El máximo tribunal electoral del país dispuso que todos los juzgados competentes del país impulsen acciones “para investigar y, en su caso, sancionar a las personas responsables del incumplimiento de las normas de transparencia en el financiamiento partidario”. Entre esos castigos se contempla “la imposibilidad de ejercer cargos públicos y de votar o ser votado”.
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El máximo tribunal electoral del país dispuso que todos los juzgados competentes del país impulsen acciones “para investigar y, en su caso, sancionar a las personas responsables del incumplimiento de las normas de transparencia en el financiamiento partidario”. Entre esos castigos se contempla “la imposibilidad de ejercer cargos públicos y de votar o ser votado”.
La sentencia, firmada por unanimidad por los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Via y Rodolfo Munné “reviste trascendencia institucional porque se ocupa de definir aspectos estructurales de los procesos penales electorales”, destacaron fuentes de la Cámara.
Hasta el momento sólo se aplicaban eficazmente sanciones patrimoniales a los partidos políticos, pero las condenas a sus dirigentes eran cuestionadas por deficiencias procesales de la legislación aplicable.
Esas falencias parecen haber sido subsanadas con la sentencia de la Cámara que motivó esta orden. Se trata del fallo que anuló la inhabilitación que regía contra el exgobernador de Neuquén Jorge Sobisch para ocupar cargos públicos, adoptada tras un caso por presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña legislativa de 2007.
La sanción contra Sobisch era “por un plazo de dos años para aplicar su derecho a elegir y ser elegido en comicios a cargos públicos nacionales y partidarios y ejercer cargos de dicha índole”. Su partido, el Movimiento Popular Neuquino, advirtió entonces sobre la probabilidad de un mero error administrativo en la registración del dinero aportado para la campaña electoral legislativa del año 2007, que derivó luego en la causa que se abrió en su contra.
El tribunal firmó la resolución y fijó pautas para investigar el financiamiento de los partidos políticos, haciendo referencia a la necesaria intervención personal de quien fuera acusado en dicho proceso.
Entre los fundamentos del fallo, se destaca un estudio detallado de los antecedentes nacionales e internacionales sobre la cuestión.
Fuente: Infobae