Comenzó el sábado pasado un nuevo acuerdo de precios en el que 500 productos de una lista negociada entre el Gobierno y las empresas no podrán tocarse. Sus valores son inamovibles. El plazo no está definido, lo que sí quedó en claro para los supermercados adheridos es que dependiendo de la magnitud del incumplimiento podrán llegar a pagar hasta $5 millones. Así lo prevé la ley nacional de defensa del consumidor en su artículo Nº 47, donde establece que verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de la siguiente infracción: “Multa de $100 a $5.000.000”. Claro que para ello el artículo 49 de esa norma prevé que la sanción dependerá de “la cuantía del beneficio obtenido, la posición en el mercado del infractor y la gravedad de los perjuicios sociales derivados de la infracción”.

A pesar de que ya arrancó la vigencia del acuerdo, hace menos de una semana, los súper adheridos en Salta no conocen en profundidad cómo el funcionarán las multas. “Hay varios elementos de este nuevo acuerdo que no quedaron muy claros. Lo de las multas no sabemos cómo funcionan, no lo informaron”, explicó a El Tribuno el encargado de un negocio adherido al acuerdo. “Vamos a respetar los precios en la medida en nos acompañen los proveedores”, dijo el propietario de un supermercado ubicado en Paraguay al 2.500. Agregó que “a los controles los vamos a aceptar”. En Salta la Secretaría de Defensa del Consumidor tiene la potestad para recibir denuncias y determinar el monto de las multas. “El acuerdo se encuentra enmarcado en el artículo 7§ de la ley que protege a los consumidores. Habla de la oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados”, explicó Santiago Godoy, secretario de Defensa del Consumidor.

Cuando arrancó el primer acuerdo que se programó de febrero a junio, no se registraron denuncias, según informó ese organismo, y se trataba de un convenio donde se incluyó la totalidad de los productos que se comercializan en un súper, ahora solo 500 forman el acuerdo.

Los supermercadistas que dialogaron con El Tribuno dejaron entrever que varios puntos no quedan en claro. Saben que 500 productos no pueden moverse, que serán sancionados (aunque no bajo qué parámetros) y que no hay plazos.

Detalles

No todos los súper tienen la misma lista. Hay una por cadena adherida al acuerdo aunque todas sí tienen 500 productos que abarcan los de primera y segunda marca. Desde azúcar, aceites, leches, carnes y verduras hasta aperitivos, productos de perfumería y vinos. Lo que sorprende es que la canasta contiene poca variedad de productos de primera necesidad, comparada con otros como vinos, por ejemplo, contra unas cuantas marcas de harina.

Las sucursales de una misma empresa no podrán tener precios diferenciados, independientemente de donde se ubiquen en todo el país. “Los precios van a ser los mismos desde Jujuy hasta Ushuaia. Los productos en el interior no tendrán recargo por flete”, expresó el gerente de un hipermercado.

Controles y efectividad

Bajo el programa Mirar para Cuidar, el Gobierno nacional delegó el control de los precios en agrupaciones políticas, asociaciones de jubilados y civiles.

En Salta, un supermercado confirmó que militantes de La Cámpora acudieron este fin de semana a distintas sucursales para controlar los precios.

“Un supermercado es un espacio público. Puede entrar quien quiera. Lo que sí pedimos es que cuando vengan a controlar los precios lo hagan con respeto, y sin soberbia”, dijo el encargado de un supermercado.

La Secretaría de Defensa del Consumidor manifestó que si bien ellos tienen sus propios inspectores, el éxito de los acuerdos depende principalmente de la participación de los consumidores.

La efectividad de los congelamientos de precios es una cuestión ampliamente debatida por los economistas. Argentina recurrió en reiteradas oportunidades a esa medida. Se argumenta que se trata de una medida cortoplacista que se toma sin la utilización de políticas más profundas que combatan la inflación de raíz, como la inversión en infraestructura productiva. De ese modo solo se coloca un parche sobre el problema, motivo por el que aparece con mayor fuerza cada vez que se lo tapa.

La inflación prevista para el 2013 llegará al 27%, según las estimaciones privadas, un valor ampliamente superior a los datos que pronostica el Indec, que no superan el 11% anual.
 

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