El relanzamiento del Plan Belgrano, que convoca hoy en Salta al grueso del Gabinete nacional, se encontrará con una realidad provincial que, necesariamente, obliga a un primer examen de los dos años transcurridos.
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El relanzamiento del Plan Belgrano, que convoca hoy en Salta al grueso del Gabinete nacional, se encontrará con una realidad provincial que, necesariamente, obliga a un primer examen de los dos años transcurridos.
El Plan es, nadie duda, de matriz productivista. La producción escuchará (y preguntará) a los ministros poniendo foco en tres puntos esenciales, que por lo pronto se plantearon ayer en la reunión del Consejo Económico Social de Salta.
El primero y perentorio consiste en saber si existe la decisión (o no) de consolidar el proyecto agroindustrial de Salta. Hoy, las dos empresas privadas más importantes de ese sector se encuentran envueltas en alta conflictividad. Los ingenios San Isidro y San Martín del Tabacal sufren la consecuencia de la crisis azucarera, que es un capítulo salteño del deterioro de las economías regionales. Este es uno de los exámenes pendientes del actual gobierno: la crisis heredada no se ha revertido.
La otra cuestión es la de la soberanía ambiental. La Sociedad Rural, a través de Lucas Elizalde, y ProYungas, con Alejandro Brown, advirtieron al CES que las políticas ambientales que impulsa el ministro Sergio Bergman "se desentienden del desarrollo salteño, ignoran la realidad productiva y ambiental de la provincia y subordinan los intereses del Norte a la construcción de una falsa imagen conservacionista".
En la reunión del CES se reflejaron las inquietudes adelantadas por la Unión Industrial de Salta, que junto con el empresariado en general reclaman un nuevo ordenamiento territorial que permita un aprovechamiento racional y sustentable de los cinco millones de hectáreas paralizadas por el actual régimen y condenadas a la degradación del suelo que caracteriza a la economía de subsistencia.
El tercer aspecto, que inquieta a todos los rubros comerciales e industriales es la reforma tributaria, destinada teóricamente a disminuir la presión impositiva y que en Salta, como un boomerang, se convirtió en un impuestazo, que afecta a las pyme de toda la provincia.
Aunque no habrá ningún documento oficial, los empresarios que participen del encuentro tratarán de hacer llegar estas cuestiones ante representantes de un gobierno nacional que sigue generando expectativas por sus objetivos de desarrollo económico y federal. Más allá de las dificultades económicas heredadas, los empresarios razonan que las medidas centralistas, que ignoran las necesidades del interior (como la orden de reforestar 32 fincas legalmente incorporadas a la explotación económica) "avasallan la seguridad jurídica y congelan cualquier proyecto de inversión a cinco o diez años".
Agregan que "el desarrollo rural no se hace de un día para otro, ni a tientas" y quieren saber si "sigue firme la idea de ser supermercado del mundo".