Entre el año 2003 y el 2015, la carga impositiva en la República Argentina casi duplicó su porcentaje. Paso del 20% al 35% del PBI, teniendo en cuenta los impuestos nacionales, los impuestos provinciales, y las cargas municipales sin olvidar, por cierto, que Argentina tiene un 35% de empleo en negro.

El último Informe de Competitividad Global del World Economic Forum (Foro Económico Mundial) ofreció una actualización anual sobre el estado de las economías más grandes del mundo. La entidad utiliza un conjunto de indicadores, que van desde la facilidad para abrir un negocio a la probabilidad de que funcionarios públicos pidan un soborno. Una de las referencias que más se tiene en cuenta es la carga fiscal del país: mientras más alta sea la presión tributaria, menos competitividad tiene la economía.

Para medir esto, el foro utiliza la medición de "la tasa impositiva total" que calcula el Banco Mundial en base a la cantidad total de impuestos, en la que suma cinco tipos diferentes de contribuciones que se pagan tras deducciones y exenciones. Estos impuestos son Ganancias o el impuesto sobre la renta; contribuciones sociales y laborales a cargo del empleador; impuestos sobre transmisiones patrimoniales; impuestos sobre el volumen de negocios, y otros pequeños impuestos. Es decir que se contemplan gravámenes que recaen sobre el empleador y no el empleado. En esta evaluación, Argentina encabeza el ranking de presión tributaria a nivel mundial según el criterio de análisis del informe del World Economic Forum, la tasa impositiva total alcanza el 137,3% .

De cara a la reforma impositiva programada por el exministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat-Gay, y sucedida por el actual ministro Dujovne, hay ciertos impuestos en los que el Gobierno pondrá la lupa a la hora de hacer los cambios.

Los impuestos distorsivos fueron establecidos "temporalmente" por los gobiernos de 2001 y 2002, forzados por las circunstancias de la crisis final de la convertibilidad, para financiar aumentos del gasto público y poder sobrellevar, de alguna manera, dicho colapso. Algunos fueron: los derechos de exportación (en gran parte ya eliminados, salvo en la soja por ejemplo), los impuestos al cheque y al depósito bancario, entre otros. Estos impuestos son rechazados por la gran mayoría de los economistas debido a los conocidos efectos indeseables a largo plazo en el desarrollo del país, pero dadas las circunstancias de aquel momento, fue un mal menor su aplicación frente al problema social de ese entonces.

Con los ingresos extraordinarios recaudados a través estos impuestos se otorgaron subsidios a la población y las empresas para paliar aquella crisis pero, finalizada la misma, la gestión iniciada en 2003 siguió manteniendo vigentes esos impuestos, a pesar de que pasaron varios años desde aquel momento, y que hoy no existe ninguna justificación para mantener dichas medidas extraordinarias.

Con el sistema impositivo tal como está actualmente, no hay inversión que se interese seriamente por colocar aquí sus disponibilidades. Lo primero que pregunta un inversor nacional o extranjero, antes de estructurar cualquier proyecto de inversión aquí, es la estructura del sistema impositivo.

Los impuestos distorsivos son un problema serio, que habrá que enfrentar, pues actualmente sus efectos sobre el crecimiento y el empleo no pueden evitarse. Su eliminación puede ser gradual, pero a lo sumo en un plazo de pocos períodos, de manera que al llegar al final de los cuatro años de administración nos encontremos con un país relativamente normalizado en este sentido. Por lo tanto, para ocupar formalmente a los desocupados y subocupados y al 35% de la gente que trabaja en la informalidad, se requieren inversiones importantes, y para ello, hay que eliminar dichos impuestos, pues son un barrera infranqueable para esas inversiones. Hay que recordar que la eliminación de impuestos distorsivos exige el correspondiente reordenamiento del gasto público, para no caer en un déficit aún mayor. Habrá que extremar la inteligencia para ejecutar esta complicada operación fiscal. El pasado semestre, por orden directa del presidente Mauricio Macri, el ex ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, dio el puntapié inicial a la "Comisión de Análisis para la Reforma Tributaria". Este cuerpo, que funcionará bajo las órdenes del ministro tendrá como uno de sus de sus objetivos definir la reforma tributaria a presentar ante el Congreso de la Nación. El 7 de junio de 2016 el presidente declaraba: "En la Argentina nos debemos una profunda reforma tributaria. Tal vez sería buen momento, dado que hay que verlo como una integralidad, empezar a plantearlo en la discusión del Presupuesto 2017, porque va a ser un gran desafío".

Por otro lado, formaría parte del análisis la eliminación de la figura del Monotributo y que tanto personas como empresas paguen dos impuestos básicos como el IVA y el Impuesto a las Ganancias, pero con mayores niveles de mínimos no imponibles y plazos más extendidos desde el momento de la facturación, como se reglamentó para las pymes. La Comisión de Análisis para la Reforma Tributaria también tiene previsto analizar la reforma del sistema de Coparticipación Federal de Impuestos que rige desde el Pacto Fiscal de 1992, pese a que la Reforma Constitucional de 1994 había establecido un plazo máximo de 10 años para concretar el cambio.

*Algunos datos fueron extraídos de la consultora O. Ferreres