La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) señaló ayer que en la Argentina la libertad de prensa está “seriamente deteriorada” porque “informar, opinar, criticar e investigar al Gobierno es asumir el riesgo de la persecución estatal”.

El documento de Adepa se conoce sólo dos semanas después de que la Sociedad Interamericana de Prensa advirtiera sobre una situación similar en Salta, donde la entidad formuló una severa advertencia al gobernador Juan Manuel Urtubey en relación con sus acusaciones y la de sus colaboradores acerca de imaginarios vínculos de El Tribuno con la delincuencia y el narcotráfico.

La entidad que nuclea a los editores de diarios dijo que, entre otros, los métodos que se utilizan para condicionar la libertad de expresión son la “pauta oficial”, la “cooptación” de medios, la “autocensura” y las “represalias”, entre las que incluyó el “boicot publicitario” que sufren los diarios Clarín, La Nación, Perfil y El Cronista, entre otros, “instigado por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno”.

Entre los modos de presión, el Informe de Adepa marcó que “existen funcionarios nacionales y en algunos casos también locales que recurren de manera corriente a la calumnia y la difamación contra editores, llevan adelante campañas estigmatizantes y señalamientos públicos contra periodistas y ciudadanos que se atreven a expresar una opinión diferente a la oficial”.

Contra las represalias

Adepa dio a conocer el informe de la Comisión de Libertad de Prensa en la Asamblea Anual que se lleva a cabo en la ciudad de Bolívar (Buenos Aires), en el que puntualizó que el Gobierno “sustituye las conferencias de prensa por entrevistas a medida o emplea reiteradas cadenas audiovisuales para un discurso pretendidamente liberador”.

En el comienzo de las conclusiones la entidad expresó que “la libertad de expresión no implica sólo poder decir lo que se piensa”, sino que implica “poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Y, además, que existan medios donde poder ejercerla. Esa libertad, así concebida, es la que está en riesgo en la Argentina”, denunció.

“Porque hoy informar, opinar, criticar e investigar al Gobierno es asumir el riesgo de la persecución estatal y de la inviabilidad de los medios que la ejercen”, agregó en el informe.

Según consideró Adepa, “los ataques a la prensa, la intolerancia ante voces disidentes y la dilación permanente a sancionar una ley de acceso a la información pública cuestionan dos principios básicos del sistema democrático: los derechos de los ciudadanos a expresarse sin represalias y a controlar los actos de gobierno”.

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