La comisario principal Beatriz Campos prestó declaración indagatoria ayer por la mañana ante el juez de Instrucción Formal 3, Pablo Farah, y, tras observar el video durante la audiencia, reconoció a quienes aparecen en la filmación como subalternos de la dependencia, pero aseguró desconocer los hechos. “No tengo conocimiento de casos de torturas por parte de mis subordinados dentro de la sede policial, ni de la filmación de ese video”, aseguró.

Campos, quien era jefe de la dependencia güemense en la fecha en la que se realizó la filmación de los apremios -entre junio y julio del año pasado-, manifestó que uno de los que aparecen en el tape, Marcos Gordillo, es fácilmente identificable. En tanto, a los otros dijo que aparentemente los conoce pero que, al no verse sus rostros con claridad, no puede arriesgarse a dar nombres.
Tras ser indagada, quedó en libertad porque aún no se estableció la fecha exacta en la que ocurrieron las torturas y, por lo tanto, no se puede precisar si ella estaba o no al frente de la comisaría en ese momento.
No obstante, sigue vinculada a la causa.
Campos era jefa de la Unidad Regional 1, pero está de licencia a raíz de las denuncias.
Las torturas tuvieron lugar en la comisaría 11, de General Güemes, supuestamente entre junio y julio del año pasado, aunque Tomás Arias, un agente del 911, cree que podrían haber ocurrido en abril.
Campos se presentó sin abogado y pidió defensa oficial.
 
Ausente

En tanto, un hombre identificado como Adolfo Frías, de quien la Policía sospecha que sería quien subió el video a internet, estaba citado para declarar ayer por la mañana, pero no asistió a la audiencia.
Su testimonio es importante ya que, en base a lo que diga, el magistrado determinará si enviará, o no, un oficio al sitio web YouTube a fin de obtener precisiones al respecto.
La causa está caratulada como “apremios ilegales calificados”.
Interviene la Fiscalía de Causas Policiales y Penitenciarias a cargo de forma interina de Guillermo Akemeier pero el lunes se hará cargo su titular, Gustavo Vidal Rey.
Hay seis efectivos policiales imputados y detenidos desde la semana pasada por el caso. Se trata del oficial Matías Aldo Cruz, el cabo Marcos Gordillo y el sargento primero Héctor Raúl Ramírez, defendidos por el abogado Pablo Cardozo; Alberto Antonio Ontiveros, quien es asesorado por el letrado Francisco Roberto Ortega; Leonardo Esteban Serrano, defendido por el penalista Santiago Pedroza, y el agente Roberto Augusto Barrionuevo, quien es representado por el abogado Aldo Primucci.
Todos, a excepción de Barrionuevo, sindicado como el camarógrafo de la sesión, se abstuvieron de declarar en dos oportunidades.
Fuentes judiciales informaron que “se está tratando de reconstruir el circuito del video, precisar quién lo grabó, la fecha en que lo hizo”. Por ahora hay un entorno de misterio en relación con la filmación.

Control estatal y de una ONG

El Estado, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y la ONG Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia no podrán constituirse como querellantes de la causa tal como estaban interesados, puesto que deben ser damnificados directos, es decir, las víctimas, su defensa y familiares. Sin embargo, por orden del juez Farah todos podrán tener participación. Mediante una resolución notificada ayer, el magistrado resolvió aceptar la participación solicitada por el fiscal de Estado Ramiro Simón Padrós. Dispuso autorizar su intervención “en representación de la Provincia de Salta, de acuerdo con los intereses que invoca y en atención a su función de garante de los derechos humanos, consagrados en los tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad por imperio del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional”. El Estado provincial podrá intervenir con la finalidad de prestar la colaboración necesaria para la investigación y consecuente castigo de los culpables. Por otra parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Lucas Godoy, se hizo presente en el juzgado. En este caso, podrán asumir la figura de “amicus curiae”, es decir, amigo de la corte o tribunal, por lo que estarán informados acerca del avance de la causa. En tanto, Susana Aramayo, titular de la ONG Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia, también se constituyó en el despacho del juez Farah y podrá controlar el proceso, participar de las audiencias y observar el expediente.
 

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