La posibilidad de que se legalice el aborto por medio del proyecto que analizará hoy el Congreso abrió un debate en la comunidad médica y el sistema de salud pública. La objeción de conciencia, incluida en la iniciativa que se discutirá hoy, habilita a los médicos a negarse a practicar un aborto. Diferentes asociaciones médicas, entre ellas el Colegio de Médicos de Salta, rechazaron la despenalización. Mientras, desde el Ministerio de Salud garantizan que se accederá a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de aprobarse, y advierten que la objeción de conciencia "tiene límites".
inicia sesión o regístrate.
La posibilidad de que se legalice el aborto por medio del proyecto que analizará hoy el Congreso abrió un debate en la comunidad médica y el sistema de salud pública. La objeción de conciencia, incluida en la iniciativa que se discutirá hoy, habilita a los médicos a negarse a practicar un aborto. Diferentes asociaciones médicas, entre ellas el Colegio de Médicos de Salta, rechazaron la despenalización. Mientras, desde el Ministerio de Salud garantizan que se accederá a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de aprobarse, y advierten que la objeción de conciencia "tiene límites".
La Academia Nacional de Medicina define la objeción de conciencia como "la dispensa de la obligación de asistencia que tiene el médico cuando un paciente le solicitara un procedimiento que él juzga inaceptable por razones éticas o científicas".
A raíz de la polémica que se generó en la sociedad, el proyecto de ley sufrió diferentes modificaciones. La primera versión surgió de 11 diferentes iniciativas que se habían presentado y no contemplaba la objeción de conciencia. Se la incluyó luego, junto a otras modificaciones.
Mónica Menini, representante en Salta de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, aclaró que el primer texto no consideraba esa herramienta jurídica porque "es una cuestión de salud que puede poner en riesgo la vida de una persona".
"Para lograr un consenso, lo modificaron", aseguró.
La propuesta que analizará hoy el Congreso, si bien establece que el o la profesional de la salud tendrían la obligación de garantizar el acceso a la práctica, hace una salvedad para aquellos que presentaran su objeción previamente "de manera individual y por escrito".
También hace hincapié en que, en caso de que la mujer requiera atención médica "inmediata e impostergable", la práctica deberá realizarse a pesar de la objeción.
El médico "objetor" deberá ser reemplazado por otro profesional, tal como sucede hasta ahora cuando se debe realizar un aborto no punible, permitido cuando el embarazo es producto de una violación o pone en riesgo la vida de la madre.
Médicos salteños, en contra
Ante la llegada del proyecto al Congreso Nacional, la Academia Nacional de Medicina se expresó en contra. Unos días después, el Colegio de Médicos de Salta siguió sus pasos y sentó una tajante posición a través de una solicitada. La institución rechazó la legalización del aborto y afirmó que no es una práctica "aceptada ni tolerada".
Además, destacó su "compromiso vocacional y profesional y disposición a colaborar" para la asistencia a la madre y su hijo "de manera que esté garantizada la salud de ambos".
Contrariamente a la organización que representa a los médicos de la provincia, Eduardo Valenti, presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires, se manifestó a favor del debate parlamentario.
Marisa Alvarez, subsecretaria de Medicina Social del Ministerio de Salud Pública de Salta, advirtió que en caso de legalizarse, será tomada como una práctica médica más, con lo cual implica los mismos derechos y obligaciones que cualquier otra intervención sanitaria.
Sobre la objeción de conciencia, aclaró que si bien los profesionales pueden hacer uso de este recurso, "tiene límites".
"El derecho del profesional no puede estar por encima del derecho que tiene un paciente que requiere una práctica médica. Y si se quedara en un ámbito de soledad, es decir solo con la mujer, y no hubiera otro profesional disponible, tiene la obligación de hacerlo", ejemplificó.
"En caso de incumplimiento de esta obligación tiene que responder a la demanda que se genere a partir de esa falla", agregó.
El proyecto establece la pena de prisión desde un mes hasta un año e inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena para la autoridad del establecimiento o profesional de la salud que "dilatare, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados". La pena se endurece con uno a tres años en caso de que la falta del funcionario público "genere perjuicio en la salud o la vida de la mujer".
Desde el Ministerio de Salud afirmaron que hasta el momento no hay un registro de objetores de conciencia. El proyecto establece que cada establecimiento debería tener uno.
Fuentes del Hospital Materno Infantil, el principal centro obstétrico y ginecológico de la provincia, indicaron que ya trabajan con un registro de objetores de conciencia. "Son datos que se manejan con total reserva, a los pacientes les garantizamos el acceso a las prácticas, institucionalmente nosotros somos órganos de aplicación", señalaron.
"El tema es que la objeción de conciencia no la puede imponer una institución médica. La objeción de conciencia es un derecho constitucional y personal, no institucional", advirtió el abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta.
Entre los mandatos, también se aclara que aquel profesional que se ajustara a la objeción de conciencia deberá realizarlo tanto en el ámbito público como privado. Laura Postiglione, presidenta del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres, dijo: "Durante una investigación que hicimos con el Observatorio durante el 2016 y 2017, identificamos que había objetores en el ámbito público pero no en el privado".
En el mismo sentido se manifestó la doctora María Lapasset, exreferente del gremio de la Salud, Apsades. "Hay doble moral, alegan que quieren objeción de conciencia y luego lo hacen por privado", señaló.
La excandidata a vicegobernadora también criticó la solicitada del Colegio de Médicos por considerarla, "poco representativa".
En las semanas de debate transcurridas, se planteó la posibilidad de que el profesional que realizara el aborto pueda ser demandado por terceros. Pero el proyecto aclara que ningún profesional que obre dentro de la ley "está sujeto a responsabilidad civil, penal o administrativa".