En casos como este siempre tienen que ver varias cosas que se suman. Debemos hablar de necesidades básicas insatisfechas que se traducen en una violencia del Estado hacia las personas que se ven imposibilitadas de cubrirlas. Esa es la primera violencia.
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En casos como este siempre tienen que ver varias cosas que se suman. Debemos hablar de necesidades básicas insatisfechas que se traducen en una violencia del Estado hacia las personas que se ven imposibilitadas de cubrirlas. Esa es la primera violencia.
Todo ciudadano tiene derecho a tener sus necesidades básicas satisfechas. Lamentablemente, hay un grupo muy grande de personas que vive en situación de exclusión social.
En ese sentido, las fallas del Estado residen en la falta de políticas públicas de prevención sobre violencia de género, violencia familiar y violencia hacia niños, niñas y adolescentes.
Casos como el que ocurrió el sábado en San Benito evidencian estas falencias. Además, considero que faltan políticas en materia de salud mental. Así, entonces, el Estado llega tarde y, en este caso, ni siquiera se puede sancionar a alguien, porque el victimario acabó con su vida.
Los derechos vulnerados de las personas marginadas y la imposibilidad de llevar una vida digna desembocan en situaciones como esta.
Si hablamos de violencia familiar o violencia de género ocurre que muchas veces, indirectamente, se desalientan las denuncias, porque si en un primer momento la mujer las realiza y luego el Estado no se ocupa de protegerla, pasa a estar doblemente desprotegida.
Todos, absolutamente todos, tenemos derecho a vivir una vida sin violencia. La experiencia que me ha dado mi trabajo me ha hecho ver que hay muchos casos terribles, mucha reiteración de estos casos. Se vive con niveles muy altos de violencia y de violencia institucional, fundamentalmente.