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Y ahora se proyecta una morgue en la Ciudad Judicial

Viernes, 12 de octubre de 2012 13:01

El procurador general de la Provincia, Pablo López Viñals, parece resuelto a materializar, a cualquier costo, todo lo que la Corte deja de lado. Tras el parto unilateral del CIF, que debió “blanquear” la Legislatura, avanza ahora, hermético, con un proyecto para dotar a la Procuración de una morgue en la Ciudad Judicial.

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El procurador general de la Provincia, Pablo López Viñals, parece resuelto a materializar, a cualquier costo, todo lo que la Corte deja de lado. Tras el parto unilateral del CIF, que debió “blanquear” la Legislatura, avanza ahora, hermético, con un proyecto para dotar a la Procuración de una morgue en la Ciudad Judicial.

La Corte exploró en su momento la posibilidad, pero descartó la idea por razones de bioseguridad.

En efecto, las directrices de organización y funcionamiento de servicios y laboratorios de anatomía patológica, dictadas por el Ministerio de Salud de la Nación, recomiendan alejar las morgues y salas de autopsias de urbanizaciones y sitios con alta afluencia de gente.

La proyección de crecimiento, con oficinas y servicios que ya avanzan sobre las playas de estacionamiento internas de Ciudad Judicial, hace difícil imaginar que una morgue pueda quedar alejada de los 2.700 empleados, profesionales y magistrados que se desempeñan en ese complejo, como así también de los 3.000 usuarios que acuden, cada día, al edificio principal y sus anexos.

Para el procurador general, sin embargo, nada parece imposible, ante cada oportunidad de “ganarle de mano” a la Corte o concretar proyectos que está no quiso o no pudo materializar.

Su proyecto de Morgue Fiscal encuadra en ese empecinamiento con el que puso a trabajar, con el mayor de los sigilos, a su círculo más íntimo de colaboradores.

Este proyecto sería desconocido incluso por funcionarios del Ejecutivo que suelen respaldar a López Viñals, abiertamente cada vez que sus iniciativas causan críticas o rechazos.

La estrategia para imponer la morgue incluye el proceso licitatorio de un edificio anexo del Ministerio Público, en el que López Viñals incluyó todo un subsuelo, sin especificar su destino final.

La obra que trae cola está enmarcada en la licitación 14/12, publicada el pasado martes 2 en el Nuevo Diario. La apertura de sobres fue prorrogada hasta ayer, aparentemente, porque empresas interesadas habrían pedido un aclaratoria con respecto a ciertas características estructurales de ese subsuelo, sobre el cual el expediente 130-14-568/12 poco o nada detalló.

En el proyecto edilicio sí se especificó que la planta baja y los dos pisos superiores serán destinados a oficinas para personal administrativo y profesionales del organismo. Es en ese misterioso subsuelo, concretamente, donde resurge el interrogante se le planteó a la Corte de Justicia en otro momento y que terminó con la desestimación de la idea: ¿Puede funcionar una morgue fiscal con todo el movimiento que puede llegar a tener ese sector? Allí habrá oficinas administrativas en pisos superiores, algunas a sólo tres metros de distancia, junto a los dos edificios anexos del Poder Judicial que están en construcción y a menos de 40 metros de casas de familias de la etapa inicial del barrio El Huaico.

Funcionarios judiciales y del propio Ministerio Público, legisladores, referentes de las áreas de Salud y Ambiente, tendrán que responder a las dudas, ni bien la confirmación de los propósitos aquí adelantados traspongan los rumorosos pasillos de la ciudad judicial.

Las condiciones fijadas por
las normas de bioseguridad

Cuando se recaba información sobre las condiciones que deben reunir los edificios destinados a morgues y salas de autopsias, lo primero que surge es que deben contar con sistemas de ventilación adecuados para eliminar emanaciones como las que atormentan a trabajadores del hospital San Bernardo y vecinos de la zona desde hace largo tiempo. Allí, funcionan dos morgues: la de la Justicia y la del propio nosocomio. Es muy probable que, tomando este antecedente, alguien sugiera que otro servicio así podría funcionar, sin problemas, en la Ciudad Judicial. Es posible que hasta se la considere una medida recomendable.

Desde hace algunos años, sin embargo, autoridades médicas insisten, no sin razones válidas, que la morgue judicial que necesita la capital salteña debería emplazarse en un sitio más apartado.

Además, y sin perder de vista las normas técnicas, ambientales y de salud, tales instalaciones deberían contar con eficientes cámaras de frío, depósitos de desechos tanto sólidos como líquidos, y sistemas de evacuación ajustados a las normas sanitarias.

Expertos en bioseguridad aconsejan, en este sentido, que morgues y salas de autopsias sean emplazadas a una prudente distancia de otros servicios públicos, lugares con alta afluencia de personas y núcleos habitacionales, entre otros recaudos que el proyecto de la Procuración General no parecería haber tenido en cuenta, ya que hasta las constructoras que se interesaron en la licitación habrían solicitado aclaratorias en relación con el enigmático subsuelo proyectado en el complejo judicial de la zona norte.

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