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La causa que tiene a José Luis Bruno acusado por presunto cohecho en concurso real con prevaricato junto a Raúl Reynoso, acaba de sumar dos oposiciones formuladas por la defensa del exjuez federal de Orán al juicio que requirió la Fiscalía el pasado 11 de marzo para resolver su situación procesal y el acuerdo de juicio abreviado que beneficiaría al computado fiscal de esa jurisdicción con el retiro de ese cargo penal.
Los escritos que interpuso Matías Gutiérrez Perea, Defensor Público Federal en ejercicio de la defensa técnica de Reynoso, con el sobreseimiento parcial del exjuez solicitado en forma subsidiaria y reserva del caso federal para llegar hasta la Corte Suprema, encierran serios cuestionamientos detrás del acuerdo que, sujeto a la homologación de un tribunal, levantó polvareda el seno del fuero federal de Salta.
Gutiérrez Perea recordó que su defendido y el suspendido fiscal se encuentran procesados, con confirmación de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, por presunto cohecho en concurso real con prevaricato.
"Sin embargo, se ha presentado un acuerdo abreviado en el que el Ministerio Público Fiscal retira la acusación por cohecho en contra de Bruno, beneficiando así a uno de los coimputados en perjuicio del otro", remarcó el defensor de Reynoso en una de las oposiciones que, en líneas generales, comparten ejes en su fundamentación.
Denuncian que a esa parte no se le dio ningún tipo de participación en toda la tramitación del cuestionado acuerdo al que se solicitó "declarar nulo/inválido". Subsidiariamente, ante el caso de que esa oposición fuera rechazada, Gutiérrez Perea solicitó el sobreseimiento parcial de Reynoso respecto del supuesto delito de cohecho, "porque las razones dadas por el Ministerio Público Fiscal (MPF) en favor de Bruno también son aplicables en relación con mi defendido". En este punto, hizo notar que la base fáctica es la misma por una "cadena de supuestos intermediarios", de los cuales hay dos prófugos que nunca dieron sus versiones: Arsenio Gaona y Héctor Arancibia. Respecto de ese último señaló que es hermano de René Antonio Arancibia, a quien requirió que se agregue como coimputado, ya que según la acusación fiscal intervino en el supuesto pago de 20.000 dólares para Bruno y de 130.000 para el exjuez.
El defensor denunció que la acusación pública, encarnada en el expediente por los fiscales Carlos Amad, Diego Iglesias y Eduardo Villalba, "pretende elevar la aprobación del referido acuerdo pero únicamente teniendo como beneficiario al coimputado fiscal federal de Orán". Para ello -cuestionó- recurrió a una "reconfiguración/modificación/alteración" de una plataforma fáctica que, en lo sustancial, ha sido suficientemente detallada no solo en la imputación inicial del MPF, sino también en el auto de procesamiento luego confirmado por la Cámara Federal.
En síntesis, Gutiérrez Perea señaló que la pieza acusatoria venía sosteniendo que las conductas de Bruno y Reynoso habrían configurado un plan delictivo destinado a la percepción de dádivas. Reiteró que el MPF, el juez de Garantías y la Cámara Federal venían afirmando que se habrían pagado US$ 20.000 al fiscal Bruno y US$ 130.000 al exjuez Reynoso. "Sin embargo, esa hipótesis sufre, en el acuerdo sujeto a homologación, una variación sustancial en favor del imputado bruno, concretamente con relación al supuesto delito de cohecho pasivo", planteó la defensa de Reynoso.
La defensa de Reynoso aclaró que esa parte no se opone a los acuerdos de juicio abreviado, ya que están contemplados por la normativa procesal. "Pero sí nos corresponde oponernos, si únicamente se celebra para uno de los coimputados y se excluye, deliberada e injustamente, a otro, privándolo de la misma prerrogativa procesal", recalcó. Agregó que la oposición "es férrea" en el sentido de requerir que se respeten los principios de igualdad ante la ley, debido proceso legal y derecho de defensa en juicio.
Sostuvo que "resulta más que fundada" la oposición a la "nueva" hipótesis presentada por el MPF, que, "sin pruebas de real valía, pretende a esta altura procesal imponer un acuerdo abreviado en beneficio exclusivo del fiscal federal y con notorio detrimento acusatorio solamente en perjuicio de mi defendido". Destacó que "en virtud del principio de igualdad ante la ley, en base a una misma base fáctica, las repuestas de la Administración de Justicia deben ser análogas/similares".
Añadió que "ese criterio discriminador basta para teñir de arbitrariedad las decisiones jurisdiccionales que se pudieran emitir al efecto". En relación al cohecho pasivo, expresó que "no se determina ni prueba concretamente cuál es el supuesto "incremento patrimonial de los tres intermediarios". Afirmó que, por otra parte, "no se probó la existencia de la suma señalada en la acusación y mucho menos se probó el supuesto pase de manos entre intermediarios".
De acuerdo con la acusación fiscal, el dinero habría pasado de René Antonio Arancibia a su hermano, Héctor Arancibia -prófugo que nunca declaró- y de éste a Barakat Barakat, un narco sirio condenado. Este, según la defensa de Reynoso, fue utilizado "incorrectamente" como "arrepentido" y con su declaración terminó beneficiado con una fuerte reducción de pena que hoy lo encuentra libre y en Siria. Siempre según la acusación, el dinero habría pasado de manos de Barakat Barakat al abogado Gaona, excuñado de Reynoso, otro prófugo que nunca declaró en la causa, y a través de él habría llegado tanto al fiscal Bruno como al exjuez.
Gutiérrez Perea resumió que los fundamentos del pedido de sobreseimiento de Reynoso "son los mismos que se aplican al fiscal Bruno. En lenguaje llano es que no existen pruebas suficientes con relación al supuesto cohecho", subrayó.
Señaló que en el acuerdo Bruno admite "consentir" actos procesales contrarios a la ley y omitir apelaciones en perjuicio de la persecución penal en las causas "Weber" y "Rojas". También cuestionó que el acuerdo enfatiza que esa solución satisface los fines del proceso bajo criterios de "economía y austeridad procesal", sin dar mayores explicaciones del cambio de criterio del MPF.
Recordó, además, que el artículo 431 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) establece de forma taxativa: "Cuando hubiere varios imputados en la causa, el juicio abreviado sólo podrá aplicarse si todos ellos prestan su conformidad. Sin embargo, la Fiscalía despliega una serie de argumentos para perforar esa prohibición legal". Según la Fiscalía, el acuerdo con Bruno no afectaría el derecho de defensa de Reynoso o los demás coimputados. Gutiérrez Perea afirmó que, al contrario, generaría "un precedente interno en la causa muy difícil de revertir en el debate oral posterior" y vulneraría el principio de inocencia y el derecho de defensa de su asistido.
Bruno y Gaona: un dato clave
El defensor de Reynoso señaló que, conforme a las constancias de autos, "los únicos que se tenían agendados entre sí eran el fiscal Bruno y el prófugo Gaona. Pareciera que ese dato, en esta nueva altura procesal, no le resulta significativo al MPF", resaltó. Añadió que Reynoso, en reiteradas declaraciones indagatorias, "siempre negó tener relación con Gaona y mucho menos con carácter delictual, pero se remarca e insiste en la relación de parentesco como si ello bastara para incriminar a mi defendido". También observó que la Fiscalía "utiliza indicios para construir una presunción de culpabilidad" y que las "omisiones de prueba" esgrimidas en contra de Reynoso entran "dentro de la libre convicción del juez. Esas discrepancias interpretativas nunca puede ser sinónimo de delito", planteó.