Como era previsible, la Cámara de Diputados convirtió en ley la prórroga adelantada del acuerdo con el Banco Macro para que esta entidad continúe funcionando como agente financiero de la Provincia. Con votación nominal, el resultado fue 39 a 10. De ese modo, el banco de Jorge Brito se aseguró hasta 2026 el manejo de 15 mil millones de pesos anuales, que aumentarán con la inflación, tarea por la cual percibirá una grilla de comisiones que le aportarían, según el cálculo oficial, un piso anual de cien millones de pesos.
En el marco inflacionario actual, ese ingreso crecería a razón de un 30 por ciento anual. Una de las controversias que se plantearon apunta a que, normalmente, por manejar un presupuesto provincial, un banco ya consolidado, con infraestructura y financiación garantizada, como lo es hoy el Macro, no cobra comisión, sino que la paga. El acuerdo incluye el compromiso de invertir 300 millones de pesos para instalar en la provincia treinta cajeros y ocho sucursales, según un borrador añadido al proyecto en el Senado.
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Como era previsible, la Cámara de Diputados convirtió en ley la prórroga adelantada del acuerdo con el Banco Macro para que esta entidad continúe funcionando como agente financiero de la Provincia. Con votación nominal, el resultado fue 39 a 10. De ese modo, el banco de Jorge Brito se aseguró hasta 2026 el manejo de 15 mil millones de pesos anuales, que aumentarán con la inflación, tarea por la cual percibirá una grilla de comisiones que le aportarían, según el cálculo oficial, un piso anual de cien millones de pesos.
En el marco inflacionario actual, ese ingreso crecería a razón de un 30 por ciento anual. Una de las controversias que se plantearon apunta a que, normalmente, por manejar un presupuesto provincial, un banco ya consolidado, con infraestructura y financiación garantizada, como lo es hoy el Macro, no cobra comisión, sino que la paga. El acuerdo incluye el compromiso de invertir 300 millones de pesos para instalar en la provincia treinta cajeros y ocho sucursales, según un borrador añadido al proyecto en el Senado.
El acuerdo fue aprobado por el oficialismo. La oposición objetó en primer lugar la premura, ya que el convenio actual vence dentro de dos años. El banco había pedido la renovación anticipada, pero no hubo explicaciones acerca de por qué no se llamó a una nueva licitación.
Quedó en claro para los opositores, como lo expresaron Claudio del Pla (PO) e Irene Soler, del Frente Salteño, que el gobierno de Juan Manuel Urtubey, aplicando el mismo criterio que con los yacimientos de hidrocarburos, no quiso dejar la renovación en manos de quien lo suceda. En el debate se recordó, además, que el Macro, como agente financiero, pagó una tasa del 12 por ciento por el depósito de 180 millones de dólares, cuando ofrecía tasas un 50 por ciento superiores a pequeños ahorristas de diez mil pesos.
En el recinto, anoche, el debate no fue tal. No se habló del acuerdo, ni se mostraron estudios precisos sobre el costo real que tendrán las nuevas sucursales y cajeros, el verdadero monto -proyectado- de las comisiones que cobrará el Macro y, tampoco, si existen otras opciones eventualmente más beneficiosas.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, Mariano San Millán, consideró “imposible” que otra entidad bancaria actúe como agente financiero ya que es “la única en Salta que tiene la infraestructura para hacerse cargo”. El presidente de la Cámara, Manuel Santiago Godoy, afirmó que “quien discute el contrato es el Poder Ejecutivo y la Legislatura lo aprueba o lo rechaza”. A él, aseguró, le pareció satisfactoria la negociación contractual con el Banco, que empezó con 300 empleados y hoy tiene más de mil en Salta.
Una encuesta encargada por el propio banco arrojó este verano muy malos resultados, con muchas quejas por las demoras en la atención a sus clientes. Esa encuesta, ni ninguna otra realizada por el Gobierno provincial, figura en el expediente. “Se va a cumplir con un tope de 30 minutos para cualquier trámite y la existencia de baños en todas las sucursales”, afirmó Godoy al respecto. De paso, conjeturó que si se rechazaba el acuerdo concebido por el ministro Carlos Parodi, habría que llamar a licitación internacional -como sostienen muchos opositores y parecería razonable- o crear una banca propia, idea que nadie expuso en público. El presidente del Bloque del Frente Salteño, Javier David, cuestionó el “trámite exprés”.
La bancada había solicitado mayor información y sostuvo que “aprobar la prórroga en una semana no corresponde a un trámite razonable y lógico”. El diputado Ariel Burgos (FS), incluso, aseguró que el proyecto ni siquiera estaba en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. David cuestionó que la inversión se estipule en un monto fijo ya que -dijo- “no es lo mismo 300 millones hoy que dentro de 10 años; por eso las comisiones que cobra el banco están puestas en porcentajes”. En cambio, Eduardo Leavy, del Frente para la Victoria, consideró que una vez aprobado el proyecto en ambas Cámaras, el resultado será un “lindo ahorro”.
¿Y si cobramos en lugar de pagar?
El diputado Guillermo Martinelli eludió la retórica e hizo una pregunta puntual a los defensores del acuerdo alcanzado entre el ministro Carlos Parodi la gerente divisional del Banco Macro S.A. “Si la provincia va a pagar 140 millones de pesos por año y existe la posibilidad de que otros bancos paguen esa misma cifra por prestar el servicio, ¿cuál es el apuro para no realizar consultas o llamar a licitación, si hay dos años por delante?”. El presidente de la Cámara, Manuel Santiago Godoy no la contestó.
Prefirió enfrascarse en una discusión teórica con la que intentaba responder a las críticas anticapitalistas que formulaba Claudio del Pla, del PO. El planteo del PO descalificaba al Banco Macro, simplemente, por ser un banco. Godoy, secundado por Héctor Calabró se dedicó a ironizar sobre la visión ideológica de Del Pla, a quien identificaron, sin demasiado pulimento en cuanto a los matices, con el leninismo y el castrismo.
Pero sobre la razón de que no haya una nueva licitación, el titular del cuerpo apeló al pensamiento de Carl Schmitt, el jurista de Adolph Hitler. Pasando por alto que la Legislatura existe para discutir los proyectos del Poder Ejecutivo, sostuvo que “la Provincia decidió realizar este acuerdo, el poder administrador es el que decide y no hay nada que discutir”. Quedó flotando la pregunta acerca de cuál es el sentido de que los proyectos pasen por la Legislatura.