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15 de Mayo,  Salta, Centro, Argentina
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Se complica acuerdo con Irán por causa AMIA

Martes, 16 de abril de 2013 12:31

El acuerdo entre la Argentina e Irán por la investigación por el atentado contra la AMIA quedó empantanado en una “cuestión de competencia”, ya que la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María Alejandra Biotti consideró que debe ser el juez federal Rodolfo Canicoba Corral quien determine sobre la constitucionalidad del tratado.

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El acuerdo entre la Argentina e Irán por la investigación por el atentado contra la AMIA quedó empantanado en una “cuestión de competencia”, ya que la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María Alejandra Biotti consideró que debe ser el juez federal Rodolfo Canicoba Corral quien determine sobre la constitucionalidad del tratado.

La jueza Botti derivó la presentación al magistrado, al alegar que es él quien ya investiga el atentado y reclama las detenciones de los iraníes. Si él también se excusa, podría intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Biotti suscribió un dictamen del fiscal Fabián Canda y se declaró “incompetente” para entender en el planteo que formuló semanas atrás la comunidad judía a través de una presentación conjunta de la AMIA y la DAIA.

Las entidades judías pidieron la “inconstitucionalidad del memorándum de entendimiento” con Irán.

Determinar la competencia

Canicoba Corral deberá determinar ahora si la causa es de su competencia o no, y en caso de rechazar el expediente, por tratarse de dos fueros distintos, deberá resolver la Corte Suprema de Justicia a qué juez le corresponderá continuar con el trámite judicial.

El magistrado tiene a su cargo la investigación por el atentado contra la AMIA, pero el planteo de la comunidad judía no apunta a nada vinculado con el hecho en sí sino al entendimiento con Irán para avanzar en el esclarecimiento.

La Corte Suprema, por su parte, ya estudia un planteo similar sobre el acuerdo con Irán presentado por Daniel Lipovetzky de la Asociación de Abogados en Propuesta Peronista, pero la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, opinó que el máximo tribunal no debe intervenir como instancia única y originaria. 

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