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El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, sostuvo que, al no existir una cláusula transitoria en la reforma constitucional de 2021, las nuevas reglas sobre mandatos rigen hacia adelante, por lo que el gobernador Gustavo Sáenz podría presentarse nuevamente sin necesidad de una habilitación judicial.
La doctora Ada Zunino asumirá como defensora general. En la reforma constitucional de 2021 se fijó un límite de diez años para los jueces de la Corte, pero no para otros cargos no. ¿Qué opinión tiene sobre eso?
Yo estuve como asesor en la reforma constitucional del año 1998 y en ese momento sí había una armonía institucional. Hoy esa armonía no existe. En 2021 se estableció un límite de diez años para los jueces de la Corte, pero quedaron en seis años el procurador general, el asesor general de incapaces y el defensor general. Lo mismo ocurre con la Auditoría General de la Provincia. Creo que en algún momento habría que hacer una reforma para adecuar esos plazos y que todo el sistema vuelva a quedar en armonía. Ese es uno de los tantos puntos que, para mí, tendrían que incorporarse o revisarse en la Constitución.
¿Cómo ve el funcionamiento de la justicia en este comienzo de año?
Yo creo que la justicia se mueve, que trabaja. Pero también creo que la mayor responsabilidad de cómo funciona la justicia la tenemos quienes estamos dentro de la justicia. Ese es el ABC de cualquier institución. Si una institución funciona mal es porque quienes la integran no están a la altura de las circunstancias. De ninguna manera voy a decir que todos los jueces o fiscales no sirven. Hay gente muy capacitada y hay gente que no lo está tanto. Pero también hay que decir que la justicia viene muy criticada en Buenos Aires y eso irradia hacia todo el país.
Usted planteó en algún momento que jueces y fiscales deberían revalidar periódicamente su idoneidad. ¿En qué consiste esa idea?
Yo creo que cuando nosotros concursamos legitimamos nuestra idoneidad de origen. En mi caso, como fiscal. Pero creo que habría que buscar una legitimación periódica. Que cada cinco años jueces, fiscales, defensores oficiales y asesores vuelvan a concursar para legitimar nuevamente la idoneidad que exige la Constitución. En principio, para todos los jueces, fiscales, defensores oficiales y asesores menores. En general, para quienes integran el sistema judicial. Cuando planteé esta idea tuvo una repercusión interna bastante dividida. Algunos estaban muy contentos porque decían que estaban haciendo maestrías, especializaciones y no tendrían problema en demostrar su preparación. Otros le tienen un poco de temor a volver a sentarse después de cinco, ocho o diez años a ser evaluados nuevamente. Pero una cosa es cuando uno se recibe y otra cosa es después de once años de ejercicio. En teoría uno debería tener más conocimiento, más experiencia y mayor profundidad en los casos.
En lo personal no tengo ningún problema. Yo mismo dije que lo haría primero para demostrar que estoy en condiciones. Creo que a mayor preparación, mejores decisiones se toman.
¿De dónde surge esa propuesta?
Surgió a partir de un caso concreto. En diciembre del año pasado pedí la detención de una persona que había matado de una patada a un micro toy, un perrito muy chiquito. El juez dispuso una simple identificación. Esa persona se fue y nunca volvió.A mí me resultó muy fuerte esa decisión. Entonces creo que hay que reflexionar sobre las decisiones que se toman, porque la gente es la destinataria de la justicia.
"Si la Constitución establece que el gobernador puede ser reelegido una sola vez consecutiva, el mandato que corre después de esa reforma es el que se computa".
Cuando hablamos de justicia hablamos de hombres y mujeres que toman decisiones. La ley está escrita desde la Constitución de 1853 en adelante. La responsabilidad está en quienes integran el sistema judicial y lo digo desde el lado positivo, en el sentido de que hay que mejorar la calidad de esas decisiones.
