El Consejo de la Magistratura es el órgano que conjuntamente con la Corte Suprema de Justicia, y articulando con los demás poderes del Estado, tiene como función y deber propender y accionar en pos de la consecución de estos objetivos, reclamados por la sociedad y en beneficio común de los justiciables y del propio Poder Judicial y en ello nos encontramos comprometidos.
En esta nueva etapa nos proponemos mantener el ritmo de trabajo en la Comisión de Selección de Magistrados, que en estos tres años ha elevado, a la fecha del plenario del 7 de diciembre, 143 ternas contra 45 de la gestión 2011/2014 y se proyecta la meta de las 200 ternas o en su caso superarlas. De esta manera ingresaríamos definitivamente en el camino de normalización de la cobertura de vacantes y eliminaríamos la problemática de deficiente prestación del servicio de Justicia por colocar al subrogante en la tarea de atender la prestación de dos o más Juzgados o Tribunales.
El Congreso de la Nación, debe colaborar en esta normalización y aprobar la necesaria ley de subrogaciones que permita contar con una norma constitucionalmente válida para dar cobertura a aquellas vacantes que se corresponden con la excepcionalidad o provisoriedad y no al proceso natural de selección de magistrados.
La Comisión de Disciplina y Acusación deberá mantener el ritmo logrado y de esa manera, las denuncias que se realizan respecto de la conducta y desempeño de los magistrados deben culminar en tiempo oportuno y ser tramitadas.
Así, el Poder Judicial y la sociedad despejarán toda duda sobre conducta y desempeño de los jueces de la Nación y ello permitirá un mayor grado de confianza sustentable en el sistema de Justicia.
Las auditorías ordenadas, en materia de corrupción, narcotráfico y gestión del fuero laboral, en diversas etapas de ejecución cada una de ellas, culminarán y serán informados sus resultados en el transcurso del año 2018 y de esa manera se constituirán en documentos institucionales de alto valor para el diseño de políticas judiciales en la materia, fundadas sobre datos ciertos y objetivos y no meras especulaciones.
En igual sentido se debe seguir trabajando en materia de transparencia y acceso a la información pública, incrementando la actividad desarrollada y cumpliendo con las pautas de la reciente reglamentación de la ley de acceso a la información pública que aprobó el pleno del Consejo y que brinda las herramientas necesarias para que existan canales de fácil acceso a la información pública e incremente las posibilidades de participación ciudadana.
Se debe dar respuesta a los reclamos en materia de recursos humanos y edilicios del poder de ello no cabe duda alguna y en ese sentido se intentará lograr incrementar la ejecución de los planes de obra que se encuentran en trámite y culminación de otras que se encuentran avanzadas.
La optimización en la gestión de recursos; la desburocratización de los procedimientos; la despapelización y la necesaria expansión del expediente digital, nos enfrentan a una verdadera apuesta central cuál es la de producir una revolución tecnológica en el ámbito de la Justicia, que acortará tiempos; ofrecerá transparencia y permitirá una sustancial y estructural modernización del sistema de Justicia.
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El Consejo de la Magistratura es el órgano que conjuntamente con la Corte Suprema de Justicia, y articulando con los demás poderes del Estado, tiene como función y deber propender y accionar en pos de la consecución de estos objetivos, reclamados por la sociedad y en beneficio común de los justiciables y del propio Poder Judicial y en ello nos encontramos comprometidos.
En esta nueva etapa nos proponemos mantener el ritmo de trabajo en la Comisión de Selección de Magistrados, que en estos tres años ha elevado, a la fecha del plenario del 7 de diciembre, 143 ternas contra 45 de la gestión 2011/2014 y se proyecta la meta de las 200 ternas o en su caso superarlas. De esta manera ingresaríamos definitivamente en el camino de normalización de la cobertura de vacantes y eliminaríamos la problemática de deficiente prestación del servicio de Justicia por colocar al subrogante en la tarea de atender la prestación de dos o más Juzgados o Tribunales.
El Congreso de la Nación, debe colaborar en esta normalización y aprobar la necesaria ley de subrogaciones que permita contar con una norma constitucionalmente válida para dar cobertura a aquellas vacantes que se corresponden con la excepcionalidad o provisoriedad y no al proceso natural de selección de magistrados.
La Comisión de Disciplina y Acusación deberá mantener el ritmo logrado y de esa manera, las denuncias que se realizan respecto de la conducta y desempeño de los magistrados deben culminar en tiempo oportuno y ser tramitadas.
Así, el Poder Judicial y la sociedad despejarán toda duda sobre conducta y desempeño de los jueces de la Nación y ello permitirá un mayor grado de confianza sustentable en el sistema de Justicia.
Las auditorías ordenadas, en materia de corrupción, narcotráfico y gestión del fuero laboral, en diversas etapas de ejecución cada una de ellas, culminarán y serán informados sus resultados en el transcurso del año 2018 y de esa manera se constituirán en documentos institucionales de alto valor para el diseño de políticas judiciales en la materia, fundadas sobre datos ciertos y objetivos y no meras especulaciones.
En igual sentido se debe seguir trabajando en materia de transparencia y acceso a la información pública, incrementando la actividad desarrollada y cumpliendo con las pautas de la reciente reglamentación de la ley de acceso a la información pública que aprobó el pleno del Consejo y que brinda las herramientas necesarias para que existan canales de fácil acceso a la información pública e incremente las posibilidades de participación ciudadana.
Se debe dar respuesta a los reclamos en materia de recursos humanos y edilicios del poder de ello no cabe duda alguna y en ese sentido se intentará lograr incrementar la ejecución de los planes de obra que se encuentran en trámite y culminación de otras que se encuentran avanzadas.
La optimización en la gestión de recursos; la desburocratización de los procedimientos; la despapelización y la necesaria expansión del expediente digital, nos enfrentan a una verdadera apuesta central cuál es la de producir una revolución tecnológica en el ámbito de la Justicia, que acortará tiempos; ofrecerá transparencia y permitirá una sustancial y estructural modernización del sistema de Justicia.