La Municipalidad de Salta puso en marcha el traslado de las llamadas “ferias americanas” a nuevos espacios físicos, provistos por el Estado, donde esperan regularizar la situación de esos puesteros dedicados al comercio de artículos textiles sorprendentemente baratos.
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La Municipalidad de Salta puso en marcha el traslado de las llamadas “ferias americanas” a nuevos espacios físicos, provistos por el Estado, donde esperan regularizar la situación de esos puesteros dedicados al comercio de artículos textiles sorprendentemente baratos.
Como en la economía no hay milagros, los precios excesivamente bajos siempre se originan en la mala calidad, la adulteración, la falsificación y la evasión fiscal.
Las ferias americanas no se explican solamente por la venta de ropa usada o por la manufactura artesanal.
En Salta se venden por mes unas diez mil toneladas de ropa en este tipo de centros comerciales. Los comerciantes que alquilan locales y pagan impuestos denuncian permanentemente la competencia desleal que suponen estas ferias. Además, las cámaras empresarias y los jueces de frontera coinciden en atribuir el supuesto “milagro” al contrabando.
Los clientes de estos negocios, que podrían llamarse “extracontables” , son personas de todos los sectores sociales.
El proyecto, que cuenta con la sanción de la Legislatura provincial, promete desocupar los espacios públicos y obligar a los puesteros a cumplir con las obligaciones impositivas, sanitarias y de calidad.
La Cámara de Comercio e Industria de la Provincia de Salta considera que el objetivo de la norma es prevenir la actividad informal y el comercio ilegal. Cabe recalcar que los milagros no existen y que ninguna realidad se modifica por el solo efecto de una ley. Mientras exista el contrabando y mientras este tipo de ferias cuente con protección política, nada cambiará aunque se muden de barrio.
El problema no es la localización, sino la marginalidad y el informalismo, que atentan contra la transparencia comercial. El Estado no puede demorar “medidas correctivas para erradicar el comercio ilegal, contrarrestar la evasión fiscal y la distorsión de la garantía de la libre competencia”, sostiene el texto de la ley que impone el traslado en marcha.
Pero el problema de fondo es de la economía argentina y hay elementos que hacen dudar sobre la voluntad política para terminar con el comercio ilegal.
En la localidad de Ingeniero Budge, en el conurbano bonaerense, funciona La Salada, un concentrado comercial que mueve unos 3.000 millones de pesos por mes en 30 mil puestos, al que la Comunidad Europea calificó como la feria ilegal más grande del mundo.
Curiosamente, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, llevó a cuatro comerciantes de La Salada en su gira por Angola, junto a dos centenares de pequeños empresarios. Moreno viajó a ese país africano, de enorme pobreza y mucho petróleo, para tratar de resolver la crisis energética argentina y compensar las compras de petróleo con la venta, entre otras cosas, de productos de La Salada.
El extitular de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, Santiago Montoya, advirtió en su momento que “los puesteros chiquitos presentan irregularidades, pero hay alguien que les vende la mercadería y es a ese a quien tenemos que encontrar”. Como hace dos años, cuando el país financió el viaje de barrabravas a Sudáfrica, la expedición organizada por Moreno vuelve a incursionar en políticas reñidas con la legalidad.
El contrabando, los talleres de trabajo esclavo y la evasión fiscal son el costado no confesable de estos emporios de la informalidad. Las ferias americanas, amparadas por la política, son un atajo para una economía no competitiva, como la Argentina, que no logra reducir costos productivos ni ampliar dentro de las leyes del Estado y de la economía la capacidad de consumo de la gente.
El traslado actual pone a prueba, entonces, la capacidad de las autoridades municipales de Salta y del Estado provincial para afrontar con eficacia flagelos nacionales como el contrabando, la economía en negro y la cultura de la informalidad.