La noticia fue un baldazo de agua fría para la Casa Rosada: la Corte del Distrito Sur de Nueva York resolvió el martes que la demanda de un fondo buitre contra la Argentina por la nacionalización de YPF se continúe tramitando en ese país y no en los tribunales locales como pretendía el Gobierno.
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La noticia fue un baldazo de agua fría para la Casa Rosada: la Corte del Distrito Sur de Nueva York resolvió el martes que la demanda de un fondo buitre contra la Argentina por la nacionalización de YPF se continúe tramitando en ese país y no en los tribunales locales como pretendía el Gobierno.
Los nuevos fondos buitre que rondan sobre el país buscan obtener en la Justicia estadounidense una ganancia que podría ser superior al 6000 %. Con apenas una inversión de US$ 17 millones para comprar los derechos del juicio contra la Argentina, la firma Burford podría terminar levantando cerca de US$ 1200 millones. Como para comparar, los buitres que persiguieron al país hasta abril de 2016 obtuvieron una renta poco menor al 1000%.
La maniobra de Burford es una operatoria común de este tipo de fondos de inversión de riesgo. Compran a precio de remate un juicio y después buscan retornos elevadísimos litigando hasta el final en los tribunales de Estados Unidos. En este caso, el buitre en cuestión adquirió la mayor parte de los “derechos” de la demanda contra la Argentina y motorizó el proceso judicial ante la corte de la jueza Loretta Preska, que reemplazó al famoso Thomas Griesa luego de su jubilación.
El inicio del conflicto
La historia fue así: el juicio fue iniciado por dos compañías, Petersen Energía y Petersen Inversora, que habían adquirido el 25% de las acciones de YPF entre 2008 y 2011. Para afrontar esas compras, ambas firmas pidieron préstamos a bancos de inversión en Wall Street, a los que prometieron devolverles ese crédito con los dividendos que les brinde su parte en la compañía petrolera.
La expropiación realizada del 51% de las acciones de YPF por parte del Gobierno de Cristina Kirchner en 2012 vino acompañada por la decisión de no repartir más dividendos con los accionistas. Esto provocó que las dos firmas no pudieran devolver los préstamos y que cayeran en default, es decir, en la situación de deuda impaga.
En ese momento es que comienzan a sobrevolar los buitres. Cuando el valor de las dos compañías ya era bajo, el fondo Burford compró el 70% de los derechos del juicio que Petersen había iniciado en Nueva York. Por esa inversión tuvo que desembolsar apenas US$ 17 millones, según explicó en diálogo con Todo Noticias el analista de Research for Traders, Sebastián Maril, que sigue los pasos del proceso judicial en Estados Unidos.
De ese 70% adquirido en un principio, Burford vendió el 25% a otros fondos. Por esa transacción ganó US$ 106 millones, lo que implica un retorno de 1766%. En su último balance, Burford declaró que el 45% que le queda vale unos US$ 670 millones.
El último fallo judicial, incluso, podría aumentar el valor de sus tenencias. “Hay un mercado secundario enorme para este juicio, pero Burford ya anunció que no va a desprenderse de más porcentajes de su tenencia”, continuó Maril.
Con todo esto, un eventual fallo favorable firme en la Justicia estadounidense podría redundar en una ganancia total de entre US$ 1200 y 1300 millones, que es la suma que buscaría poder cobrar el fondo buitre. Esto significaría, en teoría, una ganancia promedio mayor a 6000% desde que comenzó su participación en el juicio.
Para dar una idea del volumen de la posible ganancia, este caso representa un porcentaje mucho mayor del que obtuvieron los fondos buitre que litigaron contra el país en los últimos años por el default de la deuda en 2001. Esos fondos lograron con el acuerdo firmado con el Gobierno nacional un retorno de hasta 1000%. Paul Singer, el magnate dueño de NML, el fondo buitre más agresivo, ganó c