salta tenemos el caso de un niño asesinado en una plaza por otros menores. Es imposible mirar para otro lado”, expresó.
La senadora aseguró que, tras la aprobación en Diputados con 149 votos a favor contra 100, el proyecto llegaría al Senado con un respaldo similar. “Estamos contando con entre 40 y 44 aliados, por lo que los votos para aprobar la ley ya estarían”, anticipó.
Del sistema tutelar al proceso penal
Entre los cambios centrales, Orozco destacó que la iniciativa reemplaza el sistema tutelar por un proceso penal con juicio, otorgándole al Estado herramientas que hoy no existen. “La famosa puerta giratoria tiene que terminar. El Estado debe poder accionar”, sostuvo.
Frente a las críticas de sectores opositores que advierten sobre una posible estigmatización de jóvenes en contextos vulnerables, la legisladora respondió que el Gobierno nacional trabaja en la reconstrucción del tejido social a través de la cultura del esfuerzo, la familia y el trabajo, pero remarcó que “en el mientras tanto” no se puede permitir que personas que cometieron delitos gravísimos sigan en libertad.
“No se puede seguir pensando solo en el delincuente. Hay que pensar en las víctimas y en las familias que hoy no tienen justicia”, subrayó, y puso especial énfasis en el rol del narcotráfico en la captación de menores en Salta.
Penas limitadas y régimen especial
Orozco aclaró que el proyecto no busca castigos perpetuos ni el encierro indiscriminado. “La pena máxima no puede superar los 15 años y los menores no estarán en contacto con adultos. Hay un régimen especial y un acompañamiento para la reinserción”, explicó.
Además, indicó que la ley prevé una asignación presupuestaria estimada en unos 23.000 millones de pesos, destinados en gran parte a la Defensoría General de la Nación, y habilita convenios con las provincias para adaptar estructuras judiciales y dispositivos de alojamiento diferenciados.
“Una sesión histórica”, según Guzmán Coraita
Por su parte, el senador nacional de LLA Gonzalo Guzmán Coraita calificó el tratamiento del proyecto como “una sesión histórica” y remarcó que, por primera vez, se alcanzaron consensos para adecuar el régimen penal juvenil a los estándares internacionales de derechos humanos.
“La ley vigente contraviene tratados como la Convención de los Derechos del Niño. Este proyecto establece un régimen integral donde la pena privativa de la libertad es el último recurso”, explicó.
El legislador recordó que el texto original planteaba la edad de imputabilidad en 13 años, en línea con el Código Civil, pero que el consenso político llevó el límite a los 14 años, equiparándolo con la mayoría de los países de la región.
Reinserción, educación y presupuesto
Guzmán Coraita insistió en que el eje del proyecto no es solo la sanción, sino la educación y la resocialización del adolescente en conflicto con la ley. “La finalidad es que comprenda sus responsabilidades legales y pueda reintegrarse a la sociedad”, afirmó.
En cuanto al impacto en el sistema carcelario, diferenció la situación de adultos donde reconoció superpoblación en Salta del régimen juvenil. Señaló que las estadísticas no indican un colapso inminente y que la ley prevé figuras nuevas, como la del supervisor, para el seguimiento de los menores.
También sostuvo que el financiamiento será un esfuerzo compartido entre Nación y provincias. “El proyecto contempla una partida nacional cercana a los 24.000 millones de pesos, pero las provincias deben priorizar recursos. Es una responsabilidad federal compartida”, enfatizó.
Expectativa de aprobación
Ambos senadores coincidieron en que el proyecto será aprobado. Según adelantaron, esta semana se iniciará el tratamiento en comisión y la votación en el recinto podría darse en la última semana de febrero.
“Es una ley que viene a aliviar el dolor de muchas familias y a empezar a ordenar una situación muy compleja en materia de delincuencia juvenil”, finalizó Orozco.