Se desvanece la trama conspirativa denunciada por Amado Boudou. Ayer, el fiscal federal Jorge Di Lello pidió el sobreseimiento de todos los acusados por el vicepresidente de haber intentado venderle protección judicial y de ofrecerle dinero en nombre de la empresa Boldt, hecho que denunció en su exposición en el Senado en medio del escándalo del caso de la ex-Ciccone.

El magistrado se pronunció por el sobreseimiento de los abogados del estudio del exprocurador general de la Nación Esteban Righi, acusados por el vicepresidente por presunto tráfico de influencias. Cabe recordar que por esta denuncia el letrado tuvo que abandonar su cargo.

“Ninguna conducta delictiva es posible arrogar a los nombrados”. De esta manera es que el fiscal también postuló desestimar la denuncia contra el presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi. También fue sobreseído Antonio Tabanelli, ex presidente de Boldt, la empresa competidora y rentadora de la ex-Ciccone Calcográfica.

El pedido alcanzó a los abogados Ana María García, esposa de Righi; María José Labat, cónyuge del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, y Fabián Musso, integrante del estudio del ex procurador.
Las acusaciones de Boudou fueron realizadas en el marco de la causa que investiga si el vicepresidente incurrió en negociaciones incompatibles con la función pública.

La Afip justificó su rol

La Afip defendió el miércoles ante el juez Ariel Lijo su actuación en el caso Ciccone, en el que primero pidió la quiebra de la empresa y después consintió el levantamiento de la medida para luego otorgarle un plan de facilidades de pago de 240 millones de pesos. La defensa del organismo estuvo a cargo del subdirector general, Guillermo Michel quién sostuvo que le enviaron una nota a Boudou señalando que su opinión era “determinante” para consentir las facilidades a la ex-Ciccone.

¿Quién es el dueño?

La polémica por la estatización de la Compañía de Valores Sudamericana, la exCiccone, se profundizó luego de que el fiscal de la causa, Jorge Di Lello, exigió saber quiénes eran los verdaderos dueños de la empresa.
La expropiación fue oficializada en el boletín oficial pero la identidad de los ahora ex accionistas mayoritarios es desconocida.

Ello a pesar de que están siendo investigados por la Justicia por el delito de lavado de dinero, entre otras maniobras ilícitas por las que incluso podría ser indagado el vicepresidente, Amado Boudou. Di Lello le pidió al juez Ariel Lijo librar un oficio a la Casa Rosada y otro al juez comercial del caso, Javier Cosentino, para evitar que los sospechosos anónimos cobren tras la estatización sin que antes den a conocer sus nombres reales.

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