La niña que fue abusada en noviembre en el paraje Alto La Sierra, en el extremo noreste de la provincia de Salta, sobrelleva un embarazo de seis meses sin ninguna asistencia de los organismos que fueron informados, oportunamente, de su penosa situación.
El diputado Jesús Ramón Villa señaló ayer a diferentes áreas del Estado como responsables de un "grave abandono de personas". El legislador cuestionó la falta de compromiso y de respuestas institucionales ante las denuncias que presentó la comunidad wichi de Alto La Sierra a fines de 2015.
Criticó "la inacción que ha mostrado en este caso, como en tantos otros, la Secretaría de Asuntos Indígenas". Recordó, asimismo, que el pasado 11 de abril envió a las autoridades del Ministerio de Derechos Humanos y de Justicia una nota en la que expuso la dramática situación de la niña y solicitó la asistencia correspondiente.
En las costas del río Pilcomayo, a 85 kilómetros de la localidad de Santa Victoria Este, también se hicieron escuchar los reclamos del padre de la nena abusada y del cacique de esa comunidad. "Nuestra denuncia debe ser escuchada alguna vez. Nadie nos vino a ver. Necesitamos ayuda", imploró N. S.
La población de Alto La Sierra es pequeña y casi toda la comunidad se movilizó indignada, el 28 de noviembre de 2015, tras el ultrajante abuso en el que quedaron implicados ocho jóvenes -tres de ellos menores de edad- de familias criollas del lugar.
Tras permanecer detenidos durante tres meses, los cinco jóvenes mayores de edad fueron excarcelados a fines de febrero, luego de que se supiera que el informe que los comprometía había sido redactado por un médico de nacionalidad boliviana que trabaja en el hospital público de Alto La Sierra como monotributista, y no tiene su título revalidado en Argentina para extender certificaciones ni recetas.
El informe, según el cual la niña presentaba signos de abuso y lesiones compatibles con una violación, había sido firmado por el gerente del hospital, que no es médico, sino bioquímico.
Al disponer la liberación de los detenidos, el juez Fernando Mariscal Astigueta, de Garantías, también atendió a otro informe, elaborado por el médico legista de la Policía de Tartagal, que había descartado signos de abuso sexual en otro examen a la niña, realizado varios días después de los hechos por demoras atribuidas a las lluvias y el deplorable estado de los caminos de la zona.
Más allá de sus implicancias judiciales, el caso sacó a relucir situaciones gravísimas relacionadas con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que Argentina incorporó con la reforma constitucional de 1994 y dio origen, en 2005, a la ley nacional de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Por la normativa vigente, la nena de Alto La Sierra y su grupo familiar debieron recibir de los organismos competentes del Estado provincial contenciones y asistencias que no tuvieron hasta ahora. El cacique wichi de Alto La Sierra, Asencio Pérez, remarcó que en esa comunidad del departamento Rivadavia faltan médicos, ambulancias, policías y seguridad. Asencio, que es enfermero, se cuestionó por qué el Ministerio de Salud contrató en el hospital de la zona a un médico que, paradójicamente, no puede ni siquiera recetar remedios porque su matrícula necesita revalidación en nuestro país.
"Pedimos salud, seguridad y sobre todo Justicia, porque la chiquita sufrió una violación, está embarazada y nadie se acerca a ver como está y todo lo que necesita", remarcó Pérez, en un perfecto resumen de lo que verdaderamente importa y duele.
El diputado Jesús Ramón Villa señaló ayer a diferentes áreas del Estado como responsables de un "grave abandono de personas". El legislador cuestionó la falta de compromiso y de respuestas institucionales ante las denuncias que presentó la comunidad wichi de Alto La Sierra a fines de 2015.
Criticó "la inacción que ha mostrado en este caso, como en tantos otros, la Secretaría de Asuntos Indígenas". Recordó, asimismo, que el pasado 11 de abril envió a las autoridades del Ministerio de Derechos Humanos y de Justicia una nota en la que expuso la dramática situación de la niña y solicitó la asistencia correspondiente.
En las costas del río Pilcomayo, a 85 kilómetros de la localidad de Santa Victoria Este, también se hicieron escuchar los reclamos del padre de la nena abusada y del cacique de esa comunidad. "Nuestra denuncia debe ser escuchada alguna vez. Nadie nos vino a ver. Necesitamos ayuda", imploró N. S.
