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A dos años del siniestro vial ocurrido en la avenida Paraguay, uno de los episodios más conmocionantes de los últimos tiempos en la ciudad de Salta, la causa judicial entra en su etapa decisiva. Entre el 13 y el 30 de abril se llevará adelante el juicio oral contra Luciano López, el principal acusado, imputado por homicidio simple en cinco hechos, además de lesiones graves y leves en concurso ideal.
El debate estará presidido por la jueza Gabriela Romero Nayar, y se centrará en determinar la responsabilidad penal del acusado, quien según la investigación conducía a alta velocidad y bajo los efectos del alcohol durante la madrugada del 17 de marzo de 2024. Aquella noche, en una zona con intensa circulación de jóvenes que salían de locales bailables, López perdió el control del vehículo y embistió a Ruth Tabarcache, Sergio Veizaga, Florencia Acosta, Karen Marín y Nahuel Brian Digan, algunos murieron en el acto y otros fallecieron tras agonizar en el hospital, mientras que otras seis personas resultaron heridas.
El dolor de las familias y el reclamo de justicia
En la antesala del juicio, el foco está puesto no solo en el proceso judicial, sino también en las voces de quienes atraviesan las consecuencias más profundas de la tragedia: los familiares de las víctimas.
Hugo Tabarcache, padre de Ruth, una de las jóvenes fallecidas, no duda en definir lo ocurrido como una “masacre”. A dos años del hecho, describe un dolor que no cede: “Desde ese día tengo un vacío tremendo en mi vida. Todas las familias estamos atravesadas por esta pérdida, por el daño moral que es inmenso”.
Con expectativas puestas en el inicio del juicio, Tabarcache remarca la necesidad de que la Justicia actúe con firmeza: “Esperamos una condena ejemplar. Que esto sea un punto de inflexión en Salta, que siente jurisprudencia, que marque un antes y un después”.
El padre también subraya el impacto colectivo del hecho y la necesidad de generar conciencia social: “Que las personas que consumen alcohol o drogas piensen muchas veces antes de manejar. Esto no puede volver a pasar”.
El recuerdo de su hija, Ruth, aparece como un motor constante en su testimonio. Estaba a punto de recibirse como profesora en Ciencias de la Educación y tenía proyectos solidarios: “Quería ayudar a jóvenes con problemas de adicción, tenía un corazón enorme. Era muy comprometida, muy social. El vacío que dejó es imposible de llenar”.
Organización y acompañamiento social
De cara al juicio, las familias se organizan para estar presentes durante las audiencias, pese a las dificultades económicas. En muchos casos, quienes viven en el interior de Salta o en otras provincias impulsan bingos, rifas y actividades solidarias para poder costear traslados y estadía durante las semanas que durará el debate.
“Queremos acompañar todos los días, aunque sabemos que va a ser duro escuchar ciertas cosas. Pero necesitamos estar ahí”, señala Tabarcache.
También buscan el acompañamiento de la sociedad salteña, no solo como gesto de apoyo, sino como forma de visibilizar el reclamo de justicia. “Queremos que esto no quede en la nada, que haya una presión social para que se haga justicia”, agrega.
En paralelo, menciona falencias en materia de prevención y control en la zona donde ocurrió el hecho, una avenida con alto tránsito nocturno y escasa infraestructura de seguridad vial. Estas cuestiones también forman parte del reclamo en el ámbito civil, donde se analiza la responsabilidad de organismos públicos.
La estrategia de la querella
Por su parte, el abogado querellante Leonardo López, quien representa a todas las familias junto al letrado Miguel Fernández, anticipa que el eje de la acusación estará en demostrar que el hecho no fue un accidente producto de la negligencia, sino una conducta con dolo eventual.
“Vamos a probar que Luciano López era consciente del riesgo que implicaba su conducta. Circulaba a más de 100 km/h en una zona donde la máxima es 60, a las cinco de la mañana, con gran cantidad de peatones y bajo efectos de alcohol y estupefacientes”, explicó.
La querella presentará más de un centenar de testigos, además de pericias técnicas como informes de velocidad (tranimetría) y estudios accidentológicos. Para el abogado, todos estos elementos apuntan a demostrar “el desprecio por la vida con el que actuó el acusado”.
El letrado también se refiere al estado emocional de las familias, a quienes describe como “destrozadas”. “Ninguna condena va a devolverles a sus seres queridos, pero esperan que la Justicia esté a la altura y que el fallo sea ejemplificador”, afirma.
Pena, reparación y expectativa social
En cuanto a la pena, el delito de homicidio simple prevé una condena de entre 8 y 25 años de prisión. Si bien la querella aún no definió el monto exacto que solicitará, adelantó que no se partirá del mínimo, teniendo en cuenta la cantidad de víctimas fatales y la gravedad del hecho.
En paralelo al proceso penal, avanza una causa civil en la que se busca una reparación económica para las familias, destinada principalmente a cubrir tratamientos psicológicos y otros daños derivados de la tragedia.
A medida que se acerca la fecha del juicio, crece la expectativa en torno a un caso que marcó a toda la comunidad salteña. Para las familias, el proceso representa no solo la posibilidad de obtener justicia, sino también de transformar el dolor en un precedente que evite nuevas tragedias.