En sesiones extraordinarias se aprobó el test para verificar consumo de drogas en funcionarios públicos. ¿Qué opinión tiene sobre esa medida?
Me parece excepcional. Cuando fui concejal en Tartagal propuse algo parecido para los concejales. Eso fue hace quince o veinte años. La decisión que tomó el gobernador me parece absolutamente correcta. Pero creo que algo tan importante debería incorporarse en la Constitución y no quedar solamente como una ley. Una ley puede ser derogada por otra o judicializada durante años. En cambio, cuando algo se incorpora a la Constitución tiene un peso institucional mucho mayor.
Hay quienes señalan que el consumo es una enfermedad y que una remoción por ese motivo podría ser cuestionable. ¿Cómo lo analiza?
Bueno, ahí viene el tema. Si vos, sabiendo que tenés un problema de esas características, no obstante eso estás en un cargo, evidentemente hay una inhabilidad moral como mínimo, pero que termina siendo también funcional, porque las decisiones que tomás o que podés llegar a tomar en esas circunstancias afectan a los demás. Por eso me parece razonable y por eso digo que tiene que estar en la Constitución. Si vos lo dejás en una ley, se puede bifurcar para un lado o para el otro, puede pasar el tiempo y no terminar siendo operativa. La Constitución, en cambio, establece que sus normas son operativas. Después, por supuesto, habrá que reglamentar cómo se hace, si será sorpresa o no, quiénes comienzan, en qué orden, pero es muy importante que tenga rango constitucional. Eso le da solidez institucional más allá de la persona que haya impulsado la medida o de los convencionales que la hayan aprobado. Queda para todos los tiempos y también se convierte en una garantía para la sociedad.
¿Considera entonces que habría que hacer una nueva reforma constitucional?
Absolutamente. La última reforma fue en 2021, pero hay muchos temas que deberían incorporarse o corregirse. Esto de la rinoscopía es uno. También el tema de los concursos periódicos para jueces, fiscales, defensores oficiales y asesores. Y además está el problema de que no hubo una cláusula transitoria para determinar cómo se computan los mandatos.
Eso generó polémica con los jueces de la Corte y también con el debate sobre si el gobernador Gustavo Sáenz está habilitado para un tercer mandato. ¿Cuál es su interpretación sobre ese punto?
Todas las leyes tienen algo fundamental al final, que es la vigencia. Desde cuándo rigen. Cuando se sanciona una ley se promulga y entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, hacia adelante y no hacia atrás. La reforma constitucional se publicó el 18 de diciembre de 2021. Desde ese momento rige la norma. Si la Constitución establece que el gobernador puede ser reelegido una sola vez consecutiva, el mandato que corre después de esa reforma es el que se computa. Por lo tanto, si el gobernador decide presentarse nuevamente, desde mi punto de vista no necesita ninguna habilitación de la Corte. La propia Constitución lo habilita.
¿Entonces no sería necesaria una intervención judicial?
Para nada. Desde mi punto de vista no es necesario porque la norma es muy clara. La única forma de impedirlo hubiese sido mediante una cláusula transitoria que expresamente estableciera cómo computar los mandatos anteriores. Como esa cláusula no existe, la aplicación de la norma es hacia adelante. El gobernador venía ya con un mandato en curso cuando se publicó la reforma. Pero lo inmediato y lo consecutivo, en términos jurídicos, se computa desde la vigencia de la nueva norma.
Por eso, para mí, puede presentarse sin que intervenga la Corte. La Constitución lo dice claramente. Y en el caso de que la Corte tuviera que intervenir, no tengo dudas de que debería resolver en ese mismo sentido, porque la norma es muy clara.
También hubo polémica por la situación de algunos jueces de la Corte. ¿Cómo lo interpreta?
