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Golpiza al rugbier: los policías quieren llegar hasta la Corte

Viernes, 18 de enero de 2013 08:27
El caso va tomando mayor dimensión, pero hasta el momento no hubo versiones oficiales del Gobierno. 
La Brigada, Inteligencia, Policía Motorizada, el 911, la Comisaría Segunda y la División Trata de Personas, fueron del operativo.

El juez en feria Pablo Arancibia rechazó ayer el amparo presentado por la defensa de cinco de los 14 policías involucrados en la golpiza que recibió el joven rugbier Gerónimo Saravia en un confuso episodio ocurrido en la madrugada del 22 de diciembre durante un fuerte operativo policial que incluyó a varias dependencias y un persecución por las calles del centro salteño.

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El caso va tomando mayor dimensión, pero hasta el momento no hubo versiones oficiales del Gobierno. 
La Brigada, Inteligencia, Policía Motorizada, el 911, la Comisaría Segunda y la División Trata de Personas, fueron del operativo.

El juez en feria Pablo Arancibia rechazó ayer el amparo presentado por la defensa de cinco de los 14 policías involucrados en la golpiza que recibió el joven rugbier Gerónimo Saravia en un confuso episodio ocurrido en la madrugada del 22 de diciembre durante un fuerte operativo policial que incluyó a varias dependencias y un persecución por las calles del centro salteño.

Tras la detención, el joven recibió una feroz golpiza por parte de efectivos policiales, aunque nunca hizo la denuncia.

Por otra parte tampoco se cumplieron los pasos de rigor en lo que concierne a procedimientos policiales de tal magnitud. La sospecha es que inicialmente se intentó ocultar todo, pero que luego de publicada la noticia por El Tribuno, comenzaron las denuncias y los sanciones que terminaron con decenas de policías afectados. Algunos de ellos, según el recurso de amparo que se rechazó ayer, ni siquiera estuvieron en el lugar de la detención, por lo que ahora queda la vía de la apelación ante la Corte de Justicia de la Provincia, de acuerdo a lo que adelantó la defensa.

Con todo esto, el caso va tomando una dimensión cada vez mayor, aunque hasta el momento no se conocieron versiones oficiales ni de la Policía, ni del ministerio de Seguridad sobre el operativo en el que participaron seis dependencias policiales: la Brigada de Investigaciones, Inteligencia, Policía Motorizada, el 911, la Comisaría Segunda y la División Trata de Personas.

El juez resolvió no hacer lugar a la acción de amparo promovida por Wilson Amilcar Estrada, Dante Miguel Siarez, Rolando Matías Torres, Juan Sebastián García y Alejandro Julio Tolaba, todos efectivos que prestan servicios en la Seccional Segunda, contra la decisión de la Jefatura de la Policía de ponerlos en disponibilidad como consecuencia del resultado del operativo policial. El magistrado consideró que existen recursos alternativos, como la vía administrativa o jerárquica en el ámbito de la Seguridad, antes de llegar al amparo. “Están obligados a agotar la vía administrativa antes de llegar a la instancia expeditiva del amparo”, señalaron desde Ciudad Judicial.

Mientras tanto, el abogado defensor de los policías, Felix Arancibia, anticipó que apelarán ante la Corte de Justicia de Salta y tampoco descartó la vía de un recurso federal para llegar incluso a la Corte Suprema de la Nación.

El magistrado sostuvo que “tal vía o la judicial ordinaria, no se advierten como potenciales productoras de daños irreparables, ya que tal como lo manifestara la contraria, la suspensión preventiva en las funciones, con pase a disponibilidad, no se considera sanción administrativa sino que simplemente es una medida cautelar tendiente a lograr una investigación criminal, sin la participación de los presuntos autores ejerciendo la función pública, máxima si tal cautelar no solo es provisoria sino que tiene un plazo máximo de duración de 30 días. Sin duda alguna, la calidad de imputados o no en dichas actuaciones, será materia de debate y prueba en el pertinente proceso, ajeno a las presentes actuaciones”, aseguró el juez.

En tanto, el abogado defensor Félix Arancibia, afirmó que la resolución que determina la suspensión de sus defendidos, “no señala en ningún momento que la medida es provisoria y con un plazo máximo de duración de 30 días”.

Expresó además que existe una clara afectación de los derechos constitucionales de los cinco policías sancionados e insistió en que toda la documentación obrante da cuenta que esos efectivos sancionados no estuvieron cerca de los hechos ya que recibieron una orden para replegarse.

 Un procedimiento irregular que se suma a las sospechas

Irregularidades en los procedimientos, actuaciones a destiempo, órdenes y contraórdenes suman confusión y un manto de sospechas sobre lo que pasó en la madrugada de 22 de diciembre. Cerca de 20 móviles rodearon a un vehículo que venía en fuga desde la ruta 26 y que cruzó por varias calles del centro salteño, incluso en contramano. El procedimiento ocurrió entre las 4 y las 5 de la madrugada de ese día.

Según los informes obrantes de cada una de las dependencias que tomaron parte del operativo, inicialmente había órdenes claras para sumarse a la persecución y detención del vehículo ante la sospecha de un secuestro.

Al confirmarse que se trataba de una falsa alarma, los detenidos fueron trasladados a la Comisaría Segunda, aunque en los informes no se establecen detalles del momento de la detención y cómo fue que el conductor del vehículo sospechoso, el rugbier Gerónimo Saravia, terminó mal herido en el Hospital.

Por el hecho no hubo denuncias del joven en el momento, aunque la fiscalía intervino después de publicada la nota en El Tribuno. Luego de ello se establecieron denuncias por “vejámenes agravados” contra policías no identificados y por resistencia a la autoridad, contra Saravia.

No obstante existen otras serias irregularidades en el procedimiento policial que suman incertidumbre en torno del caso y que presumen una especie de pacto de silencio para ocultar todo lo ocurrido.

POLICÍA MOTORIZADA | El informe dice que tuvieron que usar la fuerza públia by On Line Tribuno

Sin Criminalística

En primer lugar y tratándose de una persecución con heridos y daños materiales, tanto en los vehículos oficiales como en el auto en fuga, nunca se dio parte al área de Criminalística de la Policía para que los peritos determinen y tomen pruebas del operativo.

También resulta extraño que los detenidos hayan sido trasladados a la Comisaría Segunda, cuando en realidad la ley obliga a que sean trasladados a hacia la Alcaidía.

Otro punto irregular resulta ser que luego de ser conducidos a la Segunda, cuatro de los ocupantes del vehículo fueron trasladados hacia la Alcaidía, mientras que Saravia fue conducido a la Central de Policía y de allí al Hospital San Bernardo.

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