El exgobernador de facto Roberto Augusto Ulloa, se presentó en el juzgado Federal 2 de la capital salteña, a cargo del juez Miguel Antonio Medina. Es la primera vez que el exmandatario concurre como imputado en una causa por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo y pese a las casi dos horas que estuvo en el lugar, solo presentó una nota donde justificó su abstención a declarar.

El llamado fue en el marco del sumario por “falso testimonio” por lo que declaró en su momento como testigo sobre la desaparición Aldo Melitón Bustos (el 2 de febrero de 1978, en Tartagal) y de Ramón Gerardo “Chicho” Gallardo (el 5 de agosto de 1976, en la capital salteña). Llegó al juzgado en calle España, casi Dean Funes, junto a su defensor Pablo Louthier, pasadas las 7.30.

A grandes rasgos, debido a su avanzada edad -el mes pasado cumplió 90 años-, se refirió a su presencia para dar cumplimiento a la causa procesal. Subrayó sus problemas de salud y su falta de memoria. El fiscal Eduardo Villalba le preguntó si quería contestar cuestiones puntuales de la causa y el capitán de navío prefirió no hacerlo, al menos en ese momento. Así mismo manifestó su voluntad de volver cuando la Justicia salteña lo disponga, según fuentes consultadas por El Tribuno.

Ulloa habló en términos generales y no quiso ahondar en temas puntuales de la causa. Excusándose en su estad de salud, no pudo dar certezas de lo que dijo o no dijo, siempre dejando en claro que no tiene problemas en presentarse nuevamente.

Las penalidades

Después de que el capitán Ulloa sea indagado, el juez Miguel Antonio Medina seguramente convocará a testigos y tras la incorporación de otras pruebas emitirá su dictamen . En caso de que el anciano marino sea procesado se le aplicará la figura del artículo 275 del Código Penal por el delito de “falso testimonio” que prevé una pena de 1 a 10 años prisión.

Al exgobernador de facto se lo observo físicamente deteriorado, le sangró la nariz y se notó la falta
de audición. Hace dos años Ulloa manifestó que siendo gobernador, en Salta no hubo guerra subversiva y que desconocía de los casos de desaparecidos en Salta.

“Al tener la responsabilidad máxima no podía desconocer qué estaba pasando en Salta”, dijo Tania
Kiriaco, abogada de los derechos humanos.

 

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