Inamovilidad para  los jueces de la Corte

El Senado tratará esta tarde el proyecto de ley que el Ejecutivo envió a la Legislatura para establecer el régimen de inamovilidad de los jueces de la Corte de Justicia salteña.

La iniciativa ya tiene dictamen favorable de la comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones del Senado, que hoy volverá a sesionar por la tarde.

Al momento de hacerse pública la iniciativa, varias voces advirtieron que para avanzar en este tema se debería modificar la Carta Magna provincial.

A fines de septiembre, la ministra de Derechos Humanos y Justicia, Pamela Calletti, informó a senadores la finalidad de la iniciativa que se promueve desde el Poder Ejecutivo.

La funcionaría explicó que el régimen de continuidad en el ejercicio de la magistratura de jueces de Corte ya existe en el resto de las provincias del país y que es el esquema que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Al detallar aspectos del procedimiento a implementar, indicó que la propuesta para la continuidad será elevada al Senado con 60 días de antelación al vencimiento del período constitucional del acuerdo.

En la reunión con los senadores de la comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones, la ministra Calletti reiteró que el Ejecutivo se autolimitará en las atribuciones que le otorga el artículo 156 de la Constitución Provincial para nombramiento de jueces de la Corte.

"Se busca ante todo lograr afianzar la justicia, incrementar la independencia del Poder Judicial y fortalecer las instituciones", agregó la funcionaria.

En el artículo 2§ del proyecto de ley que tratarán los senadores esta tarde se establecerá que con una antelación mínima de 60 días al vencimiento del período de 6 años, previsto en el artículo 156 de la Constitución Provincial, el Ejecutivo elevará al Senado la propuesta para la nueva designación en el cargo del juez de la Corte de Justicia cuyo mandato se encuentra próximo a vencer.

El artículo 3§, en tanto, determinará que el Ejecutivo remitirá la propuesta de designación juntamente con los antecedentes del magistrado y las constancias de las posturas, observaciones y circunstancias relevantes formuladas por la ciudadanía en el marco del correspondiente procedimiento participativo de selección.

 

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