Según las últimas estadísticas oficiales, publicadas por el Servicio Penitenciario Federal el 21 de enero, el 63 por ciento de las personas que se encuentran alojadas en cárceles provinciales federales están procesadas, sin condena firme. La población penitenciaria de Salta se distribuye en tres unidades que alojan a 639 personas involucradas con delitos federales.
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Según las últimas estadísticas oficiales, publicadas por el Servicio Penitenciario Federal el 21 de enero, el 63 por ciento de las personas que se encuentran alojadas en cárceles provinciales federales están procesadas, sin condena firme. La población penitenciaria de Salta se distribuye en tres unidades que alojan a 639 personas involucradas con delitos federales.
Consultado sobre los motivos de esta situación, el fiscal federal Ricardo Toranzos explicó a El Tribuno que influyen varios factores. El fiscal remarcó que el sistema procesal actual es "antiguo, lento e injusto con el imputado", ya que se tarda mucho para llevar a juicio a un procesado y el tiempo de instrucción de una investigación no tiene plazos perentorios para los jueces.
"En segundo lugar, muchos tienen condena en el Tribunal Oral, pero se encuentran apeladas en un trámite engorroso y eterno, primero ante la Cámara de Casación Penal, única para todo el país y con asiento en Buenos Aires, o ante la Corte Suprema de Justicia Nacional. Mientras la sentencia no está firme o ratificada se considera al interno solo procesado", recalcó Ricardo Toranzos.
Otra razón por la que se demora la definición de la situación legal de los presos es la utilización exagerada del sistema recursivo por parte de la defensa. "Esto hace que algunas cuestiones se verifiquen varias veces en el proceso, por tribunales diferentes", especificó el fiscal federal. Y agregó: "La falta de tribunales para que haya un juzgamiento inmediato es otro motivo. Cuando culmina la instrucción, los imputados pueden esperar seis meses para tener fecha de juicio, porque el calendario se encuentra completo. Ahora la situación se mejoró con el Tribunal Oral Federal 2".
Tráfico de estupefacientes
Hasta diciembre de 2016, según datos del Sistema Nacional de Estadísticas Sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), el 84% de los presos de Salta estaban privados de la libertad por infracciones a la Ley 23.737, de comercialización o producción de estupefacientes.
"La pena mínima, alta en los delitos de narcotráfico, hace que todos estén detenidos durante el proceso hasta el momento del juicio. A veces para una "mula" cuatro años (que es el mínimo) de cárcel es mucho", expresó Ricardo Toranzos.
Uno de los problemas más urgentes es que hoy en día la ley permite un máximo de dos años de prisión preventiva, que puede ser prorrogable por un año más, pero solo en causas complejas.
Procesos más rápidos
Ricardo Toranzos explicó que los juicios en casos federales son orales y rápidos, salvo que la causa sea compleja, es por eso que la traba está en la etapa previa. "Lo que se pretende es que la instrucción la lleven los fiscales y cuando tengan las pruebas la lleven a juicio directamente, con ello se ahorra mucho tiempo", remarcó el fiscal federal.
Ricardo Toranzos comentó que este año va a cambiar al sistema acusatorio lo que significaría una posible solución. "En nuestro país, en el orden federal, se aplicaría el sistema acusatorio este año y se programa empezar con las provincias de Salta y Jujuy, y su inicio será en los próximos meses", afirmó Toranzos; quien aclaró que en el orden provincial el sistema acusatorio se aplica desde hace varios años.
El nuevo sistema acusatorio fue una iniciativa presentada ante el Congreso y mantiene la prioridad de la Ley 27.063, sancionada en 2014, de implementar el sistema adversarial o acusatorio. Este sistema se caracteriza por una distinción de tareas que asegura un proceso más equilibrado y diferencia claramente la función de conducir la investigación (fiscal), de la función de juzgar (juez).
Provinciales
En el Servicio Penitenciario de Salta, que aloja a internos acusados de delitos provinciales, la situación es similar. Según los últimos datos del SNEEP del 2016, de los 2.774 presos alojados en las distintas cárceles provinciales, 1.867 (67%) tenían condena, mientras que 884 (32%), se encontraban procesados.
La mayoría de los reclusos albergados en las penitenciarías provinciales están encarcelados en el penal de Villa Las Rosas. Esta cárcel alberga 1.193 presos, de los cuales 1.031 están con condena y 139 procesados (ver gráfico).
La cantidad total de presos en el Sistema Penitenciario Federal es de 639. El 74% de los prisioneros están recluidos en el Centro Penitenciario Federal NOA CPFIII, que es la cárcel federal con más capacidad dentro del territorio provincial, donde hay un total 474 alojados, de los cuales 291 (61,39%) están procesados y 183 (38,61%) condenados.
En el Instituto Penitenciario Federal Salta U16 hay 143 personas, de las cuales 92 (64,34%) están procesadas y 51 (35,66%) condenadas. Por último, la cárcel federal Salta U23, tenía 22 a presos, de los cuales 18 ( un 81,82%) están procesados y solo 4 (18,18%) con una condena firme.
Datos sobre las cárceles provinciales
Según el informe anual del Sneep 2016, en todo el Servicio Penitenciario Provincial había alojados 2.774 presos, de los cuales 1.867 tenían condena firme y 884 continuaban procesados. El rango de edad que más presencia tiene en las cárceles de Salta es el que va de los 25 a 34 años, con 1.021 reclusos. Del total de las personas encarceladas, el 95% son de género masculino y el 99% son de nacionalidad argentina. Dentro del 1% restante, la procedencia que más presencia tiene es la boliviana, con 30 presidiarios.
El 98% de los presos tuvieron como último lugar de residencia la provincia. En cuanto a la educación, solo el 3% tiene formación universitaria o terciaria y el 10% terminó el secundario. Solo el 3% de los reclusos tenía una profesión al momento de ser encarcelado, mientras que el 77% tenía algún oficio para subsistir y el 20% restante no tenía ni oficio ni profesión.