Empezó desde cero la redacción de una sentencia, corrigió línea por línea más de diez veces una resolución; estudió y analizó casos complejos y se encargó de la logística de algunas audiencias. El joven salteño Agustín Ulivarri estuvo cuatro meses en San José de Costa Rica, por una pasantía en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aunque parezca breve, esa experiencia le dejó enseñanzas y amplió su mirada sobre su compromiso: defender los derechos humanos.
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Empezó desde cero la redacción de una sentencia, corrigió línea por línea más de diez veces una resolución; estudió y analizó casos complejos y se encargó de la logística de algunas audiencias. El joven salteño Agustín Ulivarri estuvo cuatro meses en San José de Costa Rica, por una pasantía en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aunque parezca breve, esa experiencia le dejó enseñanzas y amplió su mirada sobre su compromiso: defender los derechos humanos.
Agustín (23 años) volvió a Salta hace unas semanas y compartió con El Tribuno este paso importante para su carrera. El joven estudia Derecho en la Universidad Católica y trabaja desde hace dos años como relator en la Secretaría Penal que depende de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.
Un concepto que le quedó bien en claro sobre lo que requiere la Corte Interamericana a los países es la “debida diligencia estricta” en la investigación.
Contó que a la Corte llegaron causas por violencia de género, las más conocidas en ese ámbito provinieron desde Guatemala. Recordó la causa de la adolescente guatemalteca María Isabel Veliz Franco. En 2001, cuando tenía 15 años, fue abusada, torturada y asesinada. La Corte Interamericana consideró que no hubo una investigación adecuada.
“La Corte dice que en estos casos, en los que hay una mujer o niña en peligro, el Estado tiene que actuar velozmente. Se llama debida diligencia estricta, es un estándar más alto; es lo que se está exigiendo”, remarcó Ulivarri.
Como otro caso de violencia de género mencionó el de Claudina Velásquez Paiz, quien apareció muerta el día posterior a su desaparición en 2005, con secuelas de haber sido atacada salvajemente. La Corte también apuntó contra Guatemala por falencias en la investigación.
“Esas son las dos últimas causas graves en materia de género”, indicó el joven salteño.
Ulivarri consideró que su pasantía en la Corte Interamericana le dio más apertura académica y cultural. “Tuve compañeros de todo el mundo, no solo de América, también había personas de Italia y Australia, quienes fueron para ver nuestro sistema. Europa tiene otro sistema, que no es tan bueno, y Africa está en pañales”, afirmó.
Una de las tareas que le demandó mucho cuidado fue la corrección de las sentencias. “Es muy meticulosa, línea por línea. Son sentencias muy grandes y ya no hay un recurso de apelación, Prácticamente tienen que ser perfectas”, añadió. Además, tuvo que hacer tareas de prensa y seguimiento en los medios sobre las repercusiones de las resoluciones de la Corte Interamericana.
“Fueron cuatro meses y medio intensos, de mucho trabajo, tanto en causas como en otras actividades más relacionadas con lo social, como las tareas diplomáticas y protocolares”, comentó.
Los casos
En la Corte, Ulivarri fue asignado a tres temas. Actuó en una causa contra Costa Rica sobre el derecho al recurso. “Eran imputados y condenados que en sus tribunales no habían tenido la oportunidad de que les revisaran las condenas. La Corte tuvo que interpretar si se les había agotado correctamente las instancias. Concluyeron que no se habían violado sus derechos”, relató.
El caso más acuciante que tuvo fue el de la desaparición del sindicalista guatemalteco Alexander Yovany Gómez Virula, que data de 1995.
Sus familiares, 23 años después, aún claman justicia. Mientras el joven salteño estuvo como pasante en la Corte Interamericana se desarrolló una audiencia en El Salvador, no en Guatemala.
“Tuve la oportunidad de estar con los padres del joven que apareció muerto en el 95. Uno ve cómo demora el sistema de derechos humanos”, remarcó Ulivarri.
Relató que en ese época había persecución contra sindicalistas y violencia política. “Es muy complejo reconstruir lo que pasó desde el año 95. En ese momento la policía respondió lentamente. Se trata de reconstruir con expedientes, medios y cartas”, describió.
Los padres del sindicalista apuntan contra el Estado de Guatemala. “Pasaron más de 20 años y no hay imputados. Entonces ahí estaría la responsabilidad: en el deber de investigar del Estado. Aparentemente no se habría cumplido. Y esto es clave porque la Corte Interamericana se está poniendo muy rigurosa con esto de la debida diligencia a la hora de investigar”.
De su estadía en El Salvador, lamentó la pobreza extrema en la que viven las familias. “Es muy evidente que las instituciones no funcionan adecuadamente”, aseveró. Como anécdota, contó que el transporte público data de 1950.
Tras la experiencia que vivió, el joven salteño dijo a este medio que su compromiso con los derechos humanos se hizo más sólido y agradeció a sus compañeros y a las autoridades de la Justicia Federal.