Ella dejó un bebé de nueve meses. Su muerte, cuando estaba embarazada de 90 días, algo más que dudas en su entorno. Natalia Arias, de 19 años, fue hallada sin vida el domingo pasado en un descampado del barrio San Alfonso, en la zona sudeste de esta capital y las causas de su deceso se habrían producido por asfixia.

Parece un suicidio, pero la familia de la muchacha cree que su concubino, de 18 años, fue quien la asesinó.

Al respecto, su madre Lidia López dijo a El Tribuno: “Supuestamente ella se ahorcó, pero tiene moretones en la cabeza y toda la pierna izquierda lastimada, como si le hubiesen tirado agua hirviendo”.

“Ella a veces venía a pedirme plata para comer y me contaba que él le pegaba. Tengo muchos testigos que saben que él golpeaba a mi hija y quiero que este hecho se esclarezca porque ella no se mató; a mi hija la mataron”, aseguró la mujer.

Las falencias de siempre

Tanto la familia de la víctima como sus vecinos denunciaron un serio error en el acta de defunción. El documento dice que su deceso se produjo a las 18 del domingo, “pero eso no es cierto -aseguraron a El Tribuno - porque nosotros nos enteramos de que había muerto cerca de las 14. A las 18 ya estábamos todos ahí donde la hallaron. ¿Cómo es posible que hayan puesto esa hora si no es cierto?”, se preguntaron.

Además, la familia acusó a la fiscal penal Gabriela Buabse “porque no se hizo presente después que ella falleció. Queremos que investiguen lo que pasó, porque las marcas que tiene no son de alguien que se quitó la vida”.

“Su pantalón no tiene ni un rayón y una de sus piernas está herida”. Se supo que tras el hallazgo del cuerpo, el compañero y sospechoso fue apresado, pero horas después recuperó su libertad. “Mucha gente vino y me dijo que había otra persona llena de rasguños que podría tener algo que ver con el crimen, pero yo no sé nada y le pido a la gente que si sabe algo, que avise para que se sepa la verdad de lo ocurrido”, dijo López.

“No por ser pobres vamos a dejar que este caso quede impune”, agregaron los presentes. La mujer, quien reside en una pequeña vivienda del barrio San Ignacio, tuvo 16 hijos y con Natalia son tres de ellos los que fallecieron en estos últimos años.

Curiosamente, en 2011, El Tribu no le realizó una entrevista a la madre de la joven fallecida, cuando otra de sus hijas, identificada como Estefanía Arias y adicta al paco, ingresó a robar a un domicilio pero se arrepintió y se echó a llorar desconsoladamente.

En esa oportunidad, López contó que el problema familiar empezó en 2004 cuando dos de sus hijos decidieron quitarse sus vidas a causas de la droga y el alcohol.

Hoy, a nueve años de las muertes, sus vecinas contaron que “esa familia no tiene contención y mucha gente en el barrio los odia porque los chicos son drogadictos”.

Con respecto al fallecimiento de Natalia, Lidia ahora tendrá que educar al niño que pese a tener nueve meses de edad, aún no posee el documento nacional de identidad.

Los fiscales no inspiran confianza a las familias de las víctimas

Tras la reforma del Código Procesal Penal, los fiscales se hicieron cargo de las causas que antes eran llevadas a cabo por los jueces de Instrucción. El hermetismo con que se manejan los funcionarios y las dudas que generan algunas decisiones alimentan por ahora críticas de las familias de las víctimas de crímenes, que se sienten desoídas.

Un ejemplo lo ofrece el fallecimiento de Marcos Ortega, el 17 de junio pasado, quien supuestamente se arrojó del automóvil que conducía en la Circunvalación Sureste y falleció horas después en el hospital San Bernardo. La familia del joven sospecha que lo mataron. Pese a la denuncia, el fiscal penal de Cerrillos, Federico Gabriel Portal, no secuestró las prendas de vestir del joven ni los teléfonos celulares de los involucrados. Es más, en Cerrillos se asegura que el auto fue lavado tras el hecho. El fiscal no quiso hablar con El Tribuno pero cuestionó a la familia de Ortega por manifestar sus dudas. Su actuación dejó la sospecha de que Portal, incluso, había confundido el lugar del hecho.

Marcelo Zigarán, dueño del local donde funcionaba el restaurante Asia Gourmet y que fue desmantelado por su inquilino, el chino Chem, que se fugó y dejó $1.000.000 de deudas, culpó a la fiscal penal Soledad Romero Nallar quien “jamás vino a mi local a verificar lo ocurrido”.

En el caso de San Alfonso, además de no coincidir el acta de defunción con el horario de la muerte de Natalia Arias, su familia pidió que la fiscal Gabriela Buabse verifique las lesiones de la joven. “Ni siquiera fue al lugar de los hechos”, se quejaron.
 

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