Lejos de reflejar una participación amplia de empresas y ofertas, la lista de las que adquirieron pliegos de la licitación 05/12 acentuó los cuestionamientos que legisladores de la oposición llevaron a la Auditoría General ante el supuesto direccionamiento de las obras previstas en la ruta provincial 54.
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Lejos de reflejar una participación amplia de empresas y ofertas, la lista de las que adquirieron pliegos de la licitación 05/12 acentuó los cuestionamientos que legisladores de la oposición llevaron a la Auditoría General ante el supuesto direccionamiento de las obras previstas en la ruta provincial 54.
Solo uno de los cinco grupos que se muestran en carrera -el que integran Moncho, Ingeniero Medina y Noroeste Construcciones- parece sortear todos los condicionamientos de esta licitación. Los otros cuatro adquirentes son tres grupos de Buenos Aires y otra unión transitoria de empresas (UTE) del medio local, sin chances de llegar más allá de la apertura del primer sobre -el de los antecedentes empresarios- con las reglas imperantes.
Los pliegos, recordemos, exigen que cada una de las oferentes individuales o integradas en UTE tengan los impuestos a las actividades económicas y cooperadoras asistenciales pagados en Salta en los últimos cinco años. Deben acreditar, asimismo, una contratación de mano de obra salteña continuada durante por lo menos cinco años. Las oferentes están obligadas también a demostrar un patrimonio neto mayor a $36.750.000, que es el equivalente al anticipo del que se hará el grupo constructor adjudicatario antes de iniciar las obras proyectadas a tres años en la ruta 54. Entre las condiciones excluyentes, además, el pliego les exige la acreditación de certificados de capacidad para licitar emitidos por el Registro de Contratistas de Obras Públicas de la Provincia para la “especialidad de obras viales”.
Con todo, no podrían ni largar esta carrera en busca del contrato de $525 millones los tres grupos de Buenos Aires que figuran en la nómina de supuestos interesados. Uno de ellos es Comercial del Plata Construcciones (CPC), compañía que Cristóbal López, uno de los empresarios que lograron meteóricos enriquecimientos en el período kirchnerista, adquirió a precio de ganga en 2009 al grupo Soldati. Al filo del cierre de la venta de pliegos, que operó el pasado viernes, también inscribió su nombre JCR, la constructora de Juan Carlos Relats, otro de los zares de la obra pública K. Relats es el empresario que alquiló estos años el hotel que el matrimonio Kirchner construyó en El Calafate (Santa Cruz), por unos $10 millones anuales, y que está asociado con Electroingeniería (otra bendecida que comanda Gerardo Ferreyra) en las concesiones de peaje.
Curiosamente, la lista de las adquirentes foráneas se completa con la UTE Coprisa - Covico, dos empresas a las que Néstor Kirchner les adjudicó el cobro de los peajes sobre la ruta 34 en Salta, Tucumán y Santiago del Estero en octubre de 2003, y que fueron suplantadas desde 2009 en los puestos de peaje de Cabeza de Buey, Trancas y Fernández por la nueva concesionaria que conforman JCR y Electroingeniería. Según parece, ninguna de ellas reúne la totalidad de las condiciones, como tampoco la otra UTE local, que es una adquirente del quinto pliego. Este último grupo está encabezado por una constructora de la capital salteña, Juan Carlos Segura, y otra de Tartagal, Juan Pedro Garín. A ninguna se le conocen antecedentes en obras de pavimentación de rutas. Acreditan, sí, obras de enripiado, puentes, defensas y otros proyectos que no están relacionados de manera directa con la pavimentación de rutas. Garín ejecuta actualmente las obras de la sede judicial de Tartagal y entre los antecedentes de la constructora Juan Carlos Segura en el norte está el abandono de las obras del nuevo hospital de Tartagal, las que debieron ser terminadas por administración municipal durante la intendencia de Darío Valenzuela.