Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron ayer el envío a juicio oral y público de la expresidenta Cristina Kirchner y los detenidos exministro de Planificación Julio De Vido, su exsecretario de Obra Pública José López y el empresario Lázaro Báez, entre otros, por asociación ilícita y fraude al Estado a raíz del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante la gestión kirchnerista.
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Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron ayer el envío a juicio oral y público de la expresidenta Cristina Kirchner y los detenidos exministro de Planificación Julio De Vido, su exsecretario de Obra Pública José López y el empresario Lázaro Báez, entre otros, por asociación ilícita y fraude al Estado a raíz del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante la gestión kirchnerista.
La fiscalía entregó su requerimiento de elevación a juicio al juez federal Julián Ercolini, quien ya tiene los requerimientos de los querellantes en la causa y ahora pedirá opinión a las defensas para luego mandar el caso a sorteo de un tribunal oral, algo que ocurriría antes de fin de año, explicaron fuentes judiciales.
Cristina ya fue enviada a juicio en otra causa penal por la venta de dólar futuro al final de su gobierno, que investigó el juez federal Claudio Bonadio.
En esa investigación a cargo de Ercolini, la expresidenta fue procesada el 27 de diciembre del año pasado por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública con un embargo de 10.000 millones de pesos.
Además están procesados De Vido, López, el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, el extitular de Vialidad Nelson Periotti a raíz de contratos de obra pública adjudicados a la empresa de Báez en Santa Cruz por 46 mil millones de pesos durante el kirchnerismo, que habrían sido direccionados a cambio del pago de sobornos que se investigan en otras causas, como Hotesur y Los Sauces.
Parte de una megacausa
Ercolini está a cargo de esta investigación que según directivas ya dadas por la Cámara Federal porteña podría en un futuro ser ventilada en juicio oral como parte de una megacausa junto a las que tramitan el supuesto pago de sobornos a la expresidenta y su familia a través de falsos alquileres de plazas hoteleras y propiedades en dos de sus sociedades: Hotesur y Los Sauces.
El procesamiento de la ahora senadora fue confirmado por la sala I de la Cámara Federal porteña, que consideró probada la existencia de una asociación ilícita entre mayo del 2003 y diciembre de 2015, durante los gobiernos kirchneristas, formada para "cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz".
Según la acusación fiscal, hubo un entramado delictivo ideado "desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo y concretado a través de diversos actos" como la "designación de funcionarios afines, canalización de fondos públicos hacia la provincia de Santa Cruz, realización de obras por convenio con delegación de facultades propias de Vialidad Nacional a Santa Cruz y procesos licitatorios irregulares en pos de favorecer a Lázaro Antonio Báez".
Según definieron los fiscales, Báez era el "amigo presidencial" y pasó de ser empleado del Banco de Santa Cruz a fundar su constructora en coincidencia con la llegada de Néstor Kirchner a la Nación.
Los fiscales aludieron a una "operatoria criminal" para "montar una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos".
Ante la Justicia
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ya está procesada en esta causa por fraude en la obra pública, en Los Sauces, por la venta de dólar futuro al final de su gobierno y por supuesta traición a la Patria y encubrimiento del atentado a la AMIA a raíz de la firma del memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán.
Ahora, el juez Ercolini debe definir su situación procesal en la causa Hotesur, la investigación por el alquiler de complejos hoteleros de la familia Kirchner a empresarios beneficiados con la obra pública, mientras estuvo al frente del Gobierno.
Procesados por irregularidades ambientales
El juez federal Claudio Bonadio procesó a los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich así como a otros tres ex secretarios de Ambiente durante el kirchnerismo, en el marco de la causa por irregularidades en el Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos.
La investigación es por presuntas irregularidades observadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en el marco de los Programas Municipales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, entre los 2013 y 2015.
La denuncia la había realizado la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Ambiente y por el programa destinado a lograr una mejora en la gestión sustentable de residuos sólidos urbanos, a través de la financiación de proyectos municipales de todo el país.
Entre otras cosas era para planificar la elaboración y desarrollo de Planes Integrales de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, la ejecución de proyectos para la eliminación de basurales a cielo abierto, la construcción de rellenos sanitarios o la ampliación de rellenos existentes, y el montaje de plantas de separación y reciclaje de residuos sólidos urbanos y la adquisición de equipamiento complementario.
Los fondos eran girados directamente desde las arcas del tesoro nacional al municipio que llevará adelante tales medidas a favor del medio ambiente, a partir de un convenio y luego de que la administración local presentara un proyecto ajustado a dicho programa.
Dicho convenio, tal cual señaló Bonadio en su fallo, eran aprobados por el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación y luego se realizaba la transferencia de fondos.
En esos tres años se presentaron 634 solicitudes, solo 212 culminaron con las respectivas transferencias del dinero correspondiente por un total de 604.529.670,17 de pesos; y los municipios de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz y La Rioja fueron algunos de los beneficiarios.