Entender que la adicción a las sustancias prohibidas -paco, pasta base, combustibles que se inhalan- o permitidas como el alcohol son un gravísimo problema de salud que requiere el abordaje integral, es una de las premisas que se plantearon funcionarios del Ministerio Público Pupilar a cargo de la Dra. Mirta Lapad, quienes este martes se reunirán en un primer encuentro en la localidad de Juan Solá para armar una red de contención para niños y adolescentes víctimas de adicciones. En los últimos tiempos esa y otras localidades ubicadas a la vera de la ruta nacional 81 donde residen comunidades de la etnia wichí pero también familias de criollos fue noticia por la muerte de varios chicos, quienes luego de inhalar naftas, resultaron con graves quemaduras algunos de ellos hasta perder de la vida de la forma más terrible y dolorosa. El último caso se presentó semanas atrás y si bien no se trataba de un chico sino de un adulto con problemas de adicciones graves, volvió a poner en el tapete la preocupación por esta situación que afecta a las familias más pobres y vulnerables de esa alejada zona de la provincia de Salta .
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Entender que la adicción a las sustancias prohibidas -paco, pasta base, combustibles que se inhalan- o permitidas como el alcohol son un gravísimo problema de salud que requiere el abordaje integral, es una de las premisas que se plantearon funcionarios del Ministerio Público Pupilar a cargo de la Dra. Mirta Lapad, quienes este martes se reunirán en un primer encuentro en la localidad de Juan Solá para armar una red de contención para niños y adolescentes víctimas de adicciones. En los últimos tiempos esa y otras localidades ubicadas a la vera de la ruta nacional 81 donde residen comunidades de la etnia wichí pero también familias de criollos fue noticia por la muerte de varios chicos, quienes luego de inhalar naftas, resultaron con graves quemaduras algunos de ellos hasta perder de la vida de la forma más terrible y dolorosa. El último caso se presentó semanas atrás y si bien no se trataba de un chico sino de un adulto con problemas de adicciones graves, volvió a poner en el tapete la preocupación por esta situación que afecta a las familias más pobres y vulnerables de esa alejada zona de la provincia de Salta .
María Eugenia Hernández Berni, asesora de menores del Distrito Judicial Tartagal explicó que "el ministerio público tomó conocimiento de la situación, y de la preocupación de los pobladores de Morillo; los más afectados por esa problemática son los chicos que pertenecen a familias de muy escasos recursos; para utilizar este tipo de elementos como el combustible no les requiere ni siquiera comprarlo porque con desconectar la manguera de un ciclomotor ya acceden a ese combustible".
Hernández Berni precisó que "la idea que impulsamos es constituírnos en la localidad de Juan Solá Morillo para determinar cuáles son las comunidades más afectadas y comenzar desde allí un trabajo que requiere del compromiso de muchos funcionarios pero también de los propios pobladores y de las familias de esa zona".
Lo que sí sabemos -agregó la funcionaria- es que las familias originarias no están preparadas para enfrentar esto que es un flagelo porque los supera totalmente. De hecho si ni los criollos o las familias de las ciudades pueden abordar este problema con éxito mucho más lo es para la gente de los pueblos originarios. Por eso queremos armar una red institucional que sume al Ministerio público fiscal pero también a otros organismos del estado como los ministerios de asuntos indígenas, de salud, de educación y de seguridad; es necesario articular este trabajo con el municipio y el Concejo Deliberante local porque es la única forma de abordar este problema que está previsto en la ley de salud mental pero que requiere un abordaje integral.
La asesora de menores agregó que "es una problemática tan compleja pero a la vez tan nueva en muchos sentidos que por ejemplo, no todos los docentes están preparados para poder detectar que están frente a un niño o un adolescente con un posible problemas de adicción. En general hay una tendencia a considerar que un adicto no es un enfermo y es precisamente en esa red de articulaciones donde queremos que se tome plena conciencia de que estamos frente a un problema de salud mental, no un delito".
El encuentro propuesto por el ministerio público pupilar a requerimiento de la Dra. Lapad está previsto para las primeras horas de la mañana del martes donde se reunirán los funcionarios de este ministerio y representantes de las áreas de salud, educación, seguridad, asuntos indígenas, municipio, Concejo Deliberante junto a los actores sociales locales.
"Desde el Ministerio público pupilar vamos avanzando en función de las necesidades que se presentan en la zona y quienes estamos en la articulación y coordinación de todo este proyecto es el doctor José Eduardo Cortez -defensor oficial de Embarcación y yo como asesora del distrito Tartagal para este trabajo. Lo que queremos es armar un programa progresivo que se iniciará con la detección de quienes son los afectados para trabajar en forma urgente con todos ellos; en los departamento Orán y San Martín contamos con dos centros de tratamiento de adicciones pero ambos están muy alejados de la zona de Morillo. Mi opinión particular que seguramente deberá ser materia de análisis es que se necesita que los equipos se trasladen hacia esa zona o que los organismos competentes tomen la decisión de que se instalen en forma definitiva. Básicamente necesitamos que se tome conciencia de que estamos frente a una enfermedad, a un problema de salud pero con la particularidad de que requiere un abordaje integral para tener algún margen de éxito en el trabajo".