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En diálogo con El Tribuno, la senadora nacional Flavia Royón se refirió al avance del proyecto que ya fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados y que ahora será debatido en el Senado, posiblemente en la sesión prevista para el 26 de febrero.
“Creo que es importante actualizar la edad de imputabilidad porque aborda una problemática real, que es el aumento de los delitos juveniles. Pero para que la ley sea efectiva tenemos que garantizar los recursos y la correcta implementación”, señaló.
El debate que llega al Senado
Por primera vez desde la restauración democrática, el Congreso discute en el recinto una modificación de este tipo. El proyecto de Régimen Penal Juvenil reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y contempla que menores de esa edad puedan ser juzgados por delitos graves como homicidio, robo con violencia, secuestro y abuso sexual.
Además, establece penas máximas de hasta 15 años de prisión —sin posibilidad de perpetua— y prioriza sanciones alternativas para delitos menores, como tareas comunitarias o monitoreo electrónico. También dispone la prohibición de alojar menores con adultos y la creación de centros de reinserción especializados.
Royón consideró que el punto central del debate no es solo la modificación de la edad, sino la operatividad de la norma. “Acá lo importante es garantizar los recursos para que realmente se pueda dar una mirada adecuada a niños y adolescentes en conflicto con la ley. No pueden ir a un régimen general”, afirmó.
Críticas y cuestionamientos
Consultada sobre las críticas que apuntan a una posible estigmatización de jóvenes provenientes de contextos vulnerables, la legisladora sostuvo que el enfoque debe ser integral. “La ley busca fomentar la prevención, la rehabilitación y reducir la reincidencia futura. Pero si no tenemos los dispositivos y recursos adecuados, puede ser contraproducente”, advirtió.
En ese sentido, remarcó que uno de los ejes que hoy está evaluando es la suficiencia presupuestaria y los plazos previstos para la implementación. El proyecto fija 180 días para la puesta en marcha de los institutos especializados, un plazo que algunos sectores consideran exiguo.
“Estoy trabajando con las provincias para analizar dos cuestiones: si los tiempos son suficientes y quién va a afrontar los recursos. Es clave que Nación también asuma parte del financiamiento”, explicó.
El desafío de la implementación
Royón subrayó que la efectividad de la ley dependerá no solo del presupuesto, sino también del fortalecimiento del sistema judicial. “En gran medida depende de los recursos y de la respuesta de la Justicia, tanto provincial como federal. Hay que garantizar que esto sea operativo en tiempo y forma”, sostuvo.
Advirtió además sobre el riesgo de una sobrecarga judicial y carcelaria si no se crean los dispositivos adecuados. “Si no está todo listo, podemos tener una sobrecarga judicial y que estos niños terminen ocupando los mismos espacios que adultos. Eso iría en contra del espíritu de la ley, que es respetar derechos, promover la reinserción y reducir la reincidencia”, indicó.
¿Una demanda social?
Sobre si la sociedad exige este tipo de reformas, Royón consideró que sí existe una demanda, aunque aclaró que no puede hablarse en nombre de toda la ciudadanía. “Me ha tocado conversar con víctimas y madres de víctimas, y es un tema presente. Además, si miramos lo que sucede en otros países, en muchos lugares la edad de imputabilidad ya está fijada en 14 años”, expresó.
En cuanto al respaldo político que podría tener el proyecto en el Senado, la legisladora estimó que podría ser similar al que obtuvo en Diputados, aunque señaló que aún no se han cerrado conversaciones con todos los bloques.
Una reforma importante, pero condicionada
Consultada sobre si considera que se trata de un paso histórico, Royón fue prudente: “No sé si será histórico para la Argentina, que necesita muchas reformas estructurales, pero sí creo que es importante”.
Finalmente, dejó un mensaje enfocado en la responsabilidad institucional: “La baja de la edad de imputabilidad es positiva porque aborda una problemática real. Pero para que la ley sea exitosa necesitamos garantizar los recursos y la implementación adecuada. Si no, puede ser un paso en falso”.
La definición de la senadora deja en claro que su acompañamiento al proyecto estará condicionado a la garantía presupuestaria y a la coordinación efectiva entre Nación y provincias, en un debate que promete ser uno de los más trascendentes del período legislativo.