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El diputado provincial Adrián Valenzuela defendió la tolerancia cero al alcohol al volante, propuso endurecer las sanciones con arrestos para conductores alcoholizados y planteó proyectos vinculados al IPS y a la equidad en la Administración Pública.
Se acerca el inicio del año legislativo. ¿Cómo analizás este nuevo período de sesiones?
Arrancamos un año difícil, como vienen siendo los últimos. Pero además hay un cambio paradigmático en lo que respecta a la representatividad y a lo que la gente le exige a la política. El ciudadano hoy reclama que se lo escuche más, que se legisle en función de los problemas reales y no de especulaciones. Ese es el gran desafío.
Uno de los debates que volvió a instalarse es el de la tolerancia cero al alcohol al volante. ¿Cuál es tu postura?
Yo presenté en 2021 un proyecto vinculado a los siniestros viales y al consumo de alcohol al manejar. Es un proyecto simple, pero apunta a una problemática que lamentablemente va en crecimiento. En Salta tenemos tolerancia cero y creo que no debe cambiarse. Se mueren más de 100 personas por año en siniestros viales. En lo que va de este año ya tenemos más de 20 víctimas fatales. El año pasado se logró bajar la cifra a 130, la más baja en diez años. Entonces me pregunto: ¿por qué cambiar algo que costó tanto conseguir?
Algunos sectores proponen llevar el límite a 0,5.
No lo entiendo. Todos los fines de semana se detectan en promedio 150 personas manejando con alcohol en sangre. En fines de semana largos esa cifra se duplica o incluso más. En el último fin de semana largo hubo 315 casos. Y hablamos solo de los que se detectan en controles. Hace poco, en el primer control hacia Cafayate, se registraron seis casos en una sola jornada, uno con 1,68 gramos de alcohol en sangre. ¿Cómo podemos pensar en flexibilizar la norma frente a estos números?
¿Falta escuchar más a la sociedad en este tema?
Totalmente. Ese es uno de los errores que cometen muchos representantes: no escuchar a las familias de las víctimas. Yo me reuní con familiares que perdieron hijos, nietos, hermanos. Todos los días hay siniestros. Cada lunes vemos el parte oficial de seguridad vial con cifras alarmantes. No podemos legislar de espaldas a ese dolor.
"Espero un mensaje (del gobernador) directo y sincero, que refleje la realidad que atraviesan los salteños. Se hizo mucho, pero falta mucho más".
Planteás además endurecer las sanciones. ¿En qué consiste tu proyecto?
Propongo modificar el artículo 3 de la Ley 7846. Si en un control se detecta que un conductor tiene alcohol en sangre, la primera vez debe quedar demorado 48 horas por orden del juez. Si es reincidente, debería quedar detenido 10 días. Además de las multas económicas, la quita del carnet y las sanciones vigentes. Manejar no es un derecho absoluto, es una responsabilidad. Si no se toma conciencia con multas, habrá que hacerlo con sanciones más severas.
¿No temés que el sistema no tenga capacidad para aplicar detenciones masivas?
Puede ser un desafío operativo, pero no podemos resignarnos. Las sanciones económicas no están alcanzando. Salta está entre las provincias con más víctimas fatales por siniestros viales. En la mayoría de los casos hay responsabilidad directa del conductor y el alcohol es un factor determinante. Si no nos hacemos responsables de una manera, tendremos que hacerlo de otra.
Mencionaste testimonios que te marcaron.
Sí. La familia Jurado, que perdió a cuatro integrantes en un hecho terrible en Campo Quijano. Raúl Córdoba, que perdió a su hijo un domingo por la mañana por un conductor alcoholizado. Raúl Padovani, que caminó desde Salta a Buenos Aires pidiendo leyes más duras. Cuando escuchás esas historias, no podés pensar en subir el límite por razones económicas.
Además de este proyecto, ¿qué otras iniciativas impulsarás este año?
La mayoría tienen un fuerte componente social. Uno apunta a que todos los integrantes de la Administración Pública aporten al IPS sin excepciones. Hoy jueces, fiscales, secretarios judiciales y algunos entes autárquicos no están obligados. Si pertenecen al Estado, deberían aportar como cualquier trabajador público, sin privilegios.
También hablaste del caso de SAETA.
Sí. Aproximadamente el 60% de los recursos de SAETA provienen de subsidios provinciales. Si el Estado paga los sueldos de los choferes, deberían aportar al IPS como el resto de los empleados públicos. Son detalles que reflejan desigualdades y que la sociedad empieza a cuestionar.