Este año la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dejará de recaudar 6.991 millones de pesos por la exención del impuesto a las ganancias que pesa sobre la gran mayoría de los magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales.
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Este año la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dejará de recaudar 6.991 millones de pesos por la exención del impuesto a las ganancias que pesa sobre la gran mayoría de los magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales.
La cifra surge de un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia (ACIJ) sobre exenciones fiscales, próximo a publicarse. En los años 2016 y 2017 el Estado había dejado de recaudar 4.607 y 5.759 millones de pesos, respectivamente.
En el estudio de la ONG se califica al "privilegio" de los judiciales de "injusto" y se lo compara con programas de gobierno que se podrían financiar con ese dinero.
Así se señala: "Los 4.077 millones de pesos perdidos en 2015 superaron el valor asignado al seguro de desempleo o al programa de ayuda alimentaria que atiende a la población más vulnerable, con necesidades básicas insatisfechas. Ese importe también se podría haber destinado a aumentar el Plan Progresar".
La cifra que la AFIP no tendrá la oportunidad de retener este año equivale a 32 veces el presupuesto asignado para el Instituto de la Nacional de Mujeres (INAM) de 211.548.292 millones de pesos y duplica el asignado a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, de 3.773.645.537 millones de pesos, según surge del informe de ACIJ.
En el Ministerio de Justicia, aseguraron que su titular, Germán Garavano, es "uno de los impulsores de que los jueces paguen ganancias. Si la Corte Suprema hace un acordada sería mucho más sencillo. Es un gran avance que empiecen a pagar los que ingresan en 2017", consignaron.
Antiguo debate
El debate por la exención del impuesto a las ganancias de los judiciales no es nuevo. Ya en el año 1936 y a través de un fallo, la Corte Suprema consideró que los magistrados del Poder Judicial estaban exentos de aquel gravamen. Luego, la Ley 20.628, sancionada en 1973 y que actualmente regula el tributo, confirmó el privilegio en su texto.
En 1996, el Congreso derogó la exención para los judiciales y los legisladores, pero tres días después de que se publicó la norma, la Corte Suprema, por medio de una acordada, declaró inaplicable la derogación del beneficio para los integrantes del Poder Judicial.
"La intangibilidad de las compensaciones asignadas a los jueces por el ejercicio de sus funciones no constituye un privilegio sino una garantía establecida en la Constitución Nacional para asegurar la independencia del Poder Judicial", sostuvo el máximo tribunal.
Pero el año pasado los judiciales perdieron una parte de la batalla. El Congreso modificó la ley de impuesto a las ganancias y los legisladores incluyeron como ganancias de cuarta categoría a las provenientes de "los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017".
Carmen Ryan, coordinadora de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ACIJ, dijo que "lo que el Estado deja de cobrar está muy oculto. Las normas se sancionan una vez y después no se vuelven a publicar. La sociedad en general no sabe qué beneficios fiscales hay", agregó Ryan.