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En sesión especial convocada en el marco de la ampliación de extraordinarias mediante el Decreto 77/2026, el Senado provincial prestó acuerdo a los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para la designación de Martín Ignacio Plaza y Jorge Martín Diez Villa como jueces de la Corte de Justicia de Salta. El tratamiento contó con dictamen previo de la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones y con las entrevistas correspondientes a los postulantes. El senador Roque Cornejo votó en contra de ambos pliegos.
Con la mayoría de los votos afirmativos, la Cámara alta avaló la incorporación del Dr. Martín Ignacio Plaza y del Dr. Jorge Martín Diez Villa al máximo tribunal provincial. Desde el oficialismo y sectores aliados destacaron el cumplimiento del procedimiento constitucional, que incluyó la publicación de antecedentes en el Boletín Oficial y la posibilidad de presentar impugnaciones.
El senador por Güemes, Enrique Cornejo, sostuvo que “financiar a dos jueces es una inversión para que la Justicia dirima conflictos y se alcance el bien común”. Remarcó que ninguno de los postulantes recibió impugnaciones y subrayó el aval académico y profesional de Plaza, entre ellos el respaldo del Dr. Ricardo Gil Lavedra, exintegrante del tribunal que juzgó a las Juntas militares en 1985. “Que una figura de ese prestigio nacional e internacional haya dado su aval me llena de orgullo”, afirmó.
La sesión completa del Senado provincial
Además, defendió el mecanismo de designación al señalar que en Salta rige un sistema “participativo y republicano”, donde cualquier ciudadano o institución puede formular objeciones. En ese sentido, comparó el proceso provincial con la polémica generada a nivel nacional por la postulación de Ariel Lijo a la Corte Suprema mediante decreto presidencial, y consideró que en la provincia se respetaron las garantías institucionales y la participación ciudadana.
En contraposición, el senador Roque Cornejo, representante por Capital y miembro de La Libertad Avanza, fundamentó su voto negativo en dos ejes centrales: el gasto público y la independencia judicial. “No hace falta que la Corte de Salta se integre con nueve miembros. Puede funcionar con cinco, como lo hacía originalmente”, expresó. Sostuvo que ampliar el número de jueces implica un “dispendio económico” en un contexto donde, a su criterio, los recursos deberían destinarse prioritariamente a salud, educación y seguridad.
También cuestionó la procedencia política de los postulantes, al señalar que provienen del ámbito del Poder Ejecutivo. “El Poder Judicial tiene que ser necesariamente independiente. Si se salta del Ejecutivo al Judicial, esa afinidad puede limitar la discrecionalidad al momento de tomar decisiones”, advirtió. Para el legislador, faltó un diálogo institucional más amplio con todo el arco político, especialmente con la oposición, para consensuar las cualidades que deberían reunir quienes integren el máximo tribunal.
De este modo, con mayoría favorable y un voto en contra, el Senado completó el trámite legislativo que habilita la incorporación de los dos nuevos magistrados a la Corte de Justicia provincial, en medio de un debate que volvió a poner en agenda la discusión sobre la integración, el costo y la independencia del máximo órgano judicial de Salta.