Sin gravar la renta financiera, aumentar los impuestos al juego ni modificar la regresiva estructura tributaria del país, el Gobierno busca instalar en la opinión pública una falsa disyuntiva económica: en idioma futbolero, algo así como asalariados versus excluidos. A casi veinte meses de dejar el poder, la Presidenta ya admite que el modelo no puede contener a todos. O pone plata en la parte más inferior de la pirámide -como hizo con el aumento de las asignaciones familiares y por hijo- o beneficia a un sector mejor ubicado en la distribución del ingreso, otorgando la suba en el mínimo no imponible de Ganancias. Ambos sectores, con preminencia de los desocupados y jubilados, vienen siendo castigados por el mismo flagelo: una inflación que baja lentamente, pero a costa de un parate casi en la generación de empleo. El discurso de la jefa de Estado buscó dejar en off side a Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, que esta semana volvieron a protestar. Allí, en medio de aplausos y festejos de La Cámpora, se blanqueó algo que hasta ahora venía siendo percibido por los economistas pero ocultado por la Casa Rosada: el ajuste ortodoxo que se está produciendo será pagado casi íntegramente por los asalariados, la gran mayoría de ellos pertenecientes a la clase media. No es casualidad que en esa franja de ingresos, que supo tener cautiva por años el kirchnerismo, estén tan fuertes Sergio Massa o Mauricio Macri. Ellos dos, y en menor medida Daniel Scioli, buscan transformarse en los referentes de un sector que supo ser próspero pero que ahora se está resintiendo por la inflación y la excesiva carga impositiva que pesa sobre sus espaldas. A eso, hay que sumarle la inminente quita de subsidios en los servicios públicos, que en algunos casos llegarán al 400 por ciento. En los más de diez años de kirchnerismo en el poder, una de las grandes deudas pendientes es la no realización de una profunda reforma tributaria. Un indigente paga 21 por ciento de IVA cuando compra pan, fideos, leche o azúcar. Un multimillonario paga exactamente lo mismo, lo que desde la lógica económica suena a un absurdo. Uruguay, por ejemplo, decidió hace unos meses bajar el impuesto al valor agregado en los productos de primera necesidad, para favorecer a los sectores más postergados por ese tributo. Argentina no solo no hizo lo mismo, sino que utiliza el IVA como su principal fuente de financiamiento mientras sigue cortado el crédito internacional. Una reducción de ese impuesto bajaría la inflación para los más pobres y fomentaría aún más el consumo en el país. Pero Cristina no está dispuesta a hacerlo.

“Tocar el IVA dejaría al Gobierno con muy pocos recursos para enfrentar los vaivenes económicos que se están produciendo. Mientras Cristina sea presidenta, que se olviden de una reforma impositiva de esas características”, señaló a El Tribuno un importante legislador del oficialismo que pidió reserva de su identidad. Si bien los gremios más críticos vienen insistiendo en una eliminación del impuesto al salario como se conoce a Ganancias-, son pocos los que creen que eso sea posible, ya que las cuentas públicas del país están en su nivel más bajo de los últimos cinco años. El consumo se derrumbó en casi todos los rubros, las suspensiones en la industria automotriz ya no son aisladas, el crecimiento de la economía sería casi nulo y las paritarias se están negociando muy por debajo de la suba de precios. Está claro: 2014 no será un año para tirar manteca al techo para nadie. Pese a eso, hay gastos superfluos del Estado que no se redujeron ni se reducirán: Fútbol para Todos cuesta cada vez más caro, aumentan los gastos de publicidad estatal y el Ejército prepara una costosa fiesta para envalentonar al polémico César Milani. ¿Alcanzaría la plata para subir el piso de Ganancias si se disminuyen los fondos para esas cuestiones? Quizás no totalmente, pero una medida de ese tipo serviría para que el Gobierno deje de ser corrido por izquierda y fundamente aún más su mezquina postura actual. Lo que se le reclama a Cristina, incluso desde los sindicatos aliados, es que una persona que gana 12 mil pesos de bolsillo -15 mil bruto- los perciba íntegramente. El objetivo no es otro que custodiar los aumentos conseguidos en paritarias, uno de los grandes logros de la “década ganada”, y que no terminen en las abultadas arcas de la AFIP. No tocar el mínimo de Ganancias es, en parte, desvirtuar las negociaciones salariales que estuvieron congeladas durante el menemismo y la Alianza. La Presidenta, que hace tiempo no comunicaba un incentivo al consumo, anunció esta semana una medida de alto impacto al volcar millones de pesos al pago de los subsidios sociales. La cifra del cuarenta por ciento, unos cinco o diez puntos por encima de la inflación estimada para este año, fue presentada como una redistribución del ingreso, pero no lo fue. La suba de precios en la canasta básica, productos en los que la clase baja gasta casi todos sus ingresos, aumentó más del 40% en los últimos doce meses. El relato por cadena nacional, otra vez, quiso maquillar lo que está a la vista de todos. La compensación, claro está, no podía demorarse más, ya que cada punto de inflación tira a unas cien mil nuevas personas por debajo de la línea de pobreza.

 

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