Una mujer de 77 años está internada sin su consentimiento en un geriátrico de Cafayate de acuerdo a una denuncia que se tramita en el Poder Judicial. La defensora oficial civil Natalia Buira presentó un hábeas corpus para que la Justicia ordene que regrese a su casa en Salta Capital.

Rosalía Rivas es jubilada y vivía sola en Villa Chartas. En julio de 2011, parientes de Catamarca le dijeron que la llevarían con ellos a esa provincia vecina para que estuviera acompañada.

Una vez en Catamarca, sus familiares la dejaron en un geriátrico. Al poco tiempo, la trasladaron a otra residencia para mayores de Cafayate, donde permanece hasta ahora.

La defensora oficial Natalia Buira presentó un hábeas corpus para que la Justicia ordene que la mujer salga de la institución donde está alojada. La demanda reclama que la lleven de regreso a su casa y que la Provincia le ofrezca apoyo de acompañantes terapéuticos.

Buira resaltó que en el caso hay una “privación ilegítima de la libertad” y además reclamó por el desarraigo que implica para la mujer haberla sacado del lugar donde pasó toda su vida.

La funcionaria presentó pruebas de que algunos familiares de Rosalía estarían ocupando su casa en Villa Chartas.

La demanda también detalla que la mujer nunca dio su consentimiento expreso para que la dejaran en el geriátrico de Cafayate, que no quería vivir en una institución y que se aprovecharon de su “extrema vulnerabilidad”.

La denuncia además describe que Rosalía casi no recibe visitas desde que la alojaron en la residencia del interior provincial.

Rosalía Rivas se jubiló como empleada administrativa estatal. Durante mucho tiempo trabajó en la biblioteca de la Legislatura de Salta y también fue docente.

Tiene problemas de salud y no hay familiares cercanos que la acompañen en Salta. La internación se hizo con el consentimiento de una sobrina de Catamarca.

Natalia Buira intervino en el caso a pedido de María Elena Jiménez, que es presidenta de la ONG dedicada a los derechos ciudadanos “Red Sol” y ayudaba a la anciana cuando vivía en la Capital.

María Elena Jiménez y otras personas solidarias habían logrado que Rosalía tuviera asistencia de acompañantes especializados en contener a mayores en su casa de Villa Chartas antes de que se la llevaran.

Jiménez denunció que visitó a la mujer en el hogar de Cafayate y que su estado de salud empeoró desde que la dejaron ahí porque “sufre una gran angustia”.

La causa está a cargo del juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Marcelo Domínguez. El hábeas corpus se presentó el 4 de febrero, tras el receso judicial de enero.

 Un amparo que pedía más control

La ONG Red Sol presentó en septiembre de 2012 un recurso de amparo para denunciar falta de controles a los geriátricos de la provincia.

La demanda, que se hizo con el apoyo del gerontólogo Claudio Díaz, señalaba que muchas residencias de adultos se habían convertido en una suerte de depósito para personas mayores.

La acción judicial pedía que los establecimientos respeten requisitos como contar con personal especializado, talleres artísticos o espacios abiertos para la recreación.

La demanda se inició contra el Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia y la Municipalidad de Salta.

La denuncia se presentó ante la jueza en lo Civil y Comercial Beatriz del Olmo con el patrocinio de la defensora oficial civil Natalia Buira.

La demanda pedía también que se busquen opciones para evitar que los mayores sean internados. Una de las alternativas sería que haya acompañantes terapéuticos para asistirlos en sus casas.

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