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Mañana comienza una nueva etapa en el sistema judicial salteño con el primer juicio por jurados de la provincia, en una causa por femicidio ocurrida en la Capital. Será la puesta en marcha de la ley provincial 8478, que incorporó este mecanismo para los delitos más graves, aquellos contemplados en el artículo 80 del Código Penal, con penas de prisión o reclusión perpetua.
En diálogo con Radio Salta, el juez de la Corte de Justicia de Salta, Fabián Vittar, calificó el inicio como "un día histórico" y sostuvo que el país comienza a saldar una "deuda de 160 años con la Constitución Nacional", que prevé el juicio por jurados como parte del sistema republicano.
"Es una nueva forma de administrar justicia, donde la soberanía popular también alcanza al Poder Judicial", afirmó.
Cómo será el primer juicio
El sistema establece que 12 ciudadanos —seis mujeres y seis varones— definirán exclusivamente la culpabilidad o no culpabilidad del imputado. La determinación de la pena, en caso de condena, seguirá siendo atribución del juez técnico.
Para esta primera experiencia se sortearon más de 10.000 salteños del padrón electoral como universo potencial. De allí se seleccionaron 70 personas que participarán de la audiencia de voir dire, instancia en la que fiscalía y defensa entrevistarán a los postulantes para conformar el jurado definitivo.
"Los jurados son elegidos absolutamente al azar. No interviene el Poder Judicial en su designación. Se busca garantizar la imparcialidad", precisó Vittar.
Quedan excluidos abogados, jueces, empleados judiciales, miembros de fuerzas de seguridad y altos funcionarios, entre otros. El objetivo es conformar un cuerpo heterogéneo, integrado por ciudadanos sin formación jurídica específica.
Garantías
Uno de los puntos centrales del nuevo esquema es la protección de la identidad de los jurados. Según detalló el ministro, sus nombres serán conocidos únicamente por las partes y el juez técnico, y deberán mantener absoluto aislamiento respecto del caso mientras dure el debate.
El juicio se extenderá, en principio, durante tres días. Los jurados regresarán a sus domicilios al finalizar cada jornada y solo podrán ser aislados si así lo solicitan al momento de deliberar.
La participación es una carga pública. Tanto empleados estatales como privados deberán ser liberados de sus tareas sin pérdida salarial. Además, la ley prevé un resarcimiento económico para quienes desarrollen actividades independientes, que ronda los 70 mil pesos por día de intervención.
El sistema de jurados populares ya se aplica en varias provincias argentinas para delitos graves como homicidios agravados y femicidios. Entre las jurisdicciones que lo implementaron están: Buenos Aires, con jurado clásico de 12 ciudadanos. Córdoba, pionera en el modelo moderno, con sistema mixto (ciudadanos y jueces técnicos).
También Neuquén, Río Negro, Chaco, Mendoza, Entre Ríos, San Juan, San Luis y ahora Salta. Si bien los modelos varían —algunas provincias aplican jurado clásico y otras sistema escabinado— en todos los casos los ciudadanos definen la culpabilidad o no culpabilidad del imputado, mientras que la pena queda en manos del juez técnico.