Los riesgos para la infancia en Joaquín V. González ya fueron noticia a principios de 2012, cuando la Policía detuvo a un hombre que estaba abusando de una nena de 11 años al costado de la ruta 41. Diversas fuentes dejaron trascender entonces que no era un caso aislado, sino un problema instalado en esta localidad del sur provincial, donde la muerte de una nena de 9 años vuelve a recordar que Salta está entre las provincias con más femicidios del país.
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Los riesgos para la infancia en Joaquín V. González ya fueron noticia a principios de 2012, cuando la Policía detuvo a un hombre que estaba abusando de una nena de 11 años al costado de la ruta 41. Diversas fuentes dejaron trascender entonces que no era un caso aislado, sino un problema instalado en esta localidad del sur provincial, donde la muerte de una nena de 9 años vuelve a recordar que Salta está entre las provincias con más femicidios del país.
El hombre que quedó acusado de delitos contra la integridad sexual en enero del año pasado dejó expuesto que la explotación de niños estaba naturalizada para muchos en la zona. Para defenderse dijo que la menor “ejercía la prostitución”, con lo cual demostró que ignoraba que es ilegal tener relaciones con menores de edad.
Incluso la ministra de Derechos Humanos de la Provincia, María Pace, salió a decir en ese momento que eran frecuentes estas situaciones en este sector del interior provincial.
“La cuestión de los abusos sexuales en Anta es recurrente... son casos reiterados. Esto muestra una matriz... Son delitos de adultos contra niños que pueden tener diferentes matices...”, había señalado la funcionaria al ser consultada sobre el tema.
Pace también destacó entonces que chicas de Anta habían tenido que ser rescatadas de la trata de personas, y dijo que se necesitaba la intervención “del Estado y la sociedad” para enfrentar lo que ocurría.
En enero de 2012 se formó en Joaquín V. González una red multisectorial que debía hacer campañas de prevención y concientización sobre los problemas relacionados con la infancia. En la organización estaban el Concejo Deliberante, el Programa de Atención Primaria de la Salud, las escuelas del lugar y el juzgado de Anta, entre otras instituciones.
La muerte de la nena de 9 años en Joaquín V. González se suma a los asesinatos de al menos seis mujeres en lo que va del año en la provincia.
Con 18 casos, Salta se ubicó en 2011 como la provincia con más femicidios por habitante -definidos como el homicidio de una mujer-. En 2012 estuvo en tercer lugar, con al menos 16 víctimas, y solo la superaron Jujuy y Santiago del Estero.
Las cifras surgen de la información que publican los medios de comunicación, ya que ningún organismo oficial lleva un registro sobre el tema. Además, el año pasado hubo en la provincia más de 22.000 denuncias por violencia en el hogar, que tienen como víctimas a las mujeres y los niños en la gran mayoría de los casos.
Las estadísticas judiciales también advierten que hay un promedio de, al menos, dos denuncias diarias por abuso sexual solo en el área que abarca a Salta capital y otros 13 departamentos.
A esto se suma que hay en la provincia por lo menos siete mujeres desaparecidas que son buscadas por sus familias desde hace meses o años.
Necesidades y falta de empleo
La nena de 9 años que encontraron sin vida el domingo en Joaquín V. González había salido a vender bollos el día anterior. El dato habla de una realidad social complicada por las necesidades económicas en esta localidad del interior provincial.
Joaquín V. González es la ciudad cabecera del departamento de Anta, donde hay más de 60.000 habitantes según el censo 2010.
En esta parte de la provincia hay producción de granos, pero se estima que de cada 100 pesos que aportan las retenciones de soja, solo regresan 30 centavos.
El 40 por ciento de la población de esta zona estaba por debajo de la línea de pobreza, de acuerdo con los últimos indicadores que publicó la Provincia, correspondientes a 2001.
La casi nula industrialización de la producción implica que se generan pocos puestos de trabajo para las familias de la zona, que no logran romper el círculo de la pobreza.
El año pasado, medios de diferentes puntos del país reflejaron la historia de decenas de chicos del lugar que no tenían otro medio para llegar a la escuela que un carro tirado por caballos.
Es que muy pocos padres podían reunir los 150 pesos por mes que cobraban los transportes escolares y muchos elegían esta forma de viajar, que costaba unos 30 pesos por mes.
Otro dato que refleja la situación que atraviesa la zona es que, hasta el año pasado, el 64 por ciento de las causas que recibía la Justicia en este departamento estaban relacionadas con la violencia familiar.