Pesquisa. La investigación sobre el caso sigue. Es que el ministerio ya había aprobado, al estallar el escándalo, más de 20 proyectos.

El juez federal 2 de Salta, Miguel Medina, resolvió dictar auto de procesamiento contra tres funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia, dos de ellos abogados, involucrados en una tentativa de fraude al estado nacional por la que también quedaron en las mismas condiciones otros tres hombres, uno de los cuales encabeza un estudio jurídico especializado en la gestoría de subsidios para el manejo de bosques nativos.

El caso fue descubierto en abril del año pasado gracias a la sagacidad de un cajero del banco Macro cuando dos personas se presentaron para abrir una caja de ahorros para que le depositaran $206.659,84 correspondientes a un proyecto aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente de Salta en favor de Osvaldo Fernández, propietario de la finca El Totoral, de Rivadavia.

Sin embargo, el empleado notó algo raro: que el documento que le extendía el supuesto beneficiario tenía una numeración muy baja y que por lo tanto correspondería a una persona de más de 80 años, aunque quien estaba frente a sí no excedía de los 30. Por ello ingresó a la base de datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), comprobando que Osvaldo Fernández estaba muerto. De inmediato dio aviso a la Policía y detuvieron al impostor y su acompañante, identificados como Oscar Ricardo Vázquez y José Luis Yáñez, quienes ahora están acusados de adulteración de documento público, fraude a la administración pública agravado en grado de tentativa.

De la misma manera, el magistrado dictó el procesamiento del abogado Julio Osvaldo Chávez por los mismos cargos, al desprenderse, durante la investigación, que actuaba de acuerdo con los detenidos ya que era la cabeza de un estudio jurídico especializado en el diligenciamiento y trámite de las actuaciones administrativas de la Ley Nacional de Bosques ante el Ministerio de Medio Ambiente de Salta, por entonces bajo el mando del abogado Francisco López Sastre.

Los funcionarios

De la misma manera, el juez Medina resolvió procesar a tres funcionarios del Ministerio local, dos de ellos abogados por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario Público, al entender “y quedar demostrado, como probable, que no cumplieron con su deber de evaluación técnica de las actuaciones tramitadas por los imputados antes mencionados; que de haberlo hecho, habrían podido advertir que en estas actuaciones había requisitos incumplidos por los interesados, no obstante lo cual firmaron resoluciones y dictámenes que permitieron que las maniobras encubiertas siguieran adelante”.

Lo que no ha logrado saberse y que por ahora parece ser un secreto guardado bajo siete llaves en el juzgado federal 2, es el nombre de los tres funcionarios procesados, aunque su revelación es cosa de horas.

Lo que está claro, es que la investigación del caso no ha terminado.

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