Exactamente. En el caso de la doctora Ovejero y del doctor López Viñals, ellos habían sido designados antes de la reforma. La Constitución establece que los jueces de la Corte son designados por diez años por una sola vez. Entonces ese plazo comienza a correr desde la vigencia de la norma. Desde mi punto de vista jurídico, la designación de ambos fue correcta porque la norma no es retroactiva. También hubo otros casos, como Sandra Bonari, Catalano o Sansón, que el gobernador podría haber vuelto a designar, pero eso ya fue una decisión política. Hubo presentaciones judiciales sobre este tema, pero para mí son planteos que desconocen lo que dice claramente la norma. Cualquier estudiante de derecho o cualquier persona que haga una lectura seria de la ley sabe que rige desde la publicación del Boletín Oficial hacia adelante.
Se iba a poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal en el distrito centro, pero se pidió postergar su aplicación. ¿Cuál es la situación real?
Primero la Defensoría General pidió la postergación y después también se sumó la Procuración. Nosotros ya estamos trabajando con un sistema intermedio, con audiencias de prisión preventiva multipropósito y con la formalización de la investigación penal preparatoria. El nuevo sistema tiene muchas similitudes con el Código Procesal Penal Federal, incluso yo diría que demasiado para mi gusto en algunos aspectos, aunque eso ya está aprobado.
La vigencia prevista era febrero de 2026 para el centro y febrero de 2027 para el interior. Nosotros estamos trabajando bien y tenemos medios para avanzar. Por ejemplo, si tenemos un imputado detenido y testigos en Tierra del Fuego, Córdoba o Entre Ríos, tenemos capacidad técnica para hacer audiencias a distancia sin problema por videollamada. Pero el sistema adversarial tiene otras complejidades que requieren mayor organización y otros recursos.
También habló de contradicciones en la política criminal. ¿A qué se refiere?
Hay una contradicción fuerte entre el discurso de endurecer penas y el espíritu del Código Procesal Penal que se está impulsando. Hoy hay mucho marketing y muchas cuestiones emocionales en torno a la ley. Pero la ley no puede regirse por cuestiones emocionales. Tiene que ser una cuestión de Estado y estar por encima de los partidos políticos. Cuando vos aplicás una pena no mirás a alguien en especial, mirás a toda una sociedad. Por eso debe haber seriedad.
¿Cuál debería ser entonces el objetivo del sistema penal?
Resolver los conflictos sociales. La propia ley nos indica que debemos buscar la paz social y la armonía en la sociedad. Por eso existen mecanismos alternativos de resolución de conflictos como conciliación, mediación, juicios abreviados, probation y otras herramientas. Aumentar las penas no necesariamente reduce el delito. Eso lo dicen las estadísticas, no lo digo solo yo. Incluso los propios autores de las reformas lo han dicho. Entonces hay que dejar de juzgar desde el marketing o desde la necesidad de que salga un título en los diarios diciendo que se está haciendo algo. Hay que ir a la raíz del problema si realmente queremos mejorar la justicia.
Usted insiste en la necesidad de fortalecer las instituciones.
Absolutamente. Por eso propuse concursos para los cargos judiciales. Incluso propuse hace cinco años que los jueces de Corte concursen, algo que no existe a nivel nacional. Lo digo desde la parte institucional. En un momento era molesto leer los medios nacionales y ver cómo un sector político descalificaba a los candidatos del otro para la Corte, y viceversa. En el medio estaba la gente.
Eso no puede ser. Lo que tenemos que hacer es elevar la calidad institucional. Si vamos a concursos transparentes, cualquier abogado de la provincia, aunque no conozca a ningún concejal, si tiene idoneidad y trabaja, puede ser ministro o acceder a un cargo importante. Con un examen anónimo y entrevistas públicas la gente puede ver si uno es idóneo o no. Y eso obliga a ser más objetivo. Yo jamás pensé en mí cuando planteé esto. Pensé en la calidad institucional. En once años jamás recibí una llamada para que me digan qué tenía que hacer en una causa. A mí me convence la ley, nada más. Si no fortalecemos las instituciones, todo lo que venga hacia adelante va a ser mucho más difícil.
Milei dijo en la apertura de sesiones que la frontera era un colador, dando a entender que ya no lo es. ¿Cómo ve hoy la situación fronteriza?
La frontera siempre va a ser compleja y va a seguir siendo compleja. Hay medidas que hay que tomar y no son ninguna novedad. Si vos tenés una frontera con 173 pasos clandestinos y un solo paso oficial, evidentemente hay un problema. Pero además no es solo eso. La droga entra también por vía aérea. Entonces necesitás ley de derribo, escáneres, drones, inversión, tecnología. No obstante eso, siempre la realidad es más imaginativa que la ley. Siempre.
Por eso digo que el trabajo conjunto entre todas las fuerzas, entre los operadores judiciales federales y provinciales, y lo que se está haciendo con el Plan Güemes y el Operativo Roca, es bueno. Suma y ayuda mucho. Pero sería mentirle a la gente decir que esto desaparece de la noche a la mañana. Eso no existe.
¿Qué hace falta entonces para que haya resultados más efectivos?
Un trabajo integral de Estado. No alcanza con declaraciones rimbombantes. Hace falta compromiso, inversión y también responsabilidad social. La gente también tiene que comprometerse, cuidar a sus hijos, fomentar la educación, el deporte, hacer muchas cosas. Estamos hablando de un problema complejo. La cocaína es gravísima, pero también lo son las pastillas y otras drogas que ya están circulando adentro del país y que son tanto o más peligrosas.
Lo importante es que se está haciendo algo, que hay un compromiso, que se lo dice y que hay inversiones en marcha. Pero también hace falta que todo eso sea efectivo en la práctica cotidiana de quienes trabajan en estos temas.
En medio de este debate, a veces aparece la idea de la pena de muerte. ¿Cuál es su postura?
Yo, por una cuestión católica y también por formación jurídica, soy abolicionista. No estoy de acuerdo con la pena de muerte. Y además, desde el punto de vista dogmático, es ultra difícil, extremadamente difícil, instalar la pena de muerte en la Argentina desde el punto de vista legal. En 1994 se reformó la Constitución y se estableció que los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional. Con eso echás por tierra cualquier intento de reforma de ese tipo. Además, organismos internacionales sostienen que la pena de muerte es una violación a los derechos humanos y no respeta especialmente el derecho a la vida.
¿Entonces cuál debería ser el camino en materia de penas?
Si hay que elevar las penas en casos extremos, ya existe la prisión perpetua o la reclusión perpetua, según cómo se la interprete. Pero aplicar una pena no es una venganza. Cuando jueces y fiscales toman decisiones de pedir penas altísimas, hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Pedir veinte años, veinticinco o perpetua no puede ser una cuestión liviana, porque estás decidiendo sobre la vida de una persona. Si corresponde, habrá que hacerlo, pero siempre sobre la base de la prueba y con mucha seriedad. Uno tiene que ser muy prolijo en el estudio, muy prolijo en los casos, buscar el equilibrio, la objetividad y la imparcialidad para que las decisiones sean más justas.
Para usted, entonces, el eje pasa por fortalecer las reglas institucionales.
Sí, absolutamente. Estoy convencidísimo de que si le damos más fortaleza institucional a temas importantes dentro de la Constitución, vamos a ser más ecuánimes y la gente va a estar mejor. Por eso digo que es necesaria una reforma para adecuar distintas cuestiones. Entre ellas, esto de que todos los funcionarios de los tres poderes deban pasar por la rinoscopía. Yo la suscribo totalmente, pero insisto con que debe estar en la Constitución. Para mí es un tema importante y es un derecho no solamente del que lo hace, sino también de la gente. La misma sociedad, cuando vea que eso no se cumple, va a terminar exigiéndolo. Ahí es donde se ve la efectividad de los derechos y, sobre todo, la protección para la gente.