La población de Alto La Sierra es pequeña y casi toda la comunidad se movilizó indignada, el 28 de noviembre de 2015, tras el ultrajante abuso en el que quedaron implicados ocho jóvenes -tres de ellos menores de edad- de familias criollas del lugar.
Tras permanecer detenidos durante tres meses, los cinco jóvenes mayores de edad fueron excarcelados a fines de febrero, luego de que se supiera que el informe que los comprometía había sido redactado por un médico de nacionalidad boliviana que trabaja en el hospital público de Alto La Sierra como monotributista, y no tiene su título revalidado en Argentina para extender certificaciones ni recetas.
El informe, según el cual la niña presentaba signos de abuso y lesiones compatibles con una violación, había sido firmado por el gerente del hospital, que no es médico, sino bioquímico.
Al disponer la liberación de los detenidos, el juez Fernando Mariscal Astigueta, de Garantías, también atendió a otro informe, elaborado por el médico legista de la Policía de Tartagal, que había descartado signos de abuso sexual en otro examen a la niña, realizado varios días después de los hechos por demoras atribuidas a las lluvias y el deplorable estado de los caminos de la zona.
Más allá de sus implicancias judiciales, el caso sacó a relucir situaciones gravísimas relacionadas con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que Argentina incorporó con la reforma constitucional de 1994 y dio origen, en 2005, a la ley nacional de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Por la normativa vigente, la nena de Alto La Sierra y su grupo familiar debieron recibir de los organismos competentes del Estado provincial contenciones y asistencias que no tuvieron hasta ahora. El cacique wichi de Alto La Sierra, Asencio Pérez, remarcó que en esa comunidad del departamento Rivadavia faltan médicos, ambulancias, policías y seguridad. Asencio, que es enfermero, se cuestionó por qué el Ministerio de Salud contrató en el hospital de la zona a un médico que, paradójicamente, no puede ni siquiera recetar remedios porque su matrícula necesita revalidación en nuestro país.
"Pedimos salud, seguridad y sobre todo Justicia, porque la chiquita sufrió una violación, está embarazada y nadie se acerca a ver como está y todo lo que necesita", remarcó Pérez, en un perfecto resumen de lo que verdaderamente importa y duele.
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La niña que fue abusada en noviembre en el paraje Alto La Sierra, en el extremo noreste de la provincia de Salta, sobrelleva un embarazo de seis meses sin ninguna asistencia de los organismos que fueron informados, oportunamente, de su penosa situación.
El diputado Jesús Ramón Villa señaló ayer a diferentes áreas del Estado como responsables de un "grave abandono de personas". El legislador cuestionó la falta de compromiso y de respuestas institucionales ante las denuncias que presentó la comunidad wichi de Alto La Sierra a fines de 2015.
Criticó "la inacción que ha mostrado en este caso, como en tantos otros, la Secretaría de Asuntos Indígenas". Recordó, asimismo, que el pasado 11 de abril envió a las autoridades del Ministerio de Derechos Humanos y de Justicia una nota en la que expuso la dramática situación de la niña y solicitó la asistencia correspondiente.
En las costas del río Pilcomayo, a 85 kilómetros de la localidad de Santa Victoria Este, también se hicieron escuchar los reclamos del padre de la nena abusada y del cacique de esa comunidad. "Nuestra denuncia debe ser escuchada alguna vez. Nadie nos vino a ver. Necesitamos ayuda", imploró N. S.
La población de Alto La Sierra es pequeña y casi toda la comunidad se movilizó indignada, el 28 de noviembre de 2015, tras el ultrajante abuso en el que quedaron implicados ocho jóvenes -tres de ellos menores de edad- de familias criollas del lugar.
Tras permanecer detenidos durante tres meses, los cinco jóvenes mayores de edad fueron excarcelados a fines de febrero, luego de que se supiera que el informe que los comprometía había sido redactado por un médico de nacionalidad boliviana que trabaja en el hospital público de Alto La Sierra como monotributista, y no tiene su título revalidado en Argentina para extender certificaciones ni recetas.
El informe, según el cual la niña presentaba signos de abuso y lesiones compatibles con una violación, había sido firmado por el gerente del hospital, que no es médico, sino bioquímico.
Al disponer la liberación de los detenidos, el juez Fernando Mariscal Astigueta, de Garantías, también atendió a otro informe, elaborado por el médico legista de la Policía de Tartagal, que había descartado signos de abuso sexual en otro examen a la niña, realizado varios días después de los hechos por demoras atribuidas a las lluvias y el deplorable estado de los caminos de la zona.
Más allá de sus implicancias judiciales, el caso sacó a relucir situaciones gravísimas relacionadas con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que Argentina incorporó con la reforma constitucional de 1994 y dio origen, en 2005, a la ley nacional de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Por la normativa vigente, la nena de Alto La Sierra y su grupo familiar debieron recibir de los organismos competentes del Estado provincial contenciones y asistencias que no tuvieron hasta ahora. El cacique wichi de Alto La Sierra, Asencio Pérez, remarcó que en esa comunidad del departamento Rivadavia faltan médicos, ambulancias, policías y seguridad. Asencio, que es enfermero, se cuestionó por qué el Ministerio de Salud contrató en el hospital de la zona a un médico que, paradójicamente, no puede ni siquiera recetar remedios porque su matrícula necesita revalidación en nuestro país.
"Pedimos salud, seguridad y sobre todo Justicia, porque la chiquita sufrió una violación, está embarazada y nadie se acerca a ver como está y todo lo que necesita", remarcó Pérez, en un perfecto resumen de lo que verdaderamente importa y duele.
El diputado Jesús Ramón Villa señaló ayer a diferentes áreas del Estado como responsables de un "grave abandono de personas". El legislador cuestionó la falta de compromiso y de respuestas institucionales ante las denuncias que presentó la comunidad wichi de Alto La Sierra a fines de 2015.
Criticó "la inacción que ha mostrado en este caso, como en tantos otros, la Secretaría de Asuntos Indígenas". Recordó, asimismo, que el pasado 11 de abril envió a las autoridades del Ministerio de Derechos Humanos y de Justicia una nota en la que expuso la dramática situación de la niña y solicitó la asistencia correspondiente.
En las costas del río Pilcomayo, a 85 kilómetros de la localidad de Santa Victoria Este, también se hicieron escuchar los reclamos del padre de la nena abusada y del cacique de esa comunidad. "Nuestra denuncia debe ser escuchada alguna vez. Nadie nos vino a ver. Necesitamos ayuda", imploró N. S.
La población de Alto La Sierra es pequeña y casi toda la comunidad se movilizó indignada, el 28 de noviembre de 2015, tras el ultrajante abuso en el que quedaron implicados ocho jóvenes -tres de ellos menores de edad- de familias criollas del lugar.
Tras permanecer detenidos durante tres meses, los cinco jóvenes mayores de edad fueron excarcelados a fines de febrero, luego de que se supiera que el informe que los comprometía había sido redactado por un médico de nacionalidad boliviana que trabaja en el hospital público de Alto La Sierra como monotributista, y no tiene su título revalidado en Argentina para extender certificaciones ni recetas.
El informe, según el cual la niña presentaba signos de abuso y lesiones compatibles con una violación, había sido firmado por el gerente del hospital, que no es médico, sino bioquímico.
Al disponer la liberación de los detenidos, el juez Fernando Mariscal Astigueta, de Garantías, también atendió a otro informe, elaborado por el médico legista de la Policía de Tartagal, que había descartado signos de abuso sexual en otro examen a la niña, realizado varios días después de los hechos por demoras atribuidas a las lluvias y el deplorable estado de los caminos de la zona.
Más allá de sus implicancias judiciales, el caso sacó a relucir situaciones gravísimas relacionadas con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que Argentina incorporó con la reforma constitucional de 1994 y dio origen, en 2005, a la ley nacional de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Por la normativa vigente, la nena de Alto La Sierra y su grupo familiar debieron recibir de los organismos competentes del Estado provincial contenciones y asistencias que no tuvieron hasta ahora. El cacique wichi de Alto La Sierra, Asencio Pérez, remarcó que en esa comunidad del departamento Rivadavia faltan médicos, ambulancias, policías y seguridad. Asencio, que es enfermero, se cuestionó por qué el Ministerio de Salud contrató en el hospital de la zona a un médico que, paradójicamente, no puede ni siquiera recetar remedios porque su matrícula necesita revalidación en nuestro país.
"Pedimos salud, seguridad y sobre todo Justicia, porque la chiquita sufrió una violación, está embarazada y nadie se acerca a ver como está y todo lo que necesita", remarcó Pérez, en un perfecto resumen de lo que verdaderamente importa y duele.