La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) cuestionó el embargo preventivo a todas las cuentas bancarias de la empresa Horizontes S.A., editora del diario El Tribuno. "La tutela judicial de derechos presuntamente vulnerados a través de una publicación en un medio de prensa, en ningún modo debe traducirse en ataques expresos o encubiertos a las libertades de expresión y de prensa, aun cuando estos no sean intencionales", advirtió la asociación y recordó lo establecido al respecto en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El punto 11 de dicha declaración de principios plantea que "los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad" y el punto 13 establece que las "presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión".
A continuación, el comunicado oficial de Adepa:
"Inusual embargo a un diario salteño
Desde el pasado viernes 31 de julio, una medida cautelar de la Justicia de Salta establece un peligroso precedente contra la libertad de prensa.
Ese día el juez interino Leonardo Rubén Araníbar trabó los depósitos de la empresa Horizontes S.A., editora del diario El Tribuno, por una acción que inició el ministro de Economía de aquella provincia, Carlos Parodi.

El embargo preventivo, como medida previa en una demanda por difamación planteada por el funcionario, inmovilizó todas las cuentas bancarias de la compañía, lo que obstaculizó la liquidación de sueldos al personal del diario, los pagos a proveedores y la cobertura de cheques librados a terceros.

Insólitamente, los abogados de la empresa editorial no pudieron acceder aún al expediente, ya que desde el día en que se dispuso el embargo, este fue entregado "a préstamo" a uno de los asesores legales de Parodi, quien aún no lo devolvió.

El contador Parodi se desempeña como ministro de Hacienda desde 2007 y las publicaciones que considera agraviantes se refieren a la evolución de su patrimonio en ese período y a los frecuentes viajes realizados al exterior durante su gestión.

Al no estar disponible el expediente judicial, las autoridades del diario se encuentran en inferioridad de condiciones frente al funcionario público, que impugna informaciones estrictamente vinculadas a aparentes anomalías producidas en el ejercicio de su función.

El Tribuno considera que la medida parece orientada a "afectar el funcionamiento económico" del medio de prensa y "amordazar su labor informativa sobre el desempeño de las funciones estatales y el uso de los fondos públicos".

Según informó el diario, en su último día a cargo del Juzgado Civil y Comercial de Primera Nominación, Araníbar ordenó a los bancos Macro, Francés, HSBC y Masventas trabar embargos por 1.200.000 pesos en concepto de capital, más 600 mil pesos para accesorias legales, en las respectivas cuentas de Horizontes S.A.

En el caso de Banco Macro, apenas minutos antes había ingresado a la cuenta de la empresa editora una liquidación de la Secretaría de Hacienda de la Provincia por 558.696 pesos en pago por varios meses atrasados de publicidad oficial, los que fueron de inmediato inmovilizados y llevados a una cuenta judicial.

Al existir un patrimonio suficiente como para afrontar el embargo, El Tribuno considera que la inmovilización de fondos bancarios pudo ser reemplazada por otra medida similar, que garantizara el resguardo jurídico del denunciante y con efectos menos perniciosos para el diario.

Ante la inusual medida judicial, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) advierte que la tutela judicial de derechos presuntamente vulnerados a través de una publicación en un medio de prensa, en ningún modo debe traducirse en ataques expresos o encubiertos a las libertades de expresión y de prensa, aun cuando estos no sean intencionales.

Recuerda al respecto lo establecido en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El punto 11 de dicha declaración de principios plantea que "los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad" y el punto 13 establece que las "presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión"."

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