Buscan saber si se usaron facturas "truchas"

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investiga si Fainser, la constructora del detenido expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Lascurain, sirvió de canal para generar "salidas no documentadas" de dinero que se destinaron al pago de sobornos en otras empresas, como Isolux, o para el lavado de activos.

Los sabuesos sospechan que Fainser, una empresa real, generó facturas falsas por decenas o acaso cientos de millones de pesos a favor del consorcio a cargo de la construcción de la usina termoeléctrica en Río Turbio, que le permitieron al presidente de Isolux, Juan Carlos de Goycoechea, burlar los controles de sus auditores externos y acumular dinero en efectivo para dárselo a Roberto Baratta, la mano derecha del exministro Julio De Vido .

Las sospechas de la AFIP sobre Lascurain y Fainser llegan más lejos. Por eso, emitieron un reporte de operación sospechosa (ROS) de lavado, por más de $400 millones, que el organismo tributario remitió a la Unidad de Información Financiera (UIF) en las últimas semanas.

Convertido en el primer empresario "arrepentido" en la investigación judicial por los cuadernos del ex chofer del Ministerio de Planificación, Oscar Centeno, De Goycoechea guarda silencio público en Córdoba.

Pero sus colaboradores negaron a La Nación que hayan recurrido a las facturas truchas. "Esto se negoció directo entre la gente de De Vido y la casa matriz de Isolux en España, que mandaba giros a cuevas financieras de la City porteña, que Juan Carlos tenía que retirar y entregar a Baratta", retrucaron.

La AFIP sospecha, sin embargo, que los ejecutivos de Isolux y de otras empresas que ahora integran el pelotón de "arrepentidos" recurrieron a una versión aggiornada de la operatoria del "caso Skanska".

Porque en aquella ocasión, las empresas utilizaron facturas truchas de sociedades fantasmas para sacar dinero de sus balances "dibujados" para poder sobonar.

Servicio dudoso con empresas reales

La AFIP, ahora investigará si empresas como Isolux recurrieron a servicios truchos de empresas reales. 

La primera por volumen de esas empresas reales que podrían haber emitido facturas truchas, según los sabuesos, podría ser Fainser, que como “proveedor” de la UTE a cargo de la usina de Río Turbio emitió 71 comprobantes, solo durante 2015, por un total de $384 millones.

La sospecha de los sabuesos permanece, por ahora, dentro de la órbita de la propia AFIP, a diferencia de lo ocurrido con otros proveedores de aquella obra que junto a Isolux ya integran una causa penal por facturas truchas que tramita ante el juez en lo Penal Económico, Diego García Berro. Entre ellos, Termipol (que facturó $ 209,7 millones solo durante 2015), Prosetec ($107,4 millones) y Juan Antonio Blua ($80,8 millones).

También declinó remitir las preguntas a un vocero o a su abogado. “Veremos qué publican”, replicó.

Mientras tanto, De Goycoechea comenzó a aparecer en los cuadernos de Centeno con múltiples pagos a Baratta por entre 1,2 millones y 6 millones de dólares, operatoria que el exmáximo ejecutivo de Isolux en la Argentina admitió ante la Justicia, aunque responsabilizó a la casa matriz en España y afirmó que los montos fueron mucho más bajos.

Lascurain, por su parte, fue detenido, excarcelado, procesado y embargado por $60 millones por otro juez, Luis Rodríguez, por su presunta participación delictiva en las obras vinculadas al Yacimiento Carbonífero Río Turbio. En su caso, por la fallida construcción de una ruta. Los problemas para Lascurain, sin embargo, se acumulan cada día más.

 

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Sección Editorial

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