Los primeros dos años de la presidencia de Mauricio Macri no han dado, lamentablemente, todos los frutos esperados por la coalición gobernante ni por quienes le votamos en 2015 y 2017.

Si bien se han resuelto algunos problemas estructurales y, un dato para nada menor, se ha evitado el estallido que se esperaba como la culminación de los desaciertos y devaneos de la economía populista e improvisada, los principales desafíos económicos y sociales continúan pendientes.

Me refiero a la reducción de la pobreza, a la integración inteligente en el mundo desarrollado que avanza de la mano de la cuarta revolución industrial, a la implantación de una estructura de inspiración federalista, a la reforma del Estado paquidérmico, bobo y diseñado para ser capturado por las corporaciones y por las prácticas corruptas.

Este déficit puede atribuirse, en mi opinión, a dos circunstancias. Una, casi inevitable, se refiere a las dificultades de aprendizaje que son propias del difícil arte de gobernar. La otra se relaciona con la decisión estratégica del gobierno de Macri de avanzar gradualmente en todos los frentes.

Aprender a gobernar

Es posible sostener, al menos para el caso de nuestro país, que los sucesivos elencos gobernantes necesitan un par de años para formular un diagnóstico acabado de los asuntos, definir prioridades y hacerse con los controles de todo el aparato del Estado. El primer bienio es también el plazo casi inevitable- para introducir rectificaciones a los planteos programáticos iniciales, generalmente sobrecargados de optimismo y de preocupaciones electoralistas. Así sucedió, por ejemplo, en los casos de los presidentes Raúl Alfonsín (que debió modificar sus primeras propuestas de reforma laboral y de política económica, lo que se tradujo en el reemplazo de los ministros Mucci y Grinspun), y Carlos Menem (que, tras abandonar sus proclamas iniciales, se vio pronto forzado en romper su pacto con Bunge y Born y sus compromisos de campaña con el tradicional aparato sindical de obediencia peronista para afrontar la emergencia con medidas que contradecían sus raíces ideológicas).

Ambas vacilaciones iniciales concluyeron en giros drásticos: tanto en el plano económico que desembocaron en el Plan Austral de Alfonsín y en Ley de Convertibilidad de Menem, como en el de las relaciones laborales (cuyas señas de identidad bien podrían encontrarse en el discurso de Parque Norte y en el Acuerdo Marco de 1995).

Cuando se desciende a las alternativas de cualquier gestión ministerial, los precedentes cercanos indican que hacen falta, también, dos años para que el titular de una cartera tome el control de su departamento y pueda lograr se aprueben las leyes y decretos que estima necesarios para cumplir con su programa (esto, claro esta, en el caso de que lo tuviera).

Si, por vía de hipótesis, trasladáramos estas reglas no escritas al actual gobierno, habría que suponer que se acerca el crucial momento en el que las políticas económicas y laborales tomarán un rumbo más definido.

La reciente adecuación de medidas monetarias, financieras, fiscales y económicas (por un lado) y el probable y a mi juicio positivo- retiro del proyecto de ley de reforma laboral presentado el pasado mes de octubre, estarían indicando que al gobierno del presidente Macri ha llegado a su madurez.

A vueltas con el gradualismo

Puede que, como sostienen sus defensores, la decisión de marchar dando pasos lentos, muy medidos y largamente meditados, sea un resultado de la debilidad parlamentaria del gobierno y de los imperativos de una situación social que no soporta tratamientos de choque. Pero esta prudencia -saludable en los ámbitos donde se deciden repartos de rentas, de cargas y de beneficios-, pierde todo sentido en el terreno de las reformas estructurales que, entre otros objetivos, debieran apuntar a extender la república constitucional y federal, reformar el Estado, y construir una logística consistente con las necesidades de competitividad de nuestra producción genuina y de nuestras economías regionales. Admitamos que, tomando en cuenta anteriores experiencias de reformas apresuradas y drásticas, el actual estado de nuestras cuentas públicas y la flexibilidad que otorga la existencia de márgenes monetarios, es razonable avanzar gradualmente. Pero esta prudencia no encuentra motivos cuando se trata de desburocratizar trámites, de hacer cumplir las reglas a los concesionarios de servicios públicos, o de generalizar el uso pleno de las nuevas tecnologías. ¿Qué argumentos hay para seguir condenando a ciudadanos, vecinos, consumidores, y emprendedores a la lentitud de una burocracia administrativa y judicial discrecional y cara? ¿Qué motivos legítimos hay para seguir tolerando la crisis de las dos más grandes empresas de correo, condenándonos a servicios lentísimos e inusitadamente caros? ¿Por qué mantener restricciones a la importación por sus usuarios directos de bienes tecnológicos que no se fabrican en la Argentina?

Sin embargo, cuando este texto se compara con el DNU 2284/91, firmado por el presidente Menem, se advierten las limitaciones de la norma más reciente. Mientras que el decreto de 1991, más allá de sus contenidos (muchos de ellos impracticables hoy en día) revela un exhaustivo conocimiento de las reglas que trababan la producción o resultaban incompatibles con el modelo de convertibilidad, el decreto de 2018 avanza pero dejando al margen atrasos y cargas burocráticas sencillamente insoportables.

 

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