Cuando se creó el Plan de verificación de condiciones mínimas de seguridad para edificios de uso público a través de la Ley provincial 7.740 del 2012, el objetivo era determinar las soluciones técnicas que correspondan para la adecuación preventiva de riesgos en edificios en los que hay alta circulación y permanencia de personas.
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Cuando se creó el Plan de verificación de condiciones mínimas de seguridad para edificios de uso público a través de la Ley provincial 7.740 del 2012, el objetivo era determinar las soluciones técnicas que correspondan para la adecuación preventiva de riesgos en edificios en los que hay alta circulación y permanencia de personas.
La prioridad la tienen los establecimientos educativos; hospitales y espacios que estén destinados a la salud; edificios de atención al público; religiosos; cubiertos y descubiertos; edificios de los organismos de seguridad, alojamientos de todo tipo y los inmuebles que integran el patrimonio histórico y arquitectónico de la provincia.
Tiempos incumplidos
De acuerdo a lo que reza la ley que fue promulgada el 22 de octubre de 2012, el plan debe ponerse en práctica a los 30 días de reglamentada la norma y concluir en un plazo máximo de 10 años.
A cinco años de dicha promulgación, no hay reglamentación del Ejecutivo, lo cual es muy preocupante ya que de haber un sismo como el ocurrido en México, muchos edificios se derrumbarían.
“Para evitar un desastre hay que reglamentar la ley y ponerse a trabajar”, dijo Felipe Biella Calvet, ingeniero y presidente del Copaipa (Consejo Profesional de agrimensores, ingenieros y profesiones afines) en diálogo con El Tribuno.
Salta es la tercera provincia con mayor riesgo sísmico después de San Juan y Mendoza, sin embargo y a pesar de que la legislación existe, no se reglamenta y por lo tanto no se aplica.
Entre los salteños en general no existe la conciencia de que estamos en un serio riesgo y de que, si ocurriera un terremoto, muchísimos edificios colapsarían dejando una mortandad enorme.
Preocupados
“Nosotros participamos en la elaboración de esta ley porque conocemos los riesgos que hay en la provincia en los edificios de uso público, sobre todo en las construcciones anteriores a 1980”, expresó Biella Calvet. Destacó que la antigüedad no impide que sean reforzados con los avances disponibles para especialistas en el tema.
Se toma el año 1980 como parámetro porque es cuando se establecieron las normas de sismoresistencia para la construcción a través de la ley 5.556 de marzo de ese año, que facultó al Capaipa para la verificación de la aplicación de las mismas.
En la provincia de Salta hay edificios públicos y también privados de mucha antigüedad. Un ejemplo es el hospital Del Milagro que data de 1895; el hospital San Bernardo que es de 1950 o establecimientos educativos como la Escuela Normal o el Colegio Nacional de Salta, de fines de 1800, lo mismo que la Catedral. En tanto la construcción de la iglesia San Francisco comenzó en 1600 y concluyó en 1872.
Debido a la antigüedad, el tipo de estructuras con que están edificados y la alta rotación de personas, es fundamental realizar verificaciones. “Además hay que determinar si existen las salidas de emergencia, señaléticas y accesibilidad”, explicó el titular del Copaipa.
Los pasos a dar
Lo primero que se debe hacer es el relevamiento de los distintos edificios de uso público cuya construcción es anterior a 1980. Luego se notifica de las condiciones al propietario y se determinan los requisitos mínimos de seguridad de cada una de las construcciones estudiadas. El relevamiento determina el orden de prioridades para la realización de los distintos proyectos tendientes a dar seguridad.
Cada proyecto debe contar con el estudio y cálculo de estructuras o refuerzos a incorporar al edificio para su debido comportamiento sismoresistente; el informe técnico de las instalaciones eléctricas existentes y las modificaciones a realizar para cumplir con las normas de seguridad. Además debe haber un estudio de las condiciones de evacuación, seguridad general del edificio y las modificaciones a incorporar para adecuarlo a las normas de seguridad mínimas.
Los costos de los proyectos de obras o trabajos resultantes de los estudios, si son privados, estarán a cargo del propietario. En caso de ser públicos, la Ley 7.740 indica que el Poder Ejecutivo provincial cuenta con reservas integradas por: los fondos previstos en el Presupuesto General de la Provincia; fondos nacionales e internacionales que se reciban para el cumplimiento de sus funciones; donaciones de cualquier tipo provenientes de personas físicas y jurídicas y cualquier otro recurso, equipo, elementos y bienes que les sean adjudicados para el cumplimiento de los fines.
Los costos
Si hoy hubiese un terremoto, el costo material y humano sería inconmensurable, por eso es importante detectar rápidamente estos edificios y trabajar en los mismos. “Esto se puede evitar, se trata de una decisión política”, dijo Biella Calvet.
Sistemas de evacuación
Uno de los problemas más graves en Salta es la falta de sistemas de evacuación ante cualquier tipo de siniestro, sean incendios, sismos o inundaciones. Gran parte de los edificios no tienen salidas de emergencia ni señalética adecuada.
No hay ejercicios ni simulacros de evacuación suficientes. Todos los especialistas acuerdan en que el tema debería estar integrado a la currícula escolar, pero además deberían realizarse simulacros masivos.
“Vamos a plantear que se incorpore en la presentación de los proyectos el plan de higiene, seguridad y accesibilidad. Un edificio actualmente no puede no tener una rampa ni salidas de emergencia. Esto tiene que ser visto antes de dar el final de obra por parte del municipio”, dijo Biella.