A causa de la ejecución hipotecaria de unas 52.000 hectáreas, promovida por el Banco Central de la República Argentina contra la empresa Argencampo S.A., el pueblo de Los Toldos y los parajes El Condado y El Arazay podrían ser rematados.
Como consecuencia de esta grave situación, los vecinos del pueblo se autoconvocaron aprovechando la visita que iba a realizar el gobernador Juan Manuel Urtubey para inaugurar obras. Pero, la visita fue postergada.
Los manifestantes contaron, que querían consular al Ejecutivo provincial sobre un proyecto que aprobó la Cámara de Diputados que contempla la expropiación de las tierras y su entrega a los habitantes, con catastros asentados en la Dirección de Inmuebles. La iniciativa también prevé dar una solución a los lotes con superposición de títulos.
 

Sin embargo, la dilatación del debate en la Cámara alta y la falta de respuestas que lleven tranquilidad a la población los llevó a manifestarse por las calles del pueblo con pasacalles con leyendas en contra del diputado local, Rubén Acosta, a quien acusan de “traidor y entregador de tierras” y en repudio del intendente Eleudoro Iriarte.
Los lugareños dijeron que sólo quieren que se respete la propiedad de la tierra, que pertenecía a sus abuelos, incluso antes del 9 de julio de 1925, cuando ese solar se convirtió en territorio argentino, tras un acuerdo limítrofe bilateral que se concretó 13 años después. Piden, además, que se les entreguen los títulos que acrediten dichos derechos.
“Nuestro sueño es que cada toldeño tenga el título a su nombre. Lo de la expropiación es un absurdo total”, manifestaron los vecinos.
 

Comentaron que una duplicación de los registros catastrales hizo coincidir la extensión del pueblo con parte de las 72.000 hectáreas del campo de Argencampo SA. “Esa firma puso como garantía hipotecaria esas hectáreas al contraer un crédito que no pudo pagar. Por lo tanto el Banco Central, convertido en acreedor tras la liquidación de la entidad que había dado el préstamo, inició la ejecución hipotecaria ante el Juzgado Civil 34 de la ciudad de Buenos Aires, por una deuda de $ 6.309.000, más $30.000 de honorarios”.
Si el juicio prospera, tierras, caminos, una escuela primaria, un colegio secundario, el edificio de la Municipalidad y el Concejo Deliberante, el hospital, dependencias de Parques Nacionales que administra el Baritú y la reserva El Nogalar y de la Gendarmería -que hace de Aduana y Migraciones-, además de dos radios de FM, una usina hidroeléctrica y centenares de casas y fincas, pasarían a ser propiedad del banco acreedor.
